¿Se acabó la luna de miel de Justin Trudeau con los canadienses?

El mandatario canadiense Justin Trudeau, reconocido por su carisma y políticas liberales, se encuentra en el ojo del huracán por presuntamente haber querido interferir en un proceso penal contra una firma canadiense. Su aprobación comienza a caer y poco a poco le cede terreno a la oposición.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau (derecha), junto con la exministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould.AFP

Una tormenta política sacudió al gobierno canadiense a tan solo ocho meses de celebrarse las elecciones federales en el país. La exministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould, quien fue retirada de su cargo a mediados de enero, aseguró que funcionarios de la administración del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, la presionaron para tomar una decisión en el caso de la firma de ingeniería SNC-Lavalin que favorecería a la compañía. Una conducta totalmente inapropiada, según resumen Wilson-Raybould.

“Por un periodo de cuatro meses, desde septiembre hasta diciembre de 2018, experimenté un constante esfuerzo de parte de varias personas dentro del gobierno buscando una interferencia política en el ejercicio de las facultades discrecionales en mi rol como Fiscal General de Canadá, en un esfuerzo inapropiado para asegurar un acuerdo de encausamiento diferido con SNC-Lavalin”, testificó Wilson-Raybould ante el Comité de Justicia del Legislativo canadiense.

En 2015, la firma SNC-Lavalin fue acusada de corrupción por presuntos sobornos a funcionarios en Libia entre 2001 y 2011, mientras Muamar el Gadafi estaba en el poder, para asegurar contratos gubernamentales. SNC-Lavin debía enfrentar un juicio por estos delitos, pero según Wilson-Raybould, lo que el gobierno deseaba era otorgarle un acuerdo a la firma fuera de los tribunales para evitar así un colapso de la empresa que conduciría al despido de miles de empleos. Según reportes de SNC-Lavin, en 2018 la firma contaba con cerca de 9000 empleados en Canadá y más de 50.000 en el resto del mundo. Le puede interesar: El polémico feminismo de Justin Trudeau

El “acuerdo de remediación” que buscaban negociar el gobierno y la firma le habría evitado a SNC-Lavin la prohibición por un periodo de 10 años para recibir contratos, que son el pilar del funcionamiento de la empresa. Esta es una nueva herramienta en el Código Penal canadiense que tiene como objetivo denunciar las irregularidades de una empresa, sancionarla y obligarla a respetar la Ley, pero dejando de lado a las personas que no tienen que ver con el delito, es decir, los trabajadores. Los acuerdos de este tipo buscan que los delincuentes paguen, pero no le dan una condena a las corporaciones.

Para que una empresa acceda a este recurso tiene que cumplir con una serie de condiciones. La primera es que solo se puede aplicar a delitos económicos como soborno o fraude. No puede usarse en una situación en la que la seguridad nacional haya estado comprometida o cuando el delito del caso esté conexo a una organización criminal o terrorista. Este punto es crucial, pues la relación con Gadaffi sentenció el rechazo al recurso. Además, el fiscal del caso debe considerar que existe una razón de interés público para que se pueda consentir una negociación.

Esta figura jurídica tiene aspectos tanto positivos como negativos. Por un lado, según Anita Anand, profesora de derecho en la Universidad de Toronto, señaló que estas herramientas toman las necesidades de los empleados. “Es totalmente injusto castigar a muchas de las partes debido al mal comportamiento de algunas personas. En otras palabras, las manzanas podridas no deben echar a perder el racimo”. Pero, por otro lado, Mike Koehler, profesor asociado en la Universidad del Sur de Illinois, advierte que estos “acuerdos de remediación” han tenido poco éxito en otros países, como Estados Unidos. Patricia Adams, directora del organismo de vigilancia Probe International, dijo que lo que esencialmente hacen es “convertir al fiscal en el fiscal, el juez y el jurado. No están socavando el estado de derecho, son esencialmente instrumentos políticos”.

Wilson-Raybould cuenta que los funcionarios que se acercaron a ella resaltaron la importancia de proteger los empleos. La primera reunión entre la exministra y los funcionarios de Trudeau fue el 17 de septiembre de 2018 y la última el 19 de diciembre del mismo año. En esta, Wilson-Raybould recibió una llamada del secretario de gobierno, Michael Wernick, en la que subrayó el interés del primer ministro canadiense de llegar a una solución para este caso de una manera u otra. El ministro de Finanzas también habría participado de la presión a la exministra de Justicia, quien reveló en un testimonio de cuatro horas las llamadas, reuniones y mensajes de texto que recibió para tomar una decisión sobre este caso. Lea también: El oscuro caso del "manoseo" de Justin Trudeau, en tres puntos

Finalmente, la exministra de Trudeau no accedió a otorgar el acuerdo de remediación y SNC-Lavin se enfrenta a un juicio. Por no seguir con la línea que imponía el gobierno, cuenta Wilson-Raybould, fue despedida de su cargo, aunque Trudeau argumenta que fue parte de un movimiento de gabinete.

Por la confesión de Wilson-Raybould, el líder del Partido Conservador, Andrew Scheer, opositor al gobierno, ha pedido la renuncia de Justin Trudea. “Simplemente no puede seguir gobernando esta nación ahora que los canadienses saben lo que hizo”, declaró Scheer en un comunicado.

Pero el líder opositor no ha sido el único en rechazar las presuntas acciones del gobernante. Los medios nacionales también han arremetido contra el primer ministro. “Este es un ejemplo clásico del hecho de que hay una ley para ricos y políticamente conectados y otra para todos los demás”, afirmó Lorrie Goldstein en el Toronto Sun. “Trudeau está haciendo que Canadá sea segura para la corrupción de nuevo”, dice un columnista del Financial Post.

Desde el punto de vista legal el problema fue la supuesta presión sobre la exministra de Justicia que no es diferente a otras decisiones en las que el Partido Liberal del primer ministro hace valer su peso. En el ámbito político, el agravante es el despido de Wilson-Raybould por no haber seguido, según ella, los pedidos del gobierno.

Esta es la primera gran crisis que afronta el gobierno de Justin Trudeau, y que ya ha hecho rodar la cabeza de su secretario principal y gran amigo, Gerald Butts. Este no es un escándalo político sencillo, pues todavía se desconocen las motivaciones de los actores claves en el caso y especialmente sus implicaciones para las próximas elecciones. “En este punto los canadienses exigen algunas respuestas, y la única manera de llegar al fondo de esto es con una investigación pública que tenga independencia para evaluar la verdad”, señaló el líder del Partido Demócrata, Jagmeet Singh.

El primer ministro comienza a perder apoyo político tras el escándalo. Sus índices de aprobación comenzaron a caer cediendo terreno a los conservadores en las urnas. “Este es el peor par de semanas que ha tenido desde su viaje a la India”, dice Darrell Bricker, CEO de la firma de encuestas Ipsos. Trudeau ha negado en repetidas ocasiones acciones del gobierno para interferir con los procesos penales y ha rechazado los pedidos para que renuncia a su cargo. Sin embargo, la historia de SNC-Lavin no ha terminado de cocinarse, y podría darle un golpe fuerte a su partido en los comicios de octubre.

 

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- Redacción Internacional

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¿Se acabó la luna de miel de Justin Trudeau con los canadienses?

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