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Miles de uruguayos llegaron el miércoles a la Avenida 18 de Julio en Montevideo, la vía principal de la capital, para rechazar la reforma “Vivir sin miedo”, una medida propuesta por el Partido Nacional (PN) que pretende hacer cambios en la seguridad pública de Uruguay. La iniciativa, impulsada por el senador Jorge Larrañaga (PN), se someterá a votación el próximo domingo en un plebiscito, día en el que también se elegirá al próximo presidente de la nación.
Guardia Nacional con efectivos militares
Este nuevo cuerpo de seguridad sería integrado por 2.000 efectivos militares que cumplirían tareas policiales. Actualmente los militares solo cumplen tareas policiales en algunas reparticiones específicas como la guardia costera o la policía aeroportuaria, y también en los perímetros de cárceles.
Cumplimiento efectivo de penas
Quienes impulsan la reforma señalan que de 6.000 presos liberados al año 4.000 reinciden, y esto alimenta un fenómeno de puerta giratoria que facilita el ingreso y salida de delincuentes del sistema de justicia. “Si las penas no se cumplen hay impunidad”, recalcan los defensores de la reforma.
Allanamientos nocturnos
Con ello se permite el allanamiento a casas utilizadas como resguardo para la venta de drogas. Los “delincuentes sacan provecho de la especial protección que actualmente brinda la Constitución al hogar, para evitar de ese modo la acción policial”, según Larrañaga. Por ello, propone que por orden del juez la policía pueda ingresar a hogares en horas de la noche cuando haya sospechas de acciones ilícitas en el lugar.
Cadena perpetua revisable
La reforma propone crear la “reclusión permanente revisable”. En Uruguay no existe actualmente la cadena perpetua. “Existen delitos de una aberración tal que ameritan una severa respuesta de la sociedad. Quienes los cometen son difícilmente recuperables, por lo que la sociedad debe protegerse de estos individuos. Esta pena se aplicaría a los que violan o abusan y matan a un menor de edad, al sicariato y a los homicidas múltiples”, plantea el documento. El proyecto prevé que luego de 30 años de reclusión para este tipo de delincuentes, se revise su condena y se determine si pueden recuperar la libertad.El proyecto ha generado tanto reacciones positivas como rechazo entre los uruguayos. Le recomendamos: Los factores en común de las protestas en el mundo
“Lo que incrementa el riesgo en la sociedad y la inseguridad son los delincuentes. Se mira el tema de la seguridad pública desde una empatía con la delincuencia y no con la gente que trabaja y quiere vivir en paz”, sostuvo Larrañaga, quien defendió que su reforma no va contra los derechos humanos, sino contra la delincuencia y que por el contrario agrega instrumentos para defender los derechos que todos los días son agredidos. “Habrá cuerpos especial, con preparación especial, para llevar adelante los allanamientos”, agregó.
Sin embargo, quienes rechazan la medida y han fomentado una campaña para votar “no” a su implementación, señalan que este proyecto es “más de lo mismo” que se ha visto ya en el país y en los vecinos de la región. “La idea de que la forma de conseguir que la seguridad mejore en el país por medio de la represión y el castigo punitivo es una moneda corriente. Lo han llevado adelante los últimos gobiernos…son ideas que de hecho se saben que no funcionan. En Brasil la cantidad de muertos que van por cuenta de las fuerzas armadas es impresionante. También la cantidad de desaparecidos que hay en Uruguay. Más allá de que se diga que esto es distinto y habrá una conformación especial”, dice Daniel Buquet, vocera de la campaña “No a la reforma”.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Uruguay ha criticado la reforma y señala que implica “retroceder en el rol del Estado como garante de los derechos humanos”.
La última encuesta que midió la intención de voto sobre el plebiscito, realizada por la consultora Factu, apunta a que el 40% de los electores dice que votará la iniciativa, mientras que el 16% tiene dudas al respecto. Según Eduardo Bottinelli, director de esta consultora, alrededor de la mitad de los dudosos terminan inclinándose por votar a favor de la reforma. Dentro del Frente Amplio, partido del gobierno actual, solo el 15% votará a favor del cambio constitucional, mientras que en el PN y en el partido ultraderechista Cabildo Abierto la intención de voto supera el 61%.
El domingo los uruguayos están convocados a las urnas para elegir a su próximo presidente, al igual que sus vecinos de Argentina. Aunque Daniel Martínez, candidato del partido oficialista Frente Amplio, lidera las encuestas, el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, se mantiene cerca en los sondeos, por lo que se espera que haya una segunda vuelta en el país. Analistas de la región se preguntan si la maquinaria del Frente Amplio, tras 14 años en el poder, le servirá para mantenerse en el gobierno o el desgaste le causará problemas en esta ocasión.
América Latina en general vive un descontento generalizado en las últimas semanas, por lo que la hornada electoral del domingo en Argentina, Uruguay y también en Colombia será un medidor sobre el futuro de la región.