Senadores de EE.UU. presentan ley para frenar construcción de muro con México

Un grupo de 24 senadores demócratas presentó este lunes un proyecto de ley para suspender la orden ejecutiva del presidente de EE.UU., Donald Trump, que aboga por la construcción de un muro con México para taponar la inmigración ilegal.

La propuesta fue impulsada por el senador Delaware Tom Carper, con el apoyo de otros 23 senadores, todos demócratas a excepción del senador Bernie Sanders, quien aspiró a la candidatura presidencial de ese partido, pero se sigue identificando como independiente.

El proyecto de ley, que tiene pocas posibilidades de prosperar en un Congreso de mayoría republicana, pide rescindir el decreto presidencial del 25 de enero en el que Trump abogó por construir su famoso muro con México y aumentar los recursos para autoridades migratorias y de la Patrulla Fronteriza, al tiempo que suaviza los requisitos para deportar a indocumentados.

La orden fue el primer paso para avanzar hacia la construcción de un muro en la frontera sur, algo que enfrió las relaciones con México, en el que la Casa Blanca quiere gastarse 2.600 millones de dólares el año próximo.

"La orden del presidente Trump es indignante, antiestadounidense, y mala para la seguridad", indicó en un comunicado la senadora por Nevada Catherine Cortez Masto, quien apoya el proyecto de ley y consideró la propuesta de Trump un derroche de dinero y una pérdida de tiempo que podría dedicarse a "arreglar nuestro sistema migratorio roto".

Los senadores aseguran que no hay evidencias de que un muro con México es necesario, ya que la frontera ya está vallada en los puntos en los que esa infraestructura es eficiente.

Además, recuerdan que las prisas para su construcción son otra señal más de posibles desperdicios de dinero en la ejecución de esta infraestructura.

Según la independiente Oficina de Contabilidad Gubernamental, el precio total del muro con México podría elevarse a 21.000 millones de dólares, sin tener en cuenta las necesidades de pagar a aquellos a los que se expropien terrenos.

Se trata de un coste muy superior a los alrededor de 8.000 millones de dólares que calculó inicialmente Trump.