Silenciar a Trump, ¿un error de las redes?

La medida de Twitter, un viejo enemigo de Trump, Facebook y Youtube fue un balde de realidad para el mundo y despertó todo tipo de reacciones alrededor de la democracia digital y la libertad de expresión.

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Si algo quedó demostrado tras la invasión al Capitolio de Washington (EE. UU.) por parte de los simpatizantes de Donald Trump es que los gigantes tecnológicos hoy en día son intocables. Su poder se desbordó silenciosamente hasta el punto de tener en sus manos la decisión de suspender la cuenta personal del presidente de una de las democracias más importantes del mundo.

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La medida de Twitter, un viejo enemigo de Trump, Facebook y Youtube fue un balde de realidad para el mundo y despertó todo tipo de reacciones alrededor de la democracia digital y la libertad de expresión. Si bien no es una decisión nueva, pues diariamente se suspenden las cuentas de miles de personas por diferentes motivos -solo esta semana lo hicieron con más de 70.000 cuentas asociadas al grupo conspiracionista QAnon-, sí es la primera vez que divide así las posiciones. Mientras unos aseguran que se trata de una violación explícita a los derechos fundamentales, otros afirman que las causas por las que se tomó la medida fueron justas y necesarias.

Al mandatario se le acusa por incitación a la violencia, aunque, como indicó en su momento la revista Wired, en el video por el que se le suspendieron las cuentas “lo que cambió no fue el contenido, sino el contexto. En un contexto de violencia del mundo real, perpetrada por una multitud que el mandatario había animado personalmente, ya no tenía sentido evaluar sus palabras de forma aislada”. Los ojos están puestos inevitablemente en la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de Estados Unidos, que para muchos es la piedra angular de la libertad de expresión en redes.

¿Qué dice la Sección? El profesor de ciberseguridad de la Academia Naval de Estados Unidos, Jeff Kossett, le explicó a Forbes: “La Sección 230 estableció el marco legal para internet que conocemos hoy, que se basa en gran medida en el contenido del usuario en lugar del contenido que crean las empresas. Sin la Sección 230, las empresas no estarían dispuestas a correr tantos riesgos ”. En pocas palabras, les permite a los gigantes tecnológicos no hacerse responsables legalmente de lo que los usuarios publican en sus plataformas. El propio Joe Biden ya manifestó en diciembre de 2019 que deberían cambiar algunas cosas para no darles tanto poder a estas compañías.

Por lo tanto, el debate pasa a ser teórico, pues desde el principio están estipuladas las reglas de juego. Al menos así lo cree Matt Rivitz, cabeza de la organización Sleeping Giants, que en conversaciones con este diario dijo: “Twitter y Facebook son empresas privadas y nunca han estado sujetas a las leyes de libertad de expresión. La Primera Enmienda protege el discurso de la intervención del gobierno. Estas son empresas de publicidad y extracción de datos con términos de servicio”.

El punto de vista lo comparte Nandini Jammi, cofundadora de las organizaciones especializadas en marketing ético Check my Adds y de Sleeping Giants, que le aseguró a El Espectador: “Las plataformas privadas establecen sus propias reglas, por lo que tienen derecho a eliminar a los usuarios que violan sus políticas y ponen en peligro su comunidad de usuarios. Esto no es censura, sino el derecho de una empresa privada a administrar su negocio como quiera. Dicho esto, creo que las plataformas deberían aplicar sus reglas de manera consistente, ya sea que el usuario en cuestión sea un VIP o no”.

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Y agrega: “Trump ha estado difundiendo desinformación e incitando al odio y la violencia hacia individuos y grupos durante años. En todo caso, han hecho todo lo posible para hacer excepciones especiales para él”.Compartamos la posición o no, lo cierto es que la medida fue un terremoto digital, como lo describió la profesora universitaria Florence G’sell, especialista de derecho digital. Tanto así, que las grandes cabezas del mundo se pronunciaron sobre el hecho. La canciller alemana, Angela Merkel, consideró problemático lo ocurrido y afirmó a través de su portavoz que “es posible interferir en la libertad de expresión, pero según límites definidos por el legislador, y no por la decisión de una dirección de empresa”, explicó. Por su parte, el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, dijo que la regulación de los gigantes digitales no puede hacerse por la misma oligarquía digital”.Kate Ruane, de la poderosa asociación estadounidense de defensa de derechos cívicos ACLU, afirmó que "todo el mundo debería preocuparse cuando estas empresas tienen el poder de retirar a personas de sus plataformas que se han convertido en indispensables para la expresión de millones de individuos".

Sin embargo, Rivitz afirmó: “Es cierto que estas plataformas se han vuelto demasiado poderosas. Desafortunadamente, nosotros como sociedad les hemos dado este poder. Necesitamos una regulación estricta y una supervisión independiente de estas empresas para asegurarnos de que no sea un puñado de directores ejecutivos con el poder de controlar la información en todo el mundo. Tal como está ahora, la política de cada país engaña con demasiada facilidad”. Numerosos países han comenzado a tramitar este tipo de medidas. El comisario europeo Thierry Breton, que presentó a mediados de diciembre dos proyectos europeos legislativos para tratar de poner fin a las derivas de los gigantes de internet, comparó la decisión de Twitter a un 11 de septiembre de las redes sociales. “Esto justifica totalmente lo que venimos haciendo desde hace un año, esta regulación de las redes sociales (...) que responde muy precisamente a este tipo de interrogantes. Y si alguna vez se pone en práctica, lo que ha pasado en Estados Unidos nunca podría reproducirse”, señaló a la prensa.

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Lo que puede ocurrir con la llegada de Biden es incierto, pero algunos señalan que puede ser la hora de seguir el marco de regulación europeo, el cual es mucho más estricto con el tratamiento de datos y las libertades que se les dan a las compañías. “Lo que está previsto en Europa y que podría interesar mucho a los estadounidenses es poner en marcha un procedimiento en la aplicación de las decisiones de moderación, una facultad de impugnar estas decisiones, y la posibilidad de recurrir a una tercera instancia para resolver el litigio”, aseguró Florence G’sell. El objetivo, por lo tanto, es quitarles a las compañías ese poder omnipotente, blindado de cualquier instancia judicial, de crear las reglas de un mundo que, en este punto, es todo menos libre.