Una nueva Constitución para Chile

Transeúntes en Santiago de Chile revisan las portadas de los diarios que reportan del triunfo del "aprueba" que debe llevar a una nueva Constitución.

Foto: AFP / JAVIER TORRES

Este domingo se llevó a cabo una elección verdaderamente histórica. Chilenos y chilenas decidieron, de manera contundente, a través de un plebiscito, que el país tendrá una nueva Constitución. El adjetivo nueva no debe ser tomado a la ligera. No estamos frente a una reforma constitucional, sino ante la posibilidad de redactar un texto desde cero, a partir de una hoja en blanco. La elección tuvo como propósito, asimismo, definir el mecanismo a partir del cual se redactará la nueva Constitución, esto es a través de una convención constitucional integrada por 155 miembros que serán elegidos por medio del voto directo el día 11 de abril de 2021.

La convención constitucional será paritaria por género y contempla cuotas especiales para integrantes de los pueblos originarios. Este órgano deliberativo redactará la nueva Constitución en un plazo de 9 meses prorrogables por hasta tres meses más. El texto debe ser aprobado por al menos 2/3 de sus integrantes y posteriormente ratificado por un plebiscito de salida. Si en el plazo establecido los convencionales no logran arribar a un acuerdo, la actual Constitución, aprobada en 1980, se mantendrá vigente.

Este plebiscito es extraordinario por el contexto en el cual se originó. En octubre de 2019, Chile experimentó una ola de protestas masivas, mayormente pacíficas, pero ocasionalmente violentas, que se extendieron durante más de dos meses. En medio de un estallido social de proporciones bíblicas, que a decir del presidente, Sebastián Piñera, el gobierno no vio venir, y que a todas luces tampoco supo cómo desactivar, las principales fuerzas políticas del país convinieron un “Acuerdo por la Paz Social” cuyo eje central contemplaba un plebiscito constitucional. Así, la nueva Constitución se convirtió en una estrategia política para desarticular un conflicto social que de otro modo no avizoraba un desenlace auspicioso.

Pero, ¿fue la demanda por nueva Constitución la principal exigencia de la ciudadanía movilizada? Ciertamente no. Los ciudadanos y ciudadanas movilizados no se articularon en torno de un líder, agrupación o movimiento ni clamaron por una reforma concreta. Muy por el contrario, durante el estallido social el espacio público se vio inundado por múltiples demandas y reivindicaciones heterogéneas tales como mejorar el acceso a la salud, salarios dignos, educación de calidad, el fin de las aseguradoras de pensiones y la reducción de las desigualdades en torno a categorías socio-estructurales, como la clase, el género y la etnia, entre otras.

Sin embargo, para buena parte de la ciudadanía y las elites políticas, la Constitución de 1980 se había convertido en una verdadera piedra en el zapato tanto en lo simbólico como en lo instrumental. Simbólicamente, la Constitución vigente fue redactada en plena dictadura y sin participación ciudadana, algo que ha llevado a muchos a considerar que se trata de un texto con pecado concebido. Dado que el país enfrenta una profunda crisis de legitimidad, expresada en escasos niveles de identificación partidaria, confianza en las instituciones y participación política, contar con una Constitución democrática, producto de la deliberación, parece tan oportuno como necesario. Instrumentalmente, la Constitución fue diseñada para mantener el statu quo, a través de diversas reglas que obstaculizan el cambio, y no para procesar institucionalmente las demandas acumuladas y el descontento. Por eso, algunos consideran que para salir de la crisis es imprescindible contar con una nueva Constitución que no opere como un freno al cambio.

Lo que aún está por verse, es si una nueva Constitución logrará resolver la profunda crisis de legitimidad en la que Chile se encuentra sumido. No caben dudas que las crisis políticas suelen ofrecer oportunidades para reflexionar en torno a qué clase de país la ciudadanía desea construir y para adoptar transformaciones necesarias que de otro modo sería difícil realizar. También sabemos que cuando las personas perciben los procesos de toma de decisiones como legítimos son más proclives a aceptar sus resultados, aun cuando éstos les sean adversos. Estas, ya de por sí, son razones poderosas para albergar esperanzas respecto de una nueva Constitución.

No obstante, este proceso entraña enormes desafíos en torno al manejo de expectativas crecientes. Buena parte de la ciudadanía podría estar esperando que una nueva carta magna traiga consigo una solución a muchos de los problemas y demandas que se manifestaron a partir del estallido social. La disponibilidad de medicamentos, la desigualdad socioeconómica, la discriminación por género, los abusos de las empresas privadas y los niveles de empleo no van a resolverse de manera inmediata ni expedita si se aprueba un nuevo texto constitucional.

El contexto tampoco ayuda. El COVID-19 golpeó duramente a Chile, que ya superó los 500.000 casos acumulados. La economía también ha sufrido los embates de la pandemia, con niveles de desempleo en torno al 13 % y una proyección de -6,3 % para este año, según el Banco Mundial. Las encuestas de opinión muestran que el descontento generalizado aún prevalece.

Es innegable que contar con una nueva Constitución es un paso necesario para resolver la crisis de legitimidad en la que el país se encuentra sumido. Sin embargo, con esto no será suficiente. Si la clase política no está a la altura de las circunstancias, si el manejo de las expectativas ciudadanas es deficiente y si no se logran construir amplios acuerdos sociopolíticos transversales en torno a un proyecto común será difícil mirar el futuro con optimismo.

* Decana de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia Universidad Diego Portales, Chile.

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