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La situación legal del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, se complicó este martes, tras dictarse una orden de prisión preventiva en su contra por su presunta participación en el secuestro del congresista de la oposición Fernando Balda, ocurrida en Bogotá, el 5 de julio de 2012.
La jueza Daniela Camacho de la Corte Nacional, que está a cargo del caso, dispuso el pasado 18 de junio que el exmandatario debía comparecer ante un juez, en Quito, cada 15 días, mientras avanzaban las investigaciones en su contra. Sin embargo, Correa hizo caso omiso a la decisión de la Camacho y no asistió a la primera audiencia, que estaba programada para el lunes 3 de julio.
Ante el incumplimiento por parte del expresidente, la Fiscalía ecuatoriana solicitó endurecer la medida cautelar en contra de Correa. El día de ayer, la Corte Nacional de Ecuador emitió una orden de prisión preventiva en su contra y solicitó la circular roja ante la Interpol, para presionar su captura y obligar su extradición. El secuestro ha sido tipificado por las autoridades ecuatorianas como un “crimen de Estado”, ya que fue ejecutado por funcionarios y con dinero públicos.
El exmandatario ecuatoriano, que actualmente está radicado en Bruselas, Bélgica, acudió ante el consulado ecuatoriano en esa ciudad para “cumplir la medida cautelar”, según dijo en su cuenta de Twitter y allí se refirió a la orden de captura emitida en su país, a la que calificó de ser “un complot” en su contra, orquestado por Fernando Balda, el fiscal general Paúl Pérez Reina y el presidente Lenín Moreno.
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“Me vinculan a un caso sin tener ninguna prueba, en base al testimonio de un policía que pasó siete horas el día anterior con el fiscal aprendiéndose la lección, diciendo que el presidente lo ha llamado para pedirle que secuestre a Balda”, se defendió el exmandatario de Ecuador, que mantiene un pulso político con el actual presidente Moreno.
De acuerdo con la defensa de Correa, la circular roja de Interpol “no va a tener ningún éxito”. Los abogados citan el artículo 3 de la Organización de Cooperación Policial Internacional, en el que señalan que “está rigurosamente prohibida, a la Interpol, toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial”. Dice Correa que un caso “más político que esto no hay”.
Sin embargo, en caso de que la orden de captura llegara a prosperar, Correa no descarta pedir asilo en Bélgica, donde, según él, “jamás se daría trámite a una barbaridad así”, refiriéndose a su extradición.
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Además, según su abogado en Bruselas, Christophe Marchand, la decisión de la jueza ecuatoriana estaba ya de por sí viciada, pues es de común conocimiento que Correa vive en Bélgica y que era “más que obvio” que el expresidente no podría asistir a ninguna de las audiencias programadas por la justicia ecuatoriana.
“Eso significa que, al final, no quería que la cumpliera”, dijo el abogado Marchand, en declaraciones dadas a la agencia EFE.
El secuestro de Balda
El caso que tiene a Correa contra las cuerdas en su país se dio a más de 1.000 kilómetros de Quito, exactamente en la ciudad de Bogotá, cuando Rafael Correa era todavía el presidente de Ecuador.En medio de su enconada lucha con su sucesor y exaliado Lenín Moreno, Correa quedó en la mira de la justicia debido a una demanda de Balda, quien lo acusa de ordenar su secuestro, cuando estaba refugiado en Bogotá, en 2012.
Aunque cinco personas alcanzaron a subirlo a la fuerza en un automóvil, la policía colombiana interceptó el vehículo y logró la inmediata liberación del parlamentario.
Poco después, Balda fue expulsado de Colombia, por pedido de Quito, para que respondiera por varios delitos. El adversario del exmandatario estuvo en la cárcel más de dos años por injurias y atentar contra la seguridad del Estado.
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Por el caso del secuestro ya están detenidos tres agentes de inteligencia y un excomandante de la Policía, mientras que pesa una orden de prisión sobre un exjefe de la Secretaría Nacional de Inteligencia, que está en España, y cuya extradición también fue pedida por Ecuador.
“Tiene que haber justicia para todos los crímenes de Estado que se cometieron, no para uno solo”, reclamó este martes el exasambleísta que ya consta formalmente como víctima en el proceso en contra del exmandatario.
Rafael Correa indicó que apeló la decisión de la justicia, aunque sin esperanza y con el objetivo de “poder ir a tribunales internacionales”. Para ser procesado en el caso Balda, el exmandatario debería estar en Ecuador, por tratarse de un delito por el que la ley ecuatoriana impide el juzgamiento en ausencia; si bien descartó viajar por la situación en el país, donde no hay “garantías”, consideró ese escenario “casi un suicidio”.