Sobrevivir: la eterna misión de “El Nacional” en Venezuela

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El legendario medio de la familia Otero en el vecino país permanece bajo el asedio de Diosdado Cabello, quien busca apropiarse de sus instalaciones para levantar una “escuela de periodismo” oficialista. Su director, Miguel Otero, dice que no se dejará amedrentar.

Al diario El Nacional, un estandarte del periodismo venezolano, en el que han escrito los intelectuales más reconocidos del país, han querido sepultarlo varias veces en las últimas décadas. Sus periodistas, accionistas y operarios han sido hostigados en los tribunales, a la vez que su labor se ha visto obstruida por los bloqueos para conseguir suministros como el papel para la producción de la edición impresa y de la gasolina para la distribución a nivel nacional.

A ese acoso del oficialismo y de los líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela se sumó en la década de 2010 la profunda crisis económica que azota a los venezolanos y la desaparición de la pauta publicitaria, la cual llevó a recortar la plantilla del diario de mil a menos de cien personas y a suspender la edición impresa en 2018.

“Hoy publicamos una noticia que le alegrará la vida al señor Nicolás Maduro y a toda la camarilla civil y militar que disfruta el poder sin presentarle cuentas a nadie”, comunicó el periódico el 14 de diciembre de 2018 en su último editorial impreso.

Pero si bien la circulación en papel de diario se vio interrumpida, su labor como guardián de los valores democráticos y de control del poder no desapareció, ni desaparecerá por lo pronto. Y es que, como decía su fundador, Miguel Otero Silva, “un periódico no se construye con dinero, ni con rotativas, ni con relaciones comerciales que garanticen la afluencia de avisos, ni con protección gubernamental. Un periódico se construye con personas”.

En la actualidad, cerca de un centenar de personas se encuentran manteniendo a flote la eterna misión que se trazó su fundador: hacer de este el periódico mejor informado del país. Sin embargo, las amenazas continúan. El pasado 16 de abril, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le ordenó a El Nacional el pago de 237.000 petros –la moneda virtual que diseñó el gobierno de Nicolás Maduro– a Diosdado Cabello, número dos del chavismo, como indemnización por “daño moral” a su figura.

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El caso se remonta a 2015, cuando El Nacional le hizo una versión a un artículo del diario ABC de España en el que se señalaba que Cabello tenía vínculos con el narcotráfico, de acuerdo con un testimonio del excapitán de la Armada Nacional de Venezuela Leamsy Salazar. Otros dos medios, Tal Cual y el portal La Patilla, también hicieron eco de la información.

El monto de tal indemnización equivale a unos US $13 millones, con lo que se pretende sofocar a los accionistas para forzar el cierre del diario. Pero esto tiene una razón de fondo, como explica su director, Miguel Henrique Otero: que Cabello quiere quedarse con las instalaciones del diario para expandir su programa de televisión Con el mazo dando y volverse el propietario y editor de El Nacional.

Cabello, de hecho, amenazó con ejecutar los bienes del periódico si no le pagan la indemnización que solicitó el TSJ. Los planes que tiene el diputado chavista para la sede donde se encuentra El Nacional son, en palabras de Otero, tenebrosos.

“Cabello ha planeado construir una escuela de periodismo para formar personas que estén en la línea del régimen”, dijo Otero.

Sin embargo, la marca de El Nacional no se extinguiría ni caería en manos de Cabello, como advierte su director. “La gente de El Nacional está preparada para continuar con su trabajo en la web, como lo ha hecho en los últimos años”, dijo Otero.

El pleito continúa y todavía no se puede dar por sentado una derrota del periódico en el caso contra Cabello. Y es que más escandaloso que el monto de la indemnización es que el TSJ no explicó la razón por la cual falló a favor del diputado, como explica Otero.

“No dijeron por qué debemos pagar esa cifra. No hubo proceso. No se demostró difamación en la documentación y, si revisamos los hechos, encontramos que en efecto Cabello sí estaba siendo investigado por las autoridades estadounidenses por narcotráfico, como informó en un principio ABC y nosotros”, dijo Otero.

Además, hay que resaltar que el monto, como señala el abogado de El Nacional, Juan Cancio Garantón, se determinó a espaldas del demandado, violando su derecho a la defensa, y no fue establecido en la moneda legal de Venezuela, como establece la ley.

La cantidad fue exagerada, teniendo en consideración que en un caso previo, el de María Elena Matos contra el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias por daño moral, se estableció una reparación por 266 petros, el equivalente a US $15.000 aproximadamente. La desproporcionalidad del castigo contra El Nacional es evidente. Inversiones Watermelon C.A., dueña del portal La Patilla, fue condenada a pagar cerca de US $13.000 a Cabello en el mismo caso de difamación por haber compartido una versión de la nota de ABC sobre las investigaciones contra el diputado por narcotráfico.

A Otero no le importa que el monto sea menos: no está dispuesto a darles una moneda considerando la injusticia en este proceso.

Por esta razón, Garantón solicitará una revisión de la indemnización en la que se esclarezcan los motivos por los que se estipuló el monto y bajo los que se dictaminó que hubo un caso de difamación. La compensación, explica, no puede tener como fin la destrucción y quiebra del demandado como busca el TSJ.

“Sin duda alguna, indemnizar por daño moral derivado de una difamación no puede convertir millonario en dólares al indemnizado y arruinar al demandado. Esa no es la finalidad de una indemnización por daños morales, de acuerdo con la ley, la doctrina y la jurisprudencia”, señala Garantón.

Otero señala que El Nacional seguirá adelante, en pie de lucha, sin importar cuál sea el resultado del pleito con Cabello. Pero ese parte de tranquilidad va acompañado de una advertencia para los medios en todo el mundo.

“En Venezuela el panorama para los medios es escalofriante. Son atacados y amenazados sin escrutinio legal con el objetivo de que todos caigan en poder de alguien afín al régimen. Pero que esto sirva de recordatorio de que algo así puede pasar en cualquier lugar, y los medios de otros países deben estar alerta. No pueden dar la libertad de expresión por garantizada”, dice el director de El Nacional tras su experiencia.

Tiene razón. Hay una tendencia en naciones con gobiernos represivos, como Turquía, Nigeria, Nicaragua y República del Congo en reformar la legislación para cercar el trabajo de reporteros, restringiendo el espacio para compartir su trabajo o amenazándolos con penas de prisión o castigos físicos y multas en caso de difundir información que, de manera unilateral, deciden que “perjudica los intereses nacionales y agita la opinión pública. Otras naciones, como la India, simplemente controlan a su merced los canales de información para evitar que la prensa cumpla con su trabajo.

Es por eso que El Espectador se ha unido a El Nacional para realizar el foro “El alto costo de informar”, que contará con la participación de representantes de medios de Argentina, Costa Rica, Ecuador y España para exponer los riesgos para el gremio en la región a propósito del asedio contra los medios en Venezuela. El evento se realizará a las 3:00 p. m. (hora de Colombia) a través de nuestra plataforma digital.

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