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El próximo 10 de enero, Nicolás Maduro celebrará el inicio de un nuevo mandato presidencial (2019-2025), tras una aplastante y criticada reelección en mayo pasado que solo él y muy pocos gobiernos de la región pretenden reconocer. En el Gobierno dicen que el mandatario cuenta con el respaldo del pueblo, de los militares y de las demás fuerzas vivas del país, pero sobre todo “está respaldado por la legitimidad constitucional”.
Maduro, reacio a ceder en sus posiciones pero cada vez más asfixiado por las presiones internacionales, aseguró en la última semana: “No hay posibilidad de que gobierno alguno diga ninguna palabra desde el extranjero para conocer, reconocer o desconocer lo que es la legitimidad constitucional y democrática del gobierno que voy a presidir. En Venezuela las decisiones no se toman desde afuera. Venezuela no es un país que esté intervenido”.
El heredero de Hugo Chávez ganó en mayo las elecciones presidenciales, tras una polémica campaña en la que inhabilitó a varios candidatos. Su triunfo se vio opacado por una abstención del 54 %, la más alta en veinte años de chavismo. Pero a él poco y nada le importó y con esas sombras se apresta a mandar seis años más.
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Su posesión se da por descontada en Venezuela, a pesar de que el viernes el Grupo de Lima, conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía en 2017, año de las violentas protestas contra el gobierno venezolano, anunció que no reconocerá al gobierno de Venezuela si Maduro asume un nuevo período. El Grupo, con excepción de México, que no firmó la declaración final, pidió transferir el poder a la Asamblea Nacional (AN), órgano que el gobierno chavista declaró en desacato y al que le quitó todas las funciones, hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales.
“La declaración adoptada por el Grupo de Lima tiene un mensaje político contundente, donde el principal es el no reconocimiento de la legitimidad del nuevo período del régimen venezolano”, apuntó el canciller peruano, Néstor Popolizio, quien encabezó la reunión.
La declaración de Lima deja en libertad a los países miembros del Grupo para evaluar el nivel de sus relaciones con Venezuela o impedir el ingreso de funcionarios del régimen. “Según lo permitan sus legislaciones internas, impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima, elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros activos o recursos económicos”, señala.
La situación interna
El único problema para Maduro en su nuevo período no será solo el desconocimiento internacional, que le impedirá firmar acuerdos y le restará capacidad de maniobra en el campo financiero y diplomático. Según analistas, el desconocimiento de su mandato, aunque no implicará necesariamente “un cese de relaciones diplomáticas y comerciales”, agravaría el colapso de un país en recesión desde 2014, en donde la crisis ha provocado la huida de miles de sus nacionales.Gonzalo Gómez, uno de los fundadores del movimiento Marea Socialista, afín al chavismo pero contrario a Nicolás Maduro, le aseguró a este diario que, si bien lo reconocen como mandatario no creen que deba seguir a cargo del país por la profunda desestructuración social y económica que le ha dado al país pasando por encima de la población.
Las cifras no ayudan a Maduro: al finalizar su primer gobierno, la inflación llega al 10’000.000 % según proyecta el FMI, la tasa de muertes violentas se fija en 81,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, el 80 % de productos básicos escasean, no hay medicinas y la producción de petróleo cayó al nivel más bajo en muchos años.
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“No creemos en una salida con la derecha tradicional capitalista, porque la de Maduro ya es otra derecha. Abrigamos la esperanza de que una buena parte del pueblo chavista se rebele y empalme con los sectores no polarizados, que también desconfían de la derecha tradicional, para así poder llegar a postular una nueva referencia política, que recoja los logros del proceso pero fustigue las graves desviaciones, para construir un nuevo camino hacia la liberación en Venezuela”, aseguró Gómez.
Por su parte, Sergio Sánchez, miembro de la dirección nacional del Movimiento Amplio Desafío de Todos, que hace parte de la izquierda democrática y cuyos integrantes vienen casi todos del chavismo, le dijo a El Espectador que no piensan reconocer un segundo mandato de Maduro.
A través de un documento publicado el pasado viernes, el movimiento hizo un llamado a la comunidad internacional para que aumente la presión sobre el gobierno venezolano y degrade la relación diplomática sin llegar a una ruptura total.
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También solicitaron explorar mecanismos que faciliten el inicio de una transición democrática, constitucional y pacífica, “dejando claro que las sanciones que los gobiernos extranjeros, de manera soberana, han aplicado contra individualidades del Gobierno podrían ser revisadas en el contexto de mecanismos de justicia transicional si se logra un acuerdo que derive en la salida del Gobierno por su renuncia concertada o el llamado a elecciones con condiciones democráticas”.
Para el analista Luis Vicente León, presidente de la consultora Datanálisis, el próximo 10 de enero es posible que no haya ningún cambio, porque Maduro ha estado haciendo las reformas necesarias para sobrevivir a la presión internacional, lo cual incluye reforzar alianzas con los países afines, aumentar el nivel de represión interna para mantener a raya las posibles explosiones sociales o las implosiones dentro de su propio grupo y un cambio en el mapa económico para subsistir sin las rutas convencionales de comercio.
El experto también señala que esta no será una condición nueva para Maduro. “No es verdad que el 10 de enero pasa de ser una democracia reconocida a una autocracia recién descubierta. Se ha estado preparando para esto. Tiene sanciones que ya ha tenido que sortear. No tiene embajadores en casi ningún país del Grupo de Lima ni en Estados Unidos; tampoco puede endeudarse. Es como imaginar que llegó el momento que él ya esperaba y para el que se ha estado preparando”.
Las críticas en contra de Maduro arrecian dentro de sus propias filas. A finales del año pasado, Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA y quien le sirvió al mandatario como vicepresidente económico, canciller y embajador ante Naciones Unidas, aseguró que “hay una realidad inocultable. El Gobierno no tiene más tiempo, ni para seguir ensayando, ni para más de lo mismo. El país no aguanta (…) por ello, necesitamos un gobierno capaz de defender al pueblo”.
Meses antes, el exministro Andrés Izarra pidió un “cambio de gobierno” y Jorge Giordani, influyente exmiembro del gabinete chavista, planteó la “condición urgente y necesaria” de “un cambio de gobierno para superar la crisis”.
Las fracturas internas
Pero ¿en qué momento se quebró en tantas partes una ideología tan fuerte como el chavismo? La fuerza de la Revolución bolivariana residía justo en esa cohesión, que a Maduro hoy le cuesta mantener.La antropóloga Francine Jácome, directora ejecutiva del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos, afirmaba recientemente que Diosdado Cabello tiene tanto poder que ha desautorizado varios veces a Maduro. De hecho, el portal Prodavinci explicaba que la Asamblea Constituyente, el suprapoder venezolano, fue un invento de Diosdado para mantener el poder. Pero Maduro tiene a Cilia Flores, su esposa y una de las chavistas más radicales, que también mueve los hilos del poder y se ganó un lugar en ese foro. Los hermanos Rodríguez (Delcy y Jorge) son de los pocos incondicionales con Maduro. Respaldan sus decisiones y se alinean con él frente al frente de Cabello. ¿Hasta cuándo?
Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, escribía en este diario que “durante estos años se han dado tres grandes momentos de reacomodación de las fuerzas chavistas: el primero, el golpe de Estado del 11 de abril del 2002; el segundo, el proyecto de reforma constitucional de 2007, y el tercero, la muerte de Chávez en 2013”.
Cada uno de estos momentos generó desplazamientos de un bando a otro, algunos fueron hábilmente aprovechados para identificar a los moderados, los carentes de compromiso o incluso a los que denominaron traidores. El caso más emblemático fue el de la exfiscal Luisa Ortega, quien durante años respaldó, a través de sus decisiones administrativas, la estabilidad de Chávez y la Revolución, y desde 2017 es la principal piedra en el zapato para Maduro.
No es la única. Hoy los disparos más duros contra el mandatario llegan desde las filas revolucionarias. Elías Jaua, exministro de Educación, aseguró en una entrevista en noviembre del año pasado que “el pueblo tiene que defender lo que Chávez dejó en nuestras manos, no puede permitir que aquí se subasten los bienes que son del Estado”, criticando la situación de la producción de alimentos en Venezuela.
Hay otros casos, como el de Marcos Hernández, exdirector de comunicación e información del Ministerio de Justicia venezolano (2013-2014) y actual director de la ONG Periodistas por la Verdad, quien asegura que las fracturas internas que vive el chavismo se deben a la forma como Maduro y su gobierno han dirigido el país, sobre todo en materia económica y de derechos humanos.
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Hernández señaló: “Se le cuestiona una política económica distanciada del Plan de la Patria que dejó Chávez, cuyo norte ha sido la entrega de la empresa petrolera y el Arco Minero a los grandes capitales y a la emergente clase boliburguesa que ha llevado a los venezolanos a la crisis humanitaria. Igualmente, una sistemática política de violación de los derechos humanos y de la libertad a que tienen los ciudadanos en un régimen democrático”.
Gómez, de Marea Socialista, coincide con Hernández en que una buena parte del quiebre se debe a pugnas económicas internas, pero también señala que, por una parte, cada vez hay más descontento en los sectores medios vinculados al chavismo, “que reciben más de cerca las presiones y efectos de la crisis y de las políticas contrarrevolucionarias-capitalistas del gobierno de Maduro”. Por la otra parte están los chavistas que no hacen parte del Gobierno o que rompieron con él, “los cuales no han sido ni son parte del reparto de los privilegios, del despojo producto del desfalco y los negocios de la casta gobernante”.
Maduro, ¿a la insurgencia?
Otros de los posibles errores del gobierno de Maduro, según Sánchez, del Movimiento Desafío de Todos, “fue cartelizar el Gobierno, separó las diferentes áreas del Estado en negocio y entregó a un grupo militar infraestuctura, a otro sector PDVSA, y así sucesivamente. Eso ha traído como consecuencia que estamos avanzando aceleradamente hacia un proceso feudal desde el punto de vista territorial y más profundamente mafioso”.Y agrega que “las imposiciones a las malas de Maduro tienen un límite. Todas las tiranías caen, siempre caen”. Rodríguez, de la Universidad del Rosario, señala que si en 2019 Maduro saliera del poder, producto de las presiones externas y las divisiones internas, se abriría un escenario inédito.
“Mi hipótesis es que parte de la presencia del Eln en Venezuela y su relación con Maduro hace parte de un plan. En un eventual proceso de transición en el que no se tenga en cuenta el proyecto chavista, Maduro podría irse por el lado de la subversión. Así, Venezuela se podría convertir en un territorio con un nuevo conflicto armado”, explica. Y es enfático: “Lo que menos se debe buscar es la intervención militar, no solo porque desbordaría la migración en la región sino porque podría implicar un paso a la subversión por parte del actual gobierno venezolano”.