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La salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea, al fin del período de transición el 31 de diciembre, puede reactivar la actividad de los grupos paramilitares en Irlanda del Norte, advirtió el martes un informe de una comisión independiente creada en 2016 conjuntamente por los gobiernos británico e irlandés.
La comisión subrayó que el Brexit tiene “el potencial de complicar aún más y de manera significativa el fin de la actividad paramilitar” en Irlanda del Norte. Según el informe, los grupos paramilitares “siguen siendo una realidad de la vida de Irlanda del Norte en 2020” y todavía tienen miles de miembros. En abril de 2019 la periodista Lyra McKee murió al recibir un disparo durante enfrentamientos en Londonderry entre el grupo disidente Nuevo IRA y la policía.
Una de los puntos más complicados del Brexit es cómo evitar reinstalar una frontera en la isla de Irlanda que ponga en peligro la frágil paz alcanzada en 1998 tras 30 años de violencia entre republicanos católicos, unionistas protestantes y el ejército británico, que dejó 3.500 muertos.
El acuerdo de divorcio entre Londres y Bruselas incluye disposiciones destinadas a evitar dicha frontera, pero el gobierno de Boris Johnson está tramitando la aprobación parlamentaria de una ley que permitiría revocar unilateralmente algunas de esas disposiciones.
Para intentar impedirlo, Bruselas lanzó un proceso legal al tiempo que sigue negociando con Londres el acuerdo de libre comercio que debería regir sus relaciones bilaterales a partir del 1 de enero.
Pero las conversaciones chocan con obstáculos desde hace meses y, superados ya todas las fechas límites fijadas por ambas partes, los contactos prosiguen de forma intensiva ante el poco tiempo restante.
En octubre, un comité parlamentario británico advirtió de que cualquier infraestructura instalada en la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte tras el Brexit crearía un riesgo de violencia al constituir un “blanco” de ataques y un argumento para reclutar por parte de los republicanos disidentes.
No es la única amenaza a la seguridad que podría desencadenar una salida sin acuerdo. Entre otras cosas, se perderá el acceso policial a bases de datos criminales, según la comisión parlamentaria. El país podría enfrentarse a un deterioro en materia de seguridad a partir de enero de 2021 si finalmente ambas partes no alcanzan una posición consensuada sobre su relación futura en las próximas semanas.
La presidenta de la comisión de Asuntos Internos de la Cámara de los Comunes, Yvette Cooper, citó hoy en el Parlamento unas cartas que consideró “extremadamente graves” e “inquietantes” recibidas por parte de la Agencia Nacional del Crimen (NCA) y del Consejo Nacional de Jefes de la Policía (NPCC).
“Se trata de cartas extremadamente graves y, francamente, muy inquietantes de los agentes de policía más veteranos del país que están al frente de los preparativos policiales para el 1 de enero sobre el perjuicio en materia de seguridad que el Reino Unido afrontará si no hay un acuerdo negociado en las próximas semanas”, afirmó la diputada laborista.
Cooper remarcó que ambos organismos han proporcionado “detalles importantes por primera vez sobre los planes de contingencia que se están elaborando”.
“Han dejado claro que sin un desenlace negociado, las autoridades británicas perderán la capacidad de utilizar una amplia gama de herramientas para las fuerzas de seguridad con un importante impacto operacional en la policía y la seguridad”, explicó.
Las misivas, según agregó la presidenta de la citada comisión parlamentaria, también sugieren que se perderán “importantes capacidades en materia de seguridad”, como el acceso a bases de datos criminales, incluso aunque finalmente se alcance un consenso.
En ese sentido, agregó que los citados organismos advierten de que si se pierde el acceso a esas bases de datos “clave” o a información sobre órdenes de arresto, se provocará un “impacto negativo en la protección ciudadana y en el trabajo para erradicar el crimen grave y organizado y el terrorismo”.
La comisión sostiene que el Gobierno debe “explicar con urgencia” qué medidas se están adoptando a fin de asegurar que hay un pacto sobre cooperación en este sentido. En concreto, en una de las misivas enviadas por el presidente del NPCC, Martin Hewitt, este advirtió de que un Brexit abrupto llevará a que “los sistemas de último recurso sean más lentos, haya menos visibilidad de información e inteligencia y el trabajo conjunto sea más engorroso”.
Por su parte, Steve Rodhouse, el director general de operaciones en la NCA, subrayó en otra de las cartas que ese escenario hipotético podría provocar que la “capacidad se reducirá notablemente” y podría afectar a la “protección ciudadana”. Agregó que la Europol es la herramienta que “más preocupa desde la perspectiva del crimen grave organizado”.
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