Uruguay tendrá segunda vuelta presidencial entre Martínez y Lacalle Pou

El candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, y el del Partido Naciona, Luis Lacalle Pou, se enfrentarán en segunda vuelta en Uruguay el próximo 24 de noviembre. / EFE

La calma reinó, como de costumbre, en Uruguay durante la jornada en la que 2,7 millones de ciudadanos estaban llamados a las urnas para elegir, entre once candidatos, al próximo presidente de la nación para el período 2020-2025 y la nueva composición del Parlamento. Los uruguayos se debatían entre la continuidad o el cambio. Por un lado estaba Daniel Martínez, candidato del oficialista Frente Amplio, y por el otro Luis Lacalle Pou, del opositor Partido Nacional, ubicado en la centro derecha. Ninguno logró superar el 50 % de los votos, por lo que habrá una segunda vuelta a finales de noviembre.
 
Para la coalición de izquierda del Frente Amplio, que ya lleva tres períodos consecutivos en el gobierno, estas elecciones significaron su desafío más difícil tras quince años en el poder. Según analistas e incluso funcionarios del gobierno, los años han desgastado la maquinaria de la coalición, llegando a poner en duda su mayoría en el Parlamento. De la jornada del domingo salió un gobierno menos hegemónico que los anteriores y con la necesidad de negociar con otras fuerzas, por lo que se pronostica un reto  mucho mayor para la nueva administración.

“En Uruguay nunca hay grandes problemas políticos. Lo que tenemos es que (los del Frente Amplio) perdieron la brújula en el tema educación y en el tema seguridad”, dijo Alberto Yaffe, comerciante de 63 años que votó al liberal Partido Colorado.

Además, para la segunda vuelta presidencial, que se realizará el próximo 24 de noviembre, las encuestas no son tan positivas para el oficialismo, pues se augura un vuelco electoral a favor del opositor, por lo que el Frente Amplio emprende una carrera para consolidar su base electoral y llegar firme a la siguiente etapa. 

Las coaliciones no serán el único desafío del nuevo gobierno; también lo será la seguridad. Mientras el Frente Amplio y el Partido Nacional esperaban los números de las votaciones para precisar su estrategia de campaña y las alianzas que deberán pactarse de cara a la segunda vuelta, otra votación igual de importante se desarrollaba en un segundo plano: el plebiscito a la polémica reforma constitucional “Vivir sin miedo”, que no logró pasar el umbral necesario de votos.

Este proyecto, impulsado por el derechista Partido Nacional, proponía, entre otras cosas, la creación de una Guardia Nacional que trabaje en la seguridad pública junto con la Policía; allanamientos nocturnos, pues la Constitución de Uruguay solo permite los diurnos; la cadena perpetua revisable para crímenes gravísimos y el cumplimiento efectivo de las penas, que incluye la prohibición de la libertad anticipada para determinados delitos, todas soluciones propuestas al problema de inseguridad.

Considerado en otra época un oasis de paz en una región turbulenta, Uruguay ha visto  sus estadísticas de seguridad degradadas en los últimos años. El país registró un récord de homicidios en 2018 (414), con un alza del 45 % respecto a 2017. “Somos una isla en América del Sur y están tratando por todos los medios de que eso no siga ocurriendo (...). Se han hecho cosas mal, estoy de acuerdo, pero queda mucho por hacer”, dijo por su lado Beatriz Queiruga, jubilada de 62 años que votó al oficialismo.

Quienes rechazaban la medida y respondieron con la campaña para votar por el no a su implementación señalan que este proyecto significa “más de lo mismo” que se ha visto ya en el país y en los vecinos de la región. “La idea de que la forma de conseguir que la seguridad mejore en el país por medio de la represión y el castigo punitivo es una moneda corriente. Lo han llevado adelante los últimos gobiernos… son ideas que de hecho se sabe que no funcionan. En Brasil la cantidad de muertos que van por cuenta de las Fuerzas Armadas es impresionante. También la cantidad de desaparecidos que hay en México”, dice Daniel Buquet, vocero de la campaña “No a la reforma”, quien exige otras soluciones alternativas Le recomendamos: Día de elecciones en América Latina: Uruguay y Argentina 

En un contexto regional agitado, con masivas protestas en Chile en demanda de mejoras económicas y elecciones cuestionadas por observadores internacionales en Bolivia, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez destacó la solidez institucional de su país.

"Los uruguayos tienen gran adhesión al sistema democrático", declaró Vázquez (Frente Amplio, izquierda), que culminará su segundo mandato el 1 de marzo.

Antes de votar, también se refirió a su diagnóstico de cáncer de pulmón: "Tengo la esperanza y el deseo de ponerle la banda presidencial al próximo presidente", dijo a periodistas al salir de su casa.

Dos visiones

Durante la campaña el candidato opositor ha sido un duro crítico del persistente déficit fiscal en Uruguay, que en los gobiernos del Frente Amplio ascendió a 4,8% del PIB, y ha propuesto una serie de medidas para ahorrar en el Estado, pero sin subir impuestos, a contramano de la tesitura del actual gobierno.

El candidato oficialista, en tanto, no descarta ninguna herramienta para subsanar los problemas de caja de Uruguay, que financia su brecha financiera con deuda.

Mientras Lacalle Pou ha calificado de "vergüenza nacional" la política uruguaya de cercanía con Venezuela, Martínez declaró a la AFP que continuaría "totalmente" con la postura actual del gobierno del Frente Amplio, que evita condenar al régimen de Nicolás Maduro en foros internacionales y tiene una relación muy cercana desde siempre con el chavismo.

Martínez se dice aperturista en materia comercial, pero tiene reparos en firmar cualquier tipo de acuerdo de libre comercio, en particular si no existen salvaguardas para el desarrollo local de tecnología y las compras públicas.

Lacalle Pou ha señalado, por su parte, que irá por una diplomacia comercial para abrir mercados y atraer inversión extranjera que permita paliar el desempleo de 9%, luego de las dificultades que ha tenido el gobierno de Vázquez para avanzar en tratados a los que se opone su fuerza política.

A pesar de esta situación, Uruguay logró firmar en junio, junto a los demás socios del Mercosur, un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea tras 20 años de negociaciones.