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“La semana que viene habrá más decretos sobre armas, porque las armas son un derecho de ustedes”, dijo el presidente brasileño, Jair Bolsonaro ante cientos de personas en la inauguración de un centro deportivo de alto rendimiento en la ciudad de Cascavel, en el sureño estado de Paraná. “No le tengo miedo al pueblo armado, porque eso impide que un gobernante se convierta en dictador, y me siento muy bien junto a un ciudadano de bien que está armado”, apuntó el mandatario.
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Bolsonaro, líder de una emergente ultraderecha y quien se proclama “armamentista”, asumió el poder en Brasil en enero de 2019 y desde entonces ha impulsado diversas medidas para promover la “autodefensa” de la sociedad contra la creciente delincuencia.
De acuerdo con el New York Times, durante el primer año en el cargo de Bolsonaro, el gobierno otorgó más de 200.000 licencias a propietarios de armas. “La policía federal, que emite licencias de autodefensa, aprobó 54,300 permisos en 2019, un aumento del 98 por ciento con respecto al año anterior. El ejército, que otorga permisos a cazadores y recolectores, emitió más de 147,800 nuevas licencias en 2019, un aumento del 68 por ciento”, se lee en la publicación.
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“A largo plazo, esto podría ser desastroso”, dijo Natália Pollachi, coordinadora de proyectos del Instituto Sou da Paz, un grupo de políticas públicas que apoya leyes estrictas sobre armas, al mismo diario estadounidese. De acuerdo con Pollachi la avalancha de armas en los hogares brasileños puede hacer que la violencia doméstica sea más letal, y acelerar un mercado negro que ya está prosperando.
De hecho, muchas de esas medidas, que facilitan el acceso de los civiles a las armas y municiones, han sido moderadas o incluso anuladas tanto por el Parlamento como por la Justicia, pero el mandatario dio a entender este jueves que no se ha dado por vencido en ese asunto. También elogió la nueva correlación de fuerzas en las cámaras de Diputados y del Senado, que renovaron sus directivas esta semana y ahora están presididas por parlamentarios afines al Gobierno, lo que puede influir decisivamente en los trámites legislativos.
En ese mismo marco, reiteró que insistirá en que el Parlamento apruebe la llamada “exclusión de licitud”, que impediría llevar a la Justicia a un policía que mate a un delincuente en ejercicio de sus funciones, aún si se sospechara que pudieran haber ocurrido abusos.
Esa propuesta fue incluida en un paquete de medidas contra la delincuencia remitido por el Gobierno al Congreso, que finalmente decidió eliminar ese punto, rechazado en forma enérgica por organizaciones de derechos humanos, que ubican a los cuerpos de seguridad de Brasil entre los más violentos del mundo. Sin embargo, Bolsonaro promete insistir. “Un policía en operación tiene que tener garantías, pues es jefe de familia, un trabajador, que no puede, después de que cumplió su misión, recibir en su casa la visita de un oficial de justicia”, afirmó este jueves.
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“Si él está armado en la calle, es porque nosotros le dimos las armas”, subrayó Bolsonaro al reiterar que insistirá en ese proyecto de ley a lo largo del nuevo año legislativo, que fue inaugurado este miércoles.
Durante la reapertura de las cámaras legislativas, después del receso de fin de año, Bolsonaro fue recibido por la minoritaria oposición al grito de “genocida”, por su errática gestión de la pandemia de COVID-19, que ya deja más 227.000 muertos en el país. El mandatario, que encabeza una fuerte corriente negacionista respecto a la pandemia, volvió a defender las medidas del Gobierno para “preservar empleos” en medio de la crisis sanitaria y dijo que una de las misiones de su gestión es “vencer al izquierdismo”.