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No, Lula ya no tiene más recursos para evitar la cárcel. Aunque algunos digan que el expresidente brasileño puede recurrir ante otro tribunal (justo el que le aumentó la condena de 9 a 12 años el pasado 24 de enero por corrupción pasiva, lavado de activos y tráfico de influencias), el periódico Folha de São Paulo lo explica así: “Lo que sigue es cuestión de trámite. La cárcel para el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva hoy es inevitable”.
Los líderes del Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula, informaron ayer que ya saben que la orden de detención está lista. El juez Sergio Moro, quien inició la investigación por el caso lava Jato, emitió la orden de detención. Y dijo que "en consideración de la dignidad del cargo que ocupó", le otorga la oportunidad de presentarse voluntariamente ante la Policía Federal de Curitiba antes de este viernes. Prohibió, además, "la utilización de esposas en cualquier hipótesis".
Ver más: Juez emite orden de detención contra Lula
Pero Lula no estaría mucho tras las rejas, gracias al mismo Tribunal Supremo (STF) que el miércoles en la noche determinó (por cinco votos a favor y seis en contra) que el líder brasileño no podía esquivar más una celda, porque “la presunción de inocencia no puede llevar a la impunidad”, según explicó Cármen Lúcia Antunes, presidenta de la máxima corte del país y quien terminó inclinando la votación en contra de la libertad del político.
Un paso fugaz por la cárcel
De acuerdo con expertos abogados brasileños, el voto de la jueza Rosa Weber, que se declaró contraria a la prisión para condenados en segunda instancia, pero que respaldó el voto de sus colegas para dejar a Lula da Silva al borde de la prisión, planteó una situación inesperada que los abogados de éste no dejaron pasar. Horas después del fallo adverso contra su cliente, presentaron un recurso para pedir que el Tribunal aborde la constitucionalidad del encarcelamiento de condenados sin sentencia firme.De este modo, la Corte debería entrar a debatir el asunto y Weber se alinearía con quienes prohíben la prisión en este caso. En su exposición de motivos, Weber dijo que, desde lo “personal”, respaldaba la tesis de la defensa de Lula, pero que por su “respeto al colegiado” y por la decisión adoptada en 2016 por la corte no podía más que rechazar el recurso. Sin embargo dijo que podría revisar su voto si en un futuro se analizara el tema desde la óptica de una “repercusión general”, que beneficiaría a todos los condenados en la misma situación de Lula.
Ver más: Lula, a un paso de la prisión
Hace un par de meses, organizaciones de la sociedad civil afines a Lula pidieron al Supremo que revisara la validez de la prisión tras la segunda instancia con carácter general, pero la presidenta de la corte, Antunes, hasta el momento no ha pautado la discusión. En medio del acalorado debate del habeas corpus de Lula, los magistrados Marco Aurelio Mello y Ricardo Lewandowski, que votaron por aceptar el recurso, recriminaron a Antunes por esa “omisión” y afirmaron que el resultado sería otro si el tema se hubiera tratado en forma general y no en el caso específico del exmandatario.
Cuando concluyó la sesión, Mello aseguró que la decisión adoptada era “temporal”, porque el tema “será planteado nuevamente”, así sea cuando acabe el período de Antunes en la presidencia del tribunal, en septiembre próximo. De ese modo, analistas jurídicos consideran que la decisión que mantiene la segunda instancia como el límite para un encarcelamiento sería derrumbada si prosperan las presiones contra Antunes o una vez Toffoli asuma la presidencia de la corte.
Uno de los principales obstáculos para esa posible revisión es la fiscal general, Raquel Dodge, quien ha anticipado un firme rechazo a una alteración de las normas actuales. Dodge declaró esta semana que la decisión de 2016 “acabó con la sensación de impunidad y con el descrédito de la justicia, toda vez que impide las exageraciones revisoras que aniquilan el sistema” judicial, pues muchas veces favorecen la prescripción y amparan así a los corruptos, que llegan a pasar décadas apelando una sentencia.
Efectos de Lula libre
Lula recuperaría su libertad y saldría de prisión con más respaldo del que tenía antes del fallo. Según las encuestas, Lula rondaba el 37 % de apoyo, más que cualquier otro de los que aspiran a disputar la Presidencia en las elecciones del 7 de octubre. Falta que Antunes convoque el debate, pero la presión es tan grande que la prensa brasileña pronostica que sería en cuestión de semanas. El problema de este debate es que no sólo beneficiaría a Lula sino también a otros 77 políticos y empresarios ya en prisión por su participación en las redes de corrupción descubiertas a partir de Petrobras; sólo volverían a la cárcel una vez agotados todos los amparos.Ver más: Así reaccionó el mundo ante la orden de prisión a Lula
Entonces, ¿a quién beneficia la prisión de Lula? Al mismo Lula, según analistas. Por eso está “sereno” y con la “conciencia de los inocentes”, en palabras de la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, quien se reunió este jueves con el exmandatario en São Paulo. Con un respaldo del 30 % en las encuestas, analistas dicen que Lula será, aun tras las rejas, definitivo en las elecciones de octubre: apadrinará un candidato, que tendría alto respaldo en las urnas.
Porque, aunque Lula salga de prisión, no puede inscribir su candidatura. Según la ley electoral de Brasil, las inscripciones de candidatos serán en los meses de julio y agosto, y aunque Lula esté libre, una ley aprobada durante su gobierno lo dejaría fuera de la contienda. Se trata de la “ficha limpia”, que prohíbe que una persona condenada en segunda instancia pueda aspirar a un cargo de elección popular.
El presidente conservador Michel Temer y muchos de sus aliados deberán evaluar si lo que ocurrió los librará sobre todo de un rival político de talla o más bien los dejará más expuestos a los fiscales y jueces de la operación Lava Jato. El PSDB del exmandatario Fernando Henrique Cardoso, que perdió las últimas cuatro elecciones que disputó contra el PT, emitió un comunicado: “El expresidente no está por encima de la ley, sino al alcance de ella, como todos los brasileños. Una decisión en sentido contrario frustraría a la sociedad y sería un retroceso en el combate a la impunidad”.
Los analistas anticipan los comicios más inciertos desde la vuelta de la democracia en Brasil en 1985. El presidente Michel Temer y su ministro de Finanzas, Henrique Meirelles, ya hablan de presentar sus candidaturas. El primero apenas tiene el 6 % de respaldo y el segundo el 1 %. Pero estar en el Gobierno sería una ventaja para que el actual mandatario maneje la campaña presidencial.
El electorado brasileño está molesto con los partidos tradicionales, cuyas principales figuras están acusadas de corrupción. Podrían optar por una tercera opción, pero en Brasil nadie puede ganar sin el apoyo de la maquinaria política. Lula, consciente de sus impedimentos, ya tendría un plan B: Ciro Gomes, un outsider de izquierda, respetado pero duro crítico del PT. No va a cargar con el lastre.
Por el lado de la extrema derecha aparece Jair Bolsonario, exmilitar que ha logrado agrupar la rabia popular contra la clase política. Se ha pronunciado a favor de la mano dura contra la delincuencia. Su frase de cabecera, “el mejor bandido es un bandido muerto”, despierta preocupación, pero también respaldo popular. Su problema, no tiene partido ni dinero. Entonces, ¿Brasil es prisionero de sus políticos?