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El pleno del Senado brasileño rechazó este martes un decreto firmado en mayo pasado por el presidente, Jair Bolsonaro, que flexibiliza las normas para la compra y el porte de armas y por el que el mandatario abogó hasta último momento.
Bolsonaro apoyó buena parte de su campaña electoral del año pasado en esa iniciativa, que pretende armar a la sociedad para promover la "autodefensa" y combatir así a una violencia que causa cada año 60.000 muertes en el país.
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Sin embargo, la mayoría de los senadores consideró que, tal como había afirmado la Comisión de Constitución y Justicia de esa cámara, una materia de esa naturaleza no puede ser decidida por decreto y sólo puede tramitar si es bajo la forma de proyecto de ley, lo cual implicaría meses de debate en el Parlamento.
La palabra final la tendrá la Cámara baja, que deberá debatir el asunto en las próximas semanas.
Hoy mismo, antes de la sesión el gobernante insistió en que la sociedad tiene "derecho" a defenderse de la delincuencia y, para eso, todos los "ciudadanos de bien", deben tener la posibilidad de comprar un arma y usarla en aquellos casos en que sus vidas o "su patrimonio" sea amenazado.
De acuerdo al decreto rechazado por el Senado, entre los autorizados a portar armas están los políticos que ejercen un cargo electivo, camioneros, periodistas volcados a la crónica policial, abogados, agentes de tránsito y empleados de empresas de transporte de valores, así como cazadores y socios de clubes de tiro.
Entre los opositores a la liberación de las armas, uno de los más enfáticos fue el senador Randolfe Rodrigues, del partido Rede, del campo progresista, que llegó a comparar a Bolsonaro con el fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez.
"Bolsonaro dice que las personas tienen que estar armadas hasta por si hubiera un golpe de Estado. Y eso lo decía Chávez. Es decir, que estamos en una especie de chavismo de derecha", que tiene "el mismo carácter autoritario, ya sea en Venezuela o en Brasil", dijo.
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Según Rodrigues, el debate supera el propio tema de las armas y "es sobre democracia, porque si se acepta en el Parlamento luego vendrán más y más decretos" y "quien sabe si alguno no será para declarar ilegal a algún partido o algún congresista".
El senador Sergio Olimpio, mayor de la Policía Militar y jefe del grupo del oficialista Partido Social Liberal (PSL) en el Senado, se cuadró con Bolsonaro y dijo que lo único que hace el decreto es "dar voz y voto al más del 60 % de los brasileños que en 2005 dijeron (en referendo) que querían comercio y porte de armas".
El resultado de ese referendo no vinculante fue ignorado entonces por el Gobierno que presidía en la época Luiz Inácio Lula da Silva y, según el mayor Olimpio, Bolsonaro "ha venido a corregir lo que calificó como una falta de respeto a la voluntad popular".
Entre los defensores de armar a la población se anotó el senador Luiz do Carmo, del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), quien recordó emocionado que, en 2012, una de sus hijas murió en un asalto. "Mi hija tenía 30 años. Algunos me dijeron que no tuvo ninguna posibilidad de defenderse, pero hoy pienso que si hubiera tenido un arma, tal vez estaba aquí conmigo", declaró.