Así aprovechan los políticos peruanos el suicidio de Alan García para evadir la justicia

La muerte del expresidente peruano, acusado de corrupción, se ha convertido en la principal justificación de diversos políticos para intentar desprestigiar la lucha anticorrupción de fiscales y jueces en Perú, en una semana crucial para la investigación del caso Odebrecht.

Simpatizantes del expresidente peruano Alan García acompañan a su féretro al cementerio, en Lima (Perú).EFE

El remezón que ha provocado el suicidio del expresidente Alan García el pasado 17 de abril, junto con la sentencia de tres años de prisión para el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, no ha dejado de sentirse en el ambiente político peruano, que en las últimas dos semanas ha visto como en las primeras planas de los diarios el escándalo de Odebrecht ha ocupado los titulares.

Ambos casos, que involucran a un expresidente fallecido y a otro en grave estado de salud, se han convertido en los últimos días en la principal justificación de diversos políticos para intentar desmontar la lucha anticorrupción de fiscales y jueces en Perú, en una semana crucial para la investigación del caso Odebrecht, en la que puede haber nuevos señalados.

Las críticas de sectores políticos leales a los exmandatarios hacia el Ministerio Público (poder judicial en Perú) por la forma en que ha llevado los procesos judiciales en contra de los señalados por corrupción han hecho eco incluso en la presidencia. La medida más cuestionada es la prisión preventiva, cuya aplicación en el caso de los dos expresidentes ha sido cuestionada por el trágico desenlace de la vida de Alan García.

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Al término de la que fue, por seguro, una semana de pasión política en Perú, el presidente peruano Martin Vizcarra, expresó durante una alocución su preocupación por el que considera un aumento en la aplicación de este mecanismo judicial, la cual encarcela a los sospechosos mientras se da el juicio. Aunque el jefe de estado reconoció que en su país hay independencia de poderes, y que las decisiones judiciales no son consultadas con el ejecutivo, el jefe de estado pidió a los fiscales de su país que “reflexionaran” al momento de emitir sus fallos.

“El Ministerio Público (poder judicial en Perú) está aplicando una medida que es excepcional casi en la totalidad de los casos”, afirmó Vizcarra. La declaración vino después de que los familiares de Kuczynski, de 81 años, denunciaran que el fallo en contra del expresidente era “excesivo”, pues actualmente el exmandatario se recupera de una afección cardiaca, y la consideraban una “segura sentencia de muerte”.

"Desde hace un año se encuentra prácticamente recluido en su casa afrontando todas las investigaciones, con esta conducta es inaceptable que se diga que exista en él un riesgo de fuga o la intención de evadir a la justicia", explicó Alex Kuczynski, hijo del mandatario al leer un comunicado de prensa de la familia.

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Las palabras de Vizcarra no fueron bien recibidas por el poder judicial en Perú, en especial dentro de los investigadores del entramado de corrupción que involucra a la constructora brasileña, que tras la muerte de Alan García han sido cuestionados por sectores leales al exmandatario, y quienes afirman que hay una persecución.

En declaraciones a medios locales, el juez José Domingo Pérez, fiscal encargado de la investigación de Odebrecht en Perú, respondió al presidente Vizcarra y reiteró que el Ministerio Público “seguirá realizando su labor como siempre la ha realizado, con independencia”. Además, agregó que “solicitaba el respeto a la independencia de la administración de justicia”.

Pérez fue quien ordenó la semana pasada el allanamiento a la residencia de Alan García, la cual terminó con el suicidio del expresidente, y quien también dictó el fallo de prisión preventiva en contra de PPK. En la actualidad, la investigación sobre el caso Odebrecht ha dejado a 38 personas en prisión preventiva, 32 con impedimento de salida del país, y más de 300 investigadas entre la clase política y empresarial, incluso más de 150 con bienes embargados.

Por eso, la dura respuesta de Pérez al presidente trataba de enviar un mensaje claro al ejecutivo peruano en un momento en que los cuestionamientos hacia la Fiscalía han crecido. Aunque la crítica sobre la aplicación de la prisión preventiva no es nueva, el suicidio de García les dio alas a sectores políticos cuestionados por casos de corrupción para poner en entredicho el accionar de los investigadores del caso Odebrecht, sobre todo en el operativo contra el expresidente.

De hecho, algunos políticos pidieron que se investigara a Pérez por supuestas irregularidades en el allanamiento que terminó con el suicidio del expresidente.

"(El suicidio de Alan García) es el resultado de un pérfido, malévolo y abusivo atropello de una Fiscalía que puede meter preso a quien le da la gana", afirmó Luis Gonzales Posada, excanciller peruano durante el segundo gobierno del exmandatario fallecido.

Gonzales Posada, quien también fue excongresista, acusó a la Fiscalía de querer apresar arbitrariamente a políticos sin un debido proceso. La excongresista y exministra del Interior Mercedes Cabanillas coincidió en acusar al Ministerio Público de abusar de su autonomía para perseguir a personajes como García.

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El luto por García ha reconfigurado además las filas del partido fujimorista Fuerza Popular, que tras haber pugnado el año pasado desde el Congreso contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, hasta lograr su renuncia, ahora se muestra indignado ante la reciente medida judicial de una prisión preventiva por 36 meses por presunta corrupción vinculada al caso Odebrecht.

Pero de diferente manera, representantes de la izquierda, como el congresista Marco Arana o la excandidata presidencial Verónika Mendoza, líder de la agrupación Nuevo Perú, se han expresado a favor de los jueces que lideran la investigación, quienes defienden su gestión a pesar del trágico desenlace del proceso contra Alan García.

"La lucha contra la corrupción no debe detenerse. Lamentamos que el suicidio del señor García se dé cuando el Sistema de Justicia cercaba el entorno de corrupción que él habría logrado construir por décadas", señaló Arana en sus redes sociales.

Mendoza expresó, mediante un comunicado, que no se puede permitir la utilización política de una tragedia para "deslegitimar la lucha contra la corrupción".

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La defensa de la labor de los fiscales y jueces peruanos también fue apoyada por el escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien dijo que "sería trágico" que "en la comprensible emoción del suicidio de García" se sabotee la labor de la Judicatura.

El premio Nobel de Literatura de 2010 enfatizó que un grupo de fiscales y jueces peruanos "ha sorprendido al mundo por el coraje con el que han venido actuando para combatir la corrupción".

Lo cierto es que la investigación, que involucra a los últimos cuatro expresidentes peruanos, entre los que se encontraba García, tendrá esta semana, entre el 23 y 26 de abril, nuevos nombres y confesiones de los pagos ilegales que la constructora brasileña hizo en Perú, cuando el exsuperintendente de Odebrecht en el país, Jorge Barata, responda en Brasil ante los fiscales peruanos. Lo que revele podría comprometer y ampliar la lista de investigados de la Fiscalía para el caso Lava Jato, en Perú.

 

 

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