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hace 8 horas

Venezuela, bajo un régimen corrupto, incompetente, autocrático y despiadado: HRW

La violencia contra críticos y opositores y la independencia casi nula de la justicia, entre lo que más preocupa a la organización en su informe anual.

AFP

En su informe anual, Human Rights Watch (HRW), a través de su director ejecutivo, Kenneth Roth, muestra su malestar ante “el incremento del populismo autoritario” en el mundo que ha dado como resultado “atrocidades en masa, con una impunidad casi absoluta”.

El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela se su suma a la lista de países con un régimen “despiadado y autocrático” que con su “corrupta e incompetente” gestión de la economía arruinó a Venezuela, “pese a sus vastas reservas petroleras”, afirma el informe.

Represión violenta contra opositores y críticos

La violenta represión de opositores y críticos en el país suramericano también preocupa a HRW. La organización registro, gracias al Foro Penal, “340 presos políticos en cárceles y sedes del servicio de inteligencia venezolano”. (Lea también: Unión Europea prepara sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano)

Además, la falta de independencia en los Tribunales de Justicia ha incrementado las arbitrariedades y viola el debido proceso a un juicio justo de los opositores. Pues no se presentan las pruebas necesarias y se encarcela y condena injustificadamente en su contra, como ocurrió con Leopoldo López que fue sentenciado a más de 13 años de prisión.

“A mediados de 2017, luego de procedimientos sumarios que no respetaron las normas internacionales sobre debido proceso, el Tribunal Supremo de Justicia condenó arbitrariamente a cinco alcaldes opositores a 15 meses de prisión y los inhabilitó para postularse a cargos públicos”, dice la investigación.

En el reporte también se recuerdan las protestas que entre abril y junio de 2017 fueron reprimidas con violencia por parte de las fuerzas de seguridad que “dispararon municiones antidisturbios a quemarropa contra los manifestantes, arrollando con vehículos blindados a personas que se manifestaban, golpeado brutalmente a personas que no mostraron resistencia y llevado a cabo violentos allanamientos en edificios de departamentos”.

La ONU aseguró, en agosto de 2017, que de 124 personas que habían muerto en estas manifestaciones, más de la mitad “habían sido provocadas por agentes de seguridad”, recoge la investigación.

Más de 5.400 personas fueron detenidas y sacadas desde sus casas por la presunta participación en las protestas. Y la justicia militar ha violado el derecho internacional en los procesos condenatorios contra más de 750 civiles.

Pero, además, las mismas fuerzas de seguridad “han cometido graves abusos contra detenidos que, en algunos casos, constituyen torturas, como violentas golpizas, descargas eléctricas, asfixia y abusos sexuales”, sin que ninguna autoridad haya sido juzgada por esto.

Al momento de la destitución de la ex Fiscal General, Luisa Ortega, dicha oficina investigaba más de 2000 casos de personas heridas en las manifestaciones en los que agentes del orden estarían implicados en más de la mitad de estos casos, asegura el reporte.

Sin separación de poderes

El presidente Maduro se empeña en hacer su voluntad, aun pasando por encima del orden constitucional

Es el caso de la Asamblea Nacional Constituyente que convocó el mandatario en mayo “por decreto presidencial, pese al requisito constitucional que exige, para reformar la constitución, celebrar antes una consulta popular”.

Dicha Asamblea Constituyente se ha extralimitado en sus funciones. No se ha conformado con redactar una nueva Carta Magna, sino que sus miembros en agosto pasado “asumieron todas las facultades legislativas y destituyeron a la Fiscal General”, nombrando posteriormente a un miembro del partido oficial en dicho cargo.

Además, miembros del Tribunal Supremo, conformado por oficialistas, “han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han expresado de manera pública su compromiso con promover la agenda política del gobierno actual”, afirma HRW. Lea también: Venezuela, ¿dictadura con elecciones?

Y ya que la oposición quedó al mando de la Asamblea Nacional, dicho Tribunal se encargó desde enero de 2016 de invalidar “casi todas las leyes que se aprobaran”.

Pero la estocada final se dio en marzo de 2017 cuando el Tribunal Supremo se atribuyó “todas las facultades legislativas y dio marcha atrás parcialmente recién cuando se expresaron fuertes críticas en Venezuela y el exterior”, asegura el reporte.

Medios, periodistas y defensores de derechos humanos, perseguidos

HRW también asegura que este atornillamiento al poder por parte del ejecutivo lo ha llevado a ampliar de manera “abusiva su facultad de regular los medios de comunicación, y ha reducido la cantidad de medio críticos”, pues la legislación actual le concede este poder cuando considere “conveniente a los intereses de la Nación”.

Varios periodistas nacionales e internacionales, durante el 2017, fueron detenidos, interrogados y sus equipos confiscados por miembros de la seguridad. Además, se quitaron del aire varios canales de noticias y estaciones de radio.

La llamada “ley contra el odio”, aprobada por la Asamblea Constituyente, le da poder a las autoridades de prohibir cualquier incitación al odio que ellos consideren se estén difundiendo en medios de comunicación y redes sociales, con penas de hasta 20 años. Lea también: En apenas 12 días Venezuela registra más de 100 saqueos o intentos de saqueo

Esto ha hecho incluso que a los defensores de derechos humanos se les señale de pretender “desestabilizar la democracia venezolana” y ha generado un “clima hostil que afecta la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de promover los derechos humanos”, resalta el informe.

Incluso, desde 2010, el Tribunal Supremo prohibió a las ONG’s y defensores de los derechos humanos recibir financiamiento del exterior, pues podrían ser “juzgadas por traición a la patria”.

Esto mismo ha hecho que muchos empleados públicos hayan sido despedidos de sus trabajos por apoyar el referéndum revocatorio de 2016 contra el presidente Maduro.

Creciente crisis humanitaria

El informe también recoge información sobre “la corrupción, la seguridad deficiente, el deterioro de la infraestructura, la sobrepoblación, la falta de personal suficiente y la capacitación inadecuada de guardias” en los centros de detención.

La investigación también afirma que “los venezolanos enfrentan una severa escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos que cercenan gravemente su derecho a la salud y la alimentación”.

Los datos del Ministerio de Salud de ese país lo confirman, pues en 2016 “la mortalidad materna aumentó un 65%, la mortalidad infantil un 30 % y los casos de malaria un 76 %”. Lea también: Los jubilados que se van de Venezuela

Luego de divulgados estos datos la ministra fue destituida de su cargo, quién también informó sobre “los casos de desnutrición severa de niños y niñas menores de 5 años que aumentaron del 10,2 % en febrero de 2017 al 14,5 % en septiembre de 2017”, rebasando el umbral establecido por la OMS, recoge el reporte de HRW.

La respuesta de la comunidad internacional

Frente a esto, la organización asegura que “una cantidad sin precedentes de países latinoamericanos vencieron su renuencia histórica a criticar la represión en naciones vecinas”.

Otros organismos como la Unión Europea y la OEA presentaron informes y protestaron por esta crisis institucional y humanitaria en ascenso que viola cualquier tratado democrático multilateral.

El Mercosur “suspendió por tiempo indefinido a Venezuela, aplicando el Protocolo de Ushuaia”. Y en agosto del año pasado, 11 cancilleres americanos “firmaron la Declaración de Lima, un documento integral que condena la ruptura del orden democrático y la violación sistemática de derechos humanos” en el país caribeño.

En la misma reunión en Perú, se desconoció el poder de la Asamblea Nacional Constituyente y los países allí reunidos expresaron su preocupación por la renuencia de Maduro de recibir ayuda humanitaria del exterior.

La violación sistemática de los derechos humanos ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por el Alto Comisionado de la Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos de dicha organización.

Los EE.UU. ha impuesto múltiples sanciones desde el 2015. En julio de 2016 el Congreso norteamericano inmovilizó hasta 2019 activos de funcionarios venezolanos y denegó visas a empelados públicos “acusados de abusos a participantes en las protestas contra el gobierno de 2014”.

A pesar de la condena mundial, en Venezuela no ha ocurrido ningún cambio sustancial. Incluso, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, “ha votado reiteradamente contra la evaluación de violaciones de derechos humanos en otros países, y se opuso a resoluciones que alertaban sobre abusos en países como Siria, Bielorrusia, Burundi e Irán”, finaliza el informe.

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