El ejército les disputa a los yihadistas el control de Marawi

Salario y casas para combatir al Estado Islámico en Filipinas

El presidente Duterte, conocido por su letal guerra contra las drogas, se enfrenta ahora al autoproclamado califato. Desde 2016, la organización responsable de los atentados en Mánchester ha estado detrás de varios ataques terroristas en países del sudeste asiático.

Militares filipinos avanzan por las calles de Marawi, asediada desde hace días por yihadistas. / AFP

Desde la tarde del 24 de mayo, las calles de Marawi, la capital de la provincia de Lanao del Sur en Filipinas, vieron la llegada de hombres enmascarados y con rifles de asalto. Las banderas del autoproclamado Estado Islámico (EI) fueron izadas en varios puntos de la ciudad, mientras en el interior de una larga fila de carros, los habitantes de la ciudad que intentaban huir empezaron a ver la llegada de tanques y tropas del ejército filipino.

Luego de varios días de combate, se estima que al menos 19 civiles habrían muerto a manos de los yihadistas, varios de ellos ejecutados por ser incapaces de recitar versos del Corán. Entretanto, el saldo de combatientes islamistas habría superado los 60 y se estima que siga aumentando a medida que el ejército filipino trata de retomar el control de Marawi calle por calle.

Los enfrentamientos habrían empezado después de que operaciones militares dejaran acorralado a Isnilon Totoni Hapilon, líder del grupo yihadista Abu Sayyaf y la cabeza del Estado Islámico en Filipinas desde 2014. Hapilon habría solicitado la ayuda de las tropas del Maute, otro grupo yihadista fiel al Estado Islámico, que respondió enviando cientos de combatientes a la ciudad.

Para entender cómo Hapilon se convirtió en el emir del EI en Filipinas hay que retroceder hasta 2001. Trece años antes de jurarle lealtad a Abu Bakr al Baghdadi, jefe del Estado Islámico, Hapilon se convirtió en uno de los hombres más buscados del mundo cuando participó en el secuestro de 20 personas, entre las cuales había varios ciudadanos estadounidenses que más tarde serían decapitados.

En los afiches con los que el FBI ofrece una recompensa de US$5 millones por información sobre el paradero de Hapilon se puede leer que nació hace 51 años, que además del inglés habla tres idiomas filipinos y que viene de Lanao del Sur, una de las provincias que componen la región autónoma del Mindanao musulmán.

Este hombre delgado y con un poco más de metro sesenta de estatura estudió ingeniería antes de unirse al Frente de Liberación Moro, un grupo separatista que dejó para entrar al Abu Sayyaf, otra organización de corte yihadista con la cual realizó los secuestros que lo pusieron en la mira de EE. UU. en 2001 y con la que juró fidelidad al Estado Islámico en 2014.

La toma de Marawi no es el primer ataque de grupos yihadistas relacionados con el EI en el sudeste asiático. En septiembre de 2016, el grupo yihadista dirigido por Hapilon activó una bomba que dejó 14 muertos en la ciudad filipina de Davao. Ese mismo año, cuatro personas murieron en el centro de Yakarta en atentados atribuidos a ciudadanos indonesios que habrían peleado junto a tropas del EI en Siria e Irak. De manera semejante, las autoridades de Malasia le atribuyen a combatientes del Estado Islámico el ataque con granada dirigido a los asistentes a una discoteca en Kuala Lumpur.

El presidente filipino, Rodrigo Duterte, es oriundo de la región que se encuentra bajo el asedio de los yihadistas. Siguiendo el corte de sus polémicas declaraciones, que van desde insultos al papa y al presidente estadounidense Barack Obama, hasta amenazar con la muerte tanto a drogadictos como a traficantes, el mandatario les ofreció sueldo y vivienda a todos los miembros de grupos separatistas y de guerrillas maoístas que se unan al Gobierno para derrotar a las fuerzas fieles al Estado Islámico.

La oferta se da en el marco de la ley marcial declarada hace un año en la región de Mindanao para otorgarles a las fuerzas de seguridad la facultad de realizar arrestos, registros y detenciones sin ninguna clase de trabas burocráticas. Duterte quiere extender la medida a todo el país y por más tiempo, lo que ha prendido las alarmas de las organizaciones protectoras de derechos humanos, en parte preocupadas por las declaraciones del mandatario: “Para esta ley marcial, sus consecuencias y sus ramificaciones, yo y sólo yo seré responsable. Simplemente hagan su trabajo. Yo manejaré el resto. (…) Seré encarcelado por ustedes. Si violan a tres (mujeres), diré que lo hice yo”, les dijo a sus fuerzas de seguridad.

La ley marcial también preocupa por los antecedentes del presidente filipino. Desde que declaró la guerra contra las drogas, organizaciones de derechos humanos calculan que al menos 7.000 personas acusadas de ser traficantes o consumidoras han sido asesinadas en hechos en los que, por acción o por omisión, estarían vinculados miembros de las fuerzas de seguridad del Gobierno.

Según expertos del Carnegie Council, países del sudeste asiático con población musulmana (como Filipinas, Malasia, Indonesia y Singapur) habrían contribuido con al menos mil combatientes a las tropas del EI en Oriente Medio. La presión que atraviesa el Estado Islámico en Siria e Irak hace pensar que sus operaciones en el sudeste asiático pueden volverse cada vez más importantes, lo que, en el caso filipino, podría significar estar cada vez más cerca de una grave crisis humanitaria.

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