¿Se puede disolver el Congreso de Perú? Claves de la crisis política

La profunda crisis política e institucional de Perú llega este martes a un nuevo punto álgido con la cuestión de confianza a la que se somete en el Congreso el Gobierno del presidente Martín Vizcarra y que puede terminar en la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones.

- Redacción Internacional
05 de junio de 2019 - 12:38 a. m.
Peruanos protestan al frente del Congreso en Lima.  / AFP
Peruanos protestan al frente del Congreso en Lima. / AFP

Perú está en medio de una crisis política que se agrava con el paso de las horas. El Congreso discute la votación de una moción de confianza solicitada por el gobierno del presidente Martín Vizcarra para aprobar sus reformas anticorrupción, que de ser rechazada puede desencadenar la disolución constitucional del Legislativo y la renuncia del gabinete.

El resultado de este nuevo episodio de tensión entre el Congreso, controlado por la oposición, y el presidente Martín Vizcarra, quien carece de partido y bancada parlamentaria, es incierto. 

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"Es urgente salvar a la democracia de la corrupción, es urgente evitar que personas con delitos penales nos representen, tenemos que alentar que ciudadanos con vocación de servicio participen en política" para que los peruanos confíen en las autoridades, dijo el presidente del consejo de ministros peruano, Salvador del Solar.

El jefe de gabinete defendió la moción de confianza presentada el 27 de mayo, e insistió en que "la voluntad del gobierno es que se apruebe la esencia de las reformas en un plazo razonable".

"Somos conscientes de que hay que emprender las reformas políticas, estamos de acuerdo en que hay que hacerlas, pero siempre respetando el fuero parlamentario", dijo el congresista Carlos Tubino, vocero de la mayoritaria Fuerza Popular con 53 legisladores.

Las reformas que pide Vizcarra

Cinco proyectos de reforma están asociados a la moción. Estos contemplan regular el financiamiento de los partidos y cambios en el sistema electoral, entre otros.

También proponen que sea la Corte Suprema y ya no el Congreso el órgano que quite la inmunidad a un parlamentario, pues hubo casos de legisladores que amparados en sus fueros han intentado eludir condenas por delitos comunes.

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Vizcarra impulsa la reforma para prevenir actos de corrupción en un país donde los cuatro anteriores presidentes están salpicados por el escándalo de aportes y sobornos de la cuestionada Odebrecht.

La empresa ha confesado que repartió millones de dólares entre figuras del poder, desde presidentes a alcaldes, para conseguir contratos de obras públicas.

Los roces entre el Congreso y Vizcarra comenzaron el año pasado, pocos meses después de que éste asumiera el poder, en su calidad de vicepresidente, tras la renuncia del mandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

La última vez que un presidente disolvió el Congreso fue el 5 de abril de 1992. Pero en aquella ocasión, Alberto Fujimori (1990-2000) lo cerró con respaldo militar, detuvo a opositores y censuró a la prensa.

La cuestión clave es que un rechazo a la moción de confianza podría dejar en la calle a los 130 parlamentarios. 

¿Qué es la moción de confianza?

La moción es un mecanismo constitucional por el cual el Ejecutivo puede consultar al Congreso sobre el tema que estime conveniente. Pero si se censura o niega el voto de confianza a dos gabinetes, el presidente puede proceder a disolver el Congreso y convocar elecciones legislativas en cuatro meses.

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En septiembre de 2017, el actual Congreso ya le negó la confianza a un gabinete por lo que una nueva negativa gatillaría su disolución.

El año pasado, Vizcarra amenazó ya con disolver el Legislativo, llevando a los parlamentarios a adoptar una postura conciliadora.

Los reflectores están puestos en Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori. La hija del expresidente Alberto Fujimori cumple prisión preventiva por supuestamente recibir fondos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña presidencial en 2011.

En sus filas, algunos -aunque no todos- estiman que Vizcarra se extralimita en sus funciones, lo que consideran podría acabar en una deriva totalitaria.
La izquierda, que suma 20 votos a través del Frente Amplio y Nuevo Perú, votará en contra pero con el fin de acabar con la mayoría conservadora.

El oscuro fiscal Chávarry

En junio de 2018, se supo de la existencia de una trama de jueces y fiscales de alto rango que traficaban con favores y prebendas, conocidos como "Los Cuellos Blancos".

Un juez supremo, César Hinostroza, y el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quedaron expuestos como supuestos integrantes de esta red, que habría ayudado a Fujimori en sus problemas legales.

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Hinostroza fue protegido por Fuerza Popular hasta que huyó a España, así como Chávarry, quien en su papel como jefe de la fiscalía intentó torpedear por activa y pasiva a los fiscales que investigaban a Fujimori.

Ante el creciente clamor popular, Chávarry renunció al cargo de fiscal de la Nación, pero aún sigue amparado en su inmunidad legal y se mantiene como fiscal supremo, respaldado por el fujimorismo.

Vizcarra, que asumió como principal política de Estado el combate a la corrupción, forzó un referéndum de reforma constitucional enfocado en esa lucha, que fue apoyado masivamente por la ciudadanía.

El Congreso accedió a regañadientes a esa reforma y prometió llevarla a cabo, bajo la mirada de una opinión pública que tiene una nefasta visión del Parlamento.

Sin embargo, los fujimoristas siguieron protegiendo a Chávarry y han evitado procesar las reformas, motivos que llevaron a Vizcarra a confrontar nuevamente al Congreso bajo la amenaza de disolverlo legalmente, amenaza que esta vez si puede llevar a cabo.
 

Con información de EFE y AFP

Por - Redacción Internacional

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