EE. UU.: ¿Quién recibirá la vacuna contra el coronavirus primero?

Estados Unidos tendrá en cuenta la raza en el programa del coronavirus cuando esté lista la vacuna, que será, según las proyecciones a finales del invierno.

Megan Twohey / The New York Times
10 de julio de 2020 - 10:29 p. m.
Piden diversidad racial en los ensayos para la vacuna de coronavirus en EE. UU., que estaría lista al final del invierno.
Piden diversidad racial en los ensayos para la vacuna de coronavirus en EE. UU., que estaría lista al final del invierno.
Foto: Agencia AFP

Los funcionarios de salud federales ya están tratando de decidir quién recibirá las primeras dosis de cualquiera de las vacunas efectivas que podrían llegar al mercado este invierno, pero podrían tardar unos meses más en estar ampliamente disponibles para los estadounidenses.

En abril, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) y un comité asesor externo de expertos en salud comenzó a trabajar en un sistema de clasificación para lo que podría ser un lanzamiento extendido en Estados Unidos. De acuerdo con un programa preliminar, cualquier vacuna aprobada será ofrecida en primer lugar a funcionarios fundamentales médicos y de seguridad nacional y, después, a otros trabajadores esenciales y a la población de riesgo: los adultos mayores en lugar de los niños, las personas con enfermedades preexistentes en lugar de las que están relativamente sanas.

Los funcionarios de la agencia y los consejeros también están considerando lo que se ha convertido en una opción polémica: poner a la población negra y latina, que ha sido víctima del COVID-19 de manera desproporcionada, antes que otros sectores de la población.

En reuniones privadas y una sesión pública reciente, el tema ha provocado exigencias de justicia racial; sin embargo, algunos expertos en medicina no están convencidos de que haya un fundamento científico para optar por esa opción, prevén desafíos jurídicos y les preocupa que priorizar a grupos minoritarios socave la confianza del público en las vacunas en un momento en que la inmunización se considera fundamental para acabar con la pandemia.

“No estoy muy segura de cómo recibirá el público la idea de ofrecerle la vacuna a una raza antes que a otra, cómo afectará a la manera en que la población percibe las vacunas como una medida confiable de salud pública”, afirmó Claire Hannan, directora ejecutiva de la Association of Immunization Managers, un grupo representado en el comité.

Aunque existe un protocolo estándar para el despliegue de vacunas (los CDC por lo general hacen recomendaciones y los departamentos de salud federal y estatal deciden seguirlos o no), la Casa Blanca ha presionado en algunas ocasiones a la agencia para corregir o postergar propuestas cuando le han parecido objetables. El presidente Donald Trump, quien ha presionado para que se reabran las escuelas, se ocupen los puestos de trabajo y se realicen eventos públicos de gran tamaño, se ha concentrado en las consecuencias políticas de las medidas de salud pública.

Desde el inicio de la pandemia, casi todos los aspectos de la respuesta de la administración han involucrado recursos escasos, una demanda elevada y afirmaciones de que la clase privilegiada estaba recibiendo una ventaja injusta. La Casa Blanca creó hace poco Operation Warp Speed (Operación a toda velocidad), un sistema multiagente para acelerar el desarrollo de una vacuna que ha invertido miles de millones de dólares de recursos federales en una cantidad creciente de empresas. En la audiencia pública del comité asesor, que se llevó a cabo a mediados de junio, un representante del Departamento de Defensa afirmó que la operación abordaría los planes de distribución en las próximas semanas.

Para acelerar la distribución, las vacunas más promisorias entrarán a la etapa de producción incluso antes de cumplir con las fases finales de los ensayos clínicos y de que sean autorizadas para uso público por la Administración de Alimentos y Medicamentos.

No obstante, habrá una brecha entre las primeras dosis que salgan de las líneas de producción y un abastecimiento suficiente para vacunar a la población estadounidense. “Yo diría que tardará meses”, predijo José Romero, presidente del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización.

El comité, que rinde cuentas al director de los CDC, desde hace mucho ha tenido un papel central en determinar cómo se implementarán las nuevas vacunas. El grupo incluye a quince miembros con derecho a voto elegidos por el secretario de salud que provienen de especialidades médicas como inmunología, enfermedades infecciosas, entre otras, 30 representantes sin derecho a voto de varios ámbitos de la salud y ocho funcionarios federales enfocados en vacunas. Aun así, el comité funciona principalmente lejos de los reflectores.

Romero se encuentra entre los cuatro miembros del comité que han estado deliberando sobre los programas desde la primavera de este año junto con médicos en los CDC, representantes del ámbito de la salud, especialistas en ética, y otros consultores externos. En junio, dieron un reporte a todo el comité acerca de su trabajo y ofrecieron un vistazo de las preguntas que habría que considerar.

Durante la elaboración de un programa de varios niveles para los primeros 1,2 millones de dosis de vacunas y luego los siguientes 110 millones, se han centrado en quiénes deben considerarse trabajadores esenciales, qué enfermedades preexistentes deben tenerse en cuenta y qué tipos de condiciones de vida ponen a las personas en alto riesgo, como los asilos para ancianos y los refugios para personas sin hogar. Entre las preguntas se encontraban: ¿Qué se debe hacer con las mujeres embarazadas? ¿Los profesores deberían ir por delante? ¿Los prisioneros deberían estar en un nivel de mayor prioridad?

No obstante, para el comité más amplio, las preguntas de si se debe priorizar la raza y el origen étnico provocaron el mayor debate.

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La población negra y latina se ha contagiado del virus a un ritmo tres veces mayor que la población blanca, y su mortalidad es casi del doble. Muchos de ellos tienen trabajos que les impiden trabajar en casa, dependen del transporte público o viven en casas hacinadas que aumentan el riesgo de exposición. Hay más probabilidades de que padezcan problemas de salud preexistentes, como la diabetes y la obesidad, que aumentan el riesgo de hospitalización y muerte. Estos grupos no solo tienen menos acceso a los servicios de salud, sino que también tienen un historial documentado de recibir una atención desigual.

Las preguntas se plantean en medio de un alboroto nacional por el pasado racista de Estados Unidos, que se extiende hasta su respuesta a las enfermedades infecciosas, incluido el infame estudio de la sífilis de Tuskegee, cuando el gobierno dejó sin tratamiento a cientos de hombres negros de manera deliberada, incluso cuando se conocía una cura para la enfermedad.

Sharon Frey, profesora de Enfermedades Infecciosas en la Universidad de San Luis, señaló las disparidades de salud entre la población negra y latina en la reunión reciente.

“Creo que es muy importante que los grupos estén ubicados en un nivel prioritario”, dijo. “Tal vez no un grupo completo, pero sí uno que incluya a las personas que viven en las zonas urbanas en estas condiciones de hacinamiento”.

Peter Szilagyi, profesor de Pediatría en la Universidad de California en Los Ángeles, dijo que estaba “en conflicto con respecto a la raza y el origen étnico en esta situación”.

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Szilagyi se preguntaba si se podía lograr más aún para los grupos minoritarios dando prioridad a las personas en general que padecieran enfermedades preexistentes y tratando de mejorar su acceso a la atención de la salud.

Romero, el presidente, estaba indeciso. “Esto no resolverá el problema que existe en este momento”, señaló. “Creo que tenemos que tratar el tema en este momento con la información que tenemos. Y así es: en mi opinión, son grupos que necesitan ser ubicados al frente”.

Harald Schmidt, profesor adjunto de Ética Médica y Políticas de la Salud en la Universidad de Pensilvania, no es miembro del comité, pero ha estado sugiriendo otras formas en las que podría funcionar la priorización de la vacuna. Schmidt prevé que los tribunales anularían cualquier directriz basada explícitamente en la raza y el origen étnico. En su lugar, ha propuesto utilizar un índice que tenga en cuenta la educación, los ingresos, el empleo y la calidad de la vivienda para clasificar a los vecindarios por su desventaja socioeconómica que, según él, podría servir como un buen indicador.

“Es imperativo que prestemos atención a la forma en que el COVID-19 ha impactado la salud de las minorías de manera diferente; de lo contrario, se agravan las desigualdades que hemos visto”, señaló Schmidt.

Independientemente de quién se decida que debe recibir las primeras dosis, no tendrá relevancia si las vacunas no funcionan para ese sector demográfico y eso no se determinará a menos que los ensayos de las vacunas incluyan a esos grupos. Hasta ahora, varias vacunas potenciales han entrado en la fase 3 final de los ensayos clínicos.

En una audiencia en el Senado la semana pasada, Robert Redfield, director de los CDC, y Francis Collins, jefe de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, destacaron la necesidad de que haya diversidad racial y de otro tipo dentro en los ensayos.

“Lo último que queremos hacer es tratar de recomendar quién debe recibir la vacuna sin tener información alguna sobre cómo funciona en la población que creemos que realmente la necesita”, afirmó Redfield.

Por Megan Twohey / The New York Times

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