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El estallido social que mantiene a Nicaragua en crisis sociopolítica cumple hoy seis meses en medio de un paro de consumo de tres días, en protesta contra el presidente Daniel Ortega.
El paro de consumo, un llamado por la Unidad Nacional Azul y Blanco que se inició ayer, consiste en no comprar artículos que más generan recursos por impuestos al Estado, como combustibles, bebidas alcohólicas, gaseosas y tabaco.
Hasta ahora la Unidad no ha brindado reportes sobre el efecto de la protesta, pero la misma tiene como objetivo evitar que el Gobierno utilice los ingresos del presupuesto general para "reprimir al pueblo".
(Ver más: Ortega, el liberador que se volvió un dictador)
El paro de consumo es la última de múltiples manifestaciones pacíficas de los nicaragüenses contra Ortega, algunas de las cuales han consistido en marchar por las vías principales, paro nacional de actividades, lanzar globos con los colores azul y blanco de la bandera nacional de Nicaragua, o pintarse los labios de color rojo.
Organismos humanitarios afirman que desde el 18 de abril pasado entre 322 y 512 personas han muerto y otras 459 han sido capturadas como "presos políticos", debido a las acciones del Gobierno contra los manifestantes autoconvocados, es decir, que no siguen las órdenes de ningún líder.
Las autoridades reconocen 199 muertos y más de 200 reos, a los que califica como "terroristas" y "golpistas".
(Puede ver: Comunidad internacional exige a Daniel Ortega que cese la violencia en Nicaragua)
El Gobierno de Nicaragua ha sido señalado, por organismos defensores de los derechos humanos locales e internacionales, como responsable de "más de 300 muertos", ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Entre los organismos que han responsabilizado de forma directa al Gobierno nicaragüense están la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y Amnistía Internacional (AI).
El presidente Ortega hasta ahora no reconoce la responsabilidad y mantiene su versión de que su Gobierno es víctima de un intento de "golpe de Estado".
(Ver más: “Esto es peor que la dictadura de Somoza”)
Un diálogo nacional entre el Gobierno y la Alianza Cívica, que representa a diversos sectores de la población nicaragüense, se mantiene congelado desde julio pasado, cuando grupos oficialistas agredieron al Episcopado, que actúa como mediador.
Tanto la Alianza como el Episcopado han dicho públicamente que quieren continuar con el diálogo, cuyo objetivo es que Nicaragua "vuelva" a la democracia, lo que significa adelantar las elecciones de 2021, y que se haga justicia con las víctimas, sin que hasta ahora haya una respuesta positiva de Ortega.