Por el mismo camino que llegaron se devolvieron: 202 migrantes provenientes de Pakistán, Bangladés y Marruecos fueron devueltos ayer a Turquía como parte de la primera fase del acuerdo entre este país y la Unión Europea. El acuerdo prevé que todos los migrantes llegados desde el 20 de marzo y que se encuentren en situación ilegal serán retornados a Turquía para que pidan refugio allí. Un número igual de migrantes serán trasladados desde Turquía hacia Europa. De ese modo, Europa controla la apertura de sus fronteras a los migrantes de los diversos conflictos de Oriente Medio y África, que el año pasado sumaron más de un millón y este año han superado los 160.000.
Por este acuerdo, Turquía recibirá cerca de 6.000 millones de euros hasta 2018 para el sustento de los más de 2 millones de refugiados sirios que están en su territorio y para los cientos que vendrán. El presidente turco, Recip Tayyip Erdogan, ha dicho que recibe a los migrantes “por piedad” y no por dinero, y recordó que desde antes del acuerdo Turquía ha abierto sus puertas a los vecinos sirios, que se enfrentan a una guerra general desde hace cinco años.
Europa, a su vez, ha sustentado esta decisión en el hecho de que es imposible contener la marejada de migrantes que han llegado en los dos últimos años y ha dicho que Turquía es un “lugar seguro” para quienes desean recomenzar su vida. De paso, Turquía se convierte en la frontera entre Oriente Medio, África y Europa: el que antes era el puerto de entrada a Grecia, y de allí hacia el resto de Europa, se ha convertido con este acuerdo en un punto de contención. La zona marítima y terrestre entre Grecia y Turquía es hoy el hogar de más de 4.000 migrantes que intentan seguir su viaje hacia el norte y el centro de Europa, pero están estancados por los requerimientos burocráticos.
El acuerdo, criticado por entidades como la ONU y Amnistía Internacional, desplaza el peso de la migración hacia Turquía, que ha buscado ser socio de Europa por lo menos desde 1922. Con este trato, la política entre Turquía y la Unión Europea funciona de modo simbiótico: la reputación turca depende de la aprobación internacional (en manos de Europa), mientras que la tranquilidad fronteriza de Europa depende del gobierno turco. Sin embargo, Turquía ha sido rechazado por los estamentos europeos por años. Beatriz Miranda, analista de este diario, recordó hace poco las palabras del expresidente francés Valéry Giscard d’Estaing: “Turquía jamás podrá pertenecer a la Unión Europea por tener otra cultura, enfoque y modo de vida. Su adhesión significaría el fin de Europa. Turquía no es un país europeo”.
Sin embargo, este acuerdo apunta en la dirección por completo opuesta: la integración paulatina de Turquía a la Unión Europea. Además de que desde junio se les permitirá a los ciudadanos turcos la entrada sin visa a Europa, el gobierno de Erdogan se encuentra en una posición favorable: haga lo que haga, Europa tratará de contenerse en sus palabras y sus actos a la hora de castigarlo. Y al tiempo que Europa cede en la cerrazón, también cede sus valores esenciales (“libertad, igualdad y fraternidad”) por encontrar un aliado inmediato, y en muchos sentidos opositor, para capotear la crisis migrante.
Uno de los principales argumentos contra el acuerdo es que Turquía sufre una intensa situación de inseguridad. “Turquía no es un país seguro para los refugiados”, dijo Giorgo Kosmopoulos, cabeza de Amnistía Internacional, a la AP. “La Unión Europea y Grecia saben esto y no tienen excusa”. Desde octubre de 2015, la capital turca, Ankara, ha sufrido tres atentados con decenas de muertos. La entrada turca en la guerra contra el Daesh (o Estado Islámico) y sus constantes ataques a los kurdos han suscitado esta respuesta despiadada. En el medio saudita Al Arabiya, tras el último atentado en Ankara a mediados de marzo, un analista escribió: “Este golpe ha demostrado una vez más la vulnerabilidad de Turquía frente al terrorismo, mientras que la alta frecuencia de estos ataques en grandes ciudades aumenta la preocupación por un posible déficit en las agencias de inteligencia”.
Además, el contexto religioso y político de Turquía está en las antípodas del europeo. Escribe Miranda: “El gobierno de Erdogan gobierna con una ola de autoritarismo generalizado con énfasis en ataques a las guerrillas kurdas en territorio sirio, encarcelamiento de periodistas y toma de periódicos por denuncios vinculados a lavado de dinero y vínculos del servicio secreto turco con el Estado Islámico”.
Mientras Europa defiende en teoría la libertad de prensa, Turquía ha tomado decisiones por completo distintas: Can Dundar y Erdem Gul, periodistas de Cumhuriyet (uno de los medios más grandes de Turquía), están en juicio por espionaje luego de que publicaran un video donde las autoridades turcas permitían el paso ilegal de armas hacia Siria.
En la guerra, Turquía también sale beneficiado: a pesar de que los kurdos, sus enemigos por antonomasia, son aliados de EE. UU., atacarlos no ha significado la reprimenda de los países aliados en la guerra contra el Daesh. El gobierno de Erdogan también ha tenido roces con el modelo político de Occidente: en una declaración reciente rechazó la “lección de democracia” de Barack Obama, quien lo criticó por los recientes enfrentamientos entre su gobierno y los medios.