Fujimori tenía una condena a 25 años

¿Se puede echar para atrás el indulto a Fujimori?

Quienes se oponen al perdón presidencial que le fue concedido al exmandatario no paran de buscar recursos para revertir la decisión.

Según sondeos recientes, el 65 % de los peruanos estaban de acuerdo con perdonar al exmandatario. / AFP

José Enrique Crousillat tenía puesta una gorra azul y lentes oscuros cuando fue fotografiado en Asia, uno de los balnearios más exclusivos de Lima. Eran los primeros días de 2010 y el antiguo dueño del canal Americana Televisión acababa de salir de la cárcel después de recibir el perdón presidencial de Alan García, tal como sucedió el pasado 24 de diciembre con Alberto Fujimori por parte de Pedro Pablo Kuczynski.

Las fotos que mostraban a Crousillat de compras y en buen estado de salud demostraron que no estaba moribundo, como lo había dicho la junta médica que intervino para facilitar su salida de la cárcel. Las mismas fotos fueron la clave para que, tres meses después, en marzo de 2010, el presidente Alan García revocara su indulto.

En enero de 2011, tras haber permanecido meses prófugo de la justicia, Crousillat fue capturado en un apartamento de Lima y regresó a la cárcel para seguir pagando su condena por recibir un millonario soborno a cambio de amañar la línea editorial de su canal de televisión para favorecer al gobierno de Alberto Fujimori. “Se demostró que no estaba enfermo, como dijo la junta médica. El acta que se hizo fue hecha de manera irregular, pues decía que tenía enfermedades que no tenía”, dijo sobre el caso el exprocurador Ronald Gamarra. Seis años después, los detractores del indulto que salvó a Fujimori de pagar su condena de 25 años de prisión, no dejan de revisar lo que pasó con Crousillat para encontrar la fórmula que les permita revertir el indulto al exmandatario.

A raíz del caso Crousillat, en enero de 2011, el Tribunal Constitucional peruano aclaró a través de una sentencia que los indultos presidenciales pueden dejar de tener efecto si existen pruebas de que se presentaron irregularidades a la hora de concederlo. En entrevista para Radio Programas del Perú, el expresidente de la Sociedad Estadounidense del Cáncer, Élmer Huerta, destacó que cada una de las dolencias reportadas por la junta médica que favoreció el indulto a Fujimori están lejos de justificar la decisión del presidente Kuczysnki: “Desde el punto de vista médico, este indulto no tiene razón”, explicó el galeno, para quien los problemas de presión arterial, la hernia lumbar, el crecimiento benigno de la próstata y latidos anormales del corazón son dolencias crónicas y previsibles en una persona de 79 años.

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Huerta también se refirió del mismo modo al cáncer de lengua por el que Fujimori ha sido operado en seis ocasiones y que habría quedado controlado. “Ninguna de estas enfermedades es de vida o muerte” añade.

La posibilidad de que las condiciones del centro penitenciario en el que pagaba su condena agravaran el estado de salud de Fujimori fue otro de los argumentos para conceder el indulto. Sin embargo, las imágenes difundidas por varios medios peruanos muestran que el exmandatario no solo vivía en una celda privada con tres ambientes, en la que además de contar con una cama ortopédica y un tanque de oxígeno, Fujimori tenía un televisor, una cocina bien equipada y un teléfono para su uso exclusivo.

También levanta sospecha el que, entre los miembros de la junta médica que aconsejó a Kuczynski para otorgar el indulto, esté Juan Postigo, quien fue médico personal de Fujimori. En este punto las opiniones están divididas. Para el ex fiscal Avelino Guillén, en entrevista para Ojo Público, se trata de un grave vicio procesal, mientras para Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, “no ha sido inusual o infrecuente que el médico del reo participe en la Junta Médica, porque conoce el caso y puede tener mayores elementos de juicio para ilustrar a los otros miembros”, según dijo a la BBC.

La otra vía para tratar de anular el indulto sería buscar la intervención de un organismo internacional. Ese es el camino que tomó Carlos Rivera, abogado de los familiares de las víctimas de las masacres por las que Fujimori fue condenado. “No estamos ante un indulto humanitario aunque tenga la apariencia. Es un indulto político. (Las masacres de) Barrios Altos y La Canuta en el 2001 y 2006 han merecido sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El hecho de que se rompa ese tipo de imposiciones hace que sea un indulto ilegal”, dijo el jurista para La Gestión.

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A la espera de un pronunciamiento de la CIDH, el gabinete del presidente Kuczynski se desmorona: Salvador del Solar, a cargo de la cartera de Cultura, se unió a la lista de renuncias junto a Carlos Basombrío, exministro del Interior; Roger Rodríguez, titular de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, y Máximo San Román, consejero presidencial. Sólo habían pasado tres días cuando Kuczynski sumó el polémico indulto a Fujimori al fuerte debilitamiento de su imagen tras el juicio político que lo acusaba de haber tenido vínculos ilícitos con Odebrecht.

“Esto es un drama. Queda claro que el indulto ha sido inoportuno”, dijo el analista Enrique Bernales para Perú21, “El presidente está en un duro aprieto, tiene que recuperar la credibilidad que ha perdido y eso significa reconocer sus errores, porque las explicaciones que ha dado nos dejan claro que no distingue entre el interés público y el privado”, añadió el jurista.

 

 

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