En 2012, Leonel Briozzo, entonces viceministro de Salud de Uruguay, promovió una histórica ley que despenalizó el aborto. La normativa, llamada Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, permite a las mujeres abortar legalmente si se cumplen una serie de requisitos formales en los hospitales.
Amparada por dicha ley, una mujer uruguaya comenzó el proceso para realizarse un aborto con ocho semanas de gestación. Sin embargo, una jueza ordenó suspender el proceso de interrupción involuntaria del embarazo debido a que el hombre con el cual gestó el bebé presentó un recurso de amparo para proteger "la vida del hijo en común".
Según los argumentos de la jueza, la ley exige informar al médico responsable sobre las circunstancias relativas a la concepción, las condiciones sociales o problemas que justifican el procedimiento. La mujer no aportó la imprescindible historia clínica.
Si bien la justicia entendió que la pareja no tenía unión formal y no exhibía las connotaciones del concubinato, aceptó el pedido de suspender el proceso abortivo porque el hombre quería asumir al hijo "independientemente de que la madre esté dispuesta a ejercer su rol" y que tenía condiciones económicas de hacerlo.
Federico Arregui, abogado del hombre, dijo que éste le había pedido sin éxito a la mujer que desistiera del aborto, por lo cual decidió apelar a la justicia: "El padre no solamente no quiere (la interrupción), sino que quiere hacerse cargo de ese niño", dijo.
El fallo judicial es inédito y sienta un precedente importante. Según la jueza, es vital controlar esos requisitos "porque sino la ley sería un pase libre para que se aborten niños entre las primeras doce semanas, solo con pedirlo, y eso no es lo que dice la ley...".
Allegados a la mujer aseguraron que se apelará la decisión de la jueza.
El tema generó un aborto sin precedentes. Los gremios de jueces y abogados de Uruguay, sin embargo, le dieron su respaldo a la jueza que decidió suspender el procedimiento.
La Asociación de Magistrados de Uruguay (AMU) y el Colegio de Abogados defendieron a la jueza Pura Concepción Book por su decisión del 23 de febrero y ratificaron que actuó conforme a "los principios de las Naciones Unidas sobre independencia judicial" al rechazar las presiones e intromisiones.
El Colegio de Abogados instó al Ejecutivo a cumplir el fallo, pues lo contrario "colide con los principios de tutela jurisdiccional, igualdad y seguridad que asientan nuestro Estado de Derecho".
Ambas reacciones surgieron luego de que llovieran críticas y reclamos a la decisión de Book por parte de grupos feministas, colectivos sociales, políticos y personalidades.
El exviceministro de Salud Leonel Briozzo, promotor de la histórica ley que despenaliza el aborto aprobada en 2012, exigió incluso la destitución de la jueza de la ciudad de Mercedes (departamento de Soriano, sur).
El fallo sentó un precedente importante considerando que está vigente la ley que permite a las mujeres abortar legalmente en hospitales si cumplen con una serie de requisitos formales.
La mujer, ya con diez semanas de gestación, apelará la decisión.