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Es de máxima urgencia que la comunidad internacional dé su atención al caso de Sultana y de otros activistas saharauis, y que responsabilice a Marruecos por sus graves violaciones al derecho internacional, a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
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En pleno siglo XXI, el Sahara Occidental es la última de las colonias de África, gracias a la corresponsabilidad de España, Mauritania y Marruecos, teniendo como víctima histórica al Pueblo saharaui.
Un ataque de marruecos a la región denominada Guerguerat, ubicada en el sur del Sahara Ocidental, en noviembre de 2020, rompió el cese al fuego firmado entre Marruecos y el Frente Polisario, en 1991.
Ante la actuación limitada de la Organización de las Naciones Unidas, el rol de Marruecos, Mauritania, España y una Comunidad Internacional con un silencio cómplice, el pueblo saharaui declaró “estado de guerra” y regresó a la lucha armada después de casi 30 años.
En medio del dolor colectivo, de la prepotencia del Reino de Marruecos, respaldado por el acuerdo de Madrid de 1975, los sucesivos incumplimientos de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y la ausencia del prometido plebiscito, el pueblo saharaui resiste. Sin embargo, la ausencia de derechos humanos se hace cada vez más evidente en esta parte del mundo.
El 13 de mayo, el abogado internacional Jared Genser, especializado en Derechos Humanos, se unió al equipo legal internacional que representa a Sultana Khaya, defensora saharaui de derechos humanos y del derecho de la autodeterminación en el Sahara Occidental. Genser denunció que tanto Khaya como miembros de su familia han padecido “acoso, agresiones y tortura”. En 2007, durante una manifestación pacífica, bajo el brutal maltrato de los policías marroquíes, perdió su ojo derecho.
Desde noviembre de 2020, Khaya tiene su casa vigilada por fuerzas de seguridad marroquíes y vive una prisión domiciliaria sin justificación legal.
“Las fuerzas marroquíes han allanado la casa de Khaya sin orden judicial y le han agredido físicamente, la han hostigado junto a otras personas que se encontraban en el interior del domicilio, han arrojado sustancias nocivas en el interior de la casa, han cortado la electricidad, la han amenazado de muerte y le han negado acceso a asistencia médica para tratar las lesiones que le han provocado”.
Ante los hechos, se puede afirmar que, infortunadamente, un estado saharaui independiente no está contemplado entre las opciones para resolver el conflicto. La no autodeterminación del pueblo saharaui y la inexistencia de un Estado saharaui independiente han desafiado los principios del derecho internacional, sin consultar el pueblo saharaui, representado por el frente Polisario. A lo largo de los años, se irrespetó más de 100 resoluciones que exigen la descolonización de Marruecos. Según el Tribunal de la Haya, no habría ningún tipo de impedimento para que el Pueblo Saharaui obtenga su autodeterminación.
Mientras tanto, Marruecos explota los recursos naturales del Sahara Occidental y de una forma inaudita los incluye en sus acuerdos comerciales. En 1962, se encontró un importante yacimiento de fosfato, lo que despertó más interés por las tierras saharauis. Desde entonces, el fosfato proveniente del Sahara Occidental llega a varias partes del mundo. La pregunta es: ¿Como se puede vender los derechos de un pueblo a una simple potencia administradora como Marruecos?
Un conflicto detenido en el tiempo y en el espacio, cuyo símbolo más doloroso es el Muro erguido por Marruecos con el objetivo de lograr un mayor control en el territorio ocupado.
¿Hasta cuándo vamos a ser conniventes con ese silencio cómplice que sostiene al Sahara Occidental como la última de las colonias de África?
Es de máxima urgencia que la comunidad internacional dé su atención al caso de Sultana y de otros activistas saharauis, y que responsabilice a Marruecos por sus graves violaciones al derecho internacional, a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.