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Hoy entra en vigencia la denuncia de Venezuela de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual implica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no podrá conocer sobre las violaciones a estos derechos que ocurran a partir de la fecha en ese país. Sin embargo, el tribunal sí podrá conocer y dictar sentencias sobre violaciones ocurridas mientras Venezuela hizo parte de la Convención, la cual ratificó el 23 de junio de 1977.
La denuncia de Venezuela supone un debilitamiento para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque éste pierde parte de su alcance a nivel regional. No sólo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino también el secretario general de la OEA, la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH., Navi Pillay, y otras organizaciones como Amnistía Internacional, llamaron a Venezuela a retirar la denuncia, alegando que se trata de un retroceso en el fortalecimiento del Sistema Interamericano. Pillay ha dicho que la decisión, tomada por el expresidente Hugo Chávez hace un año, va en contra de resoluciones adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos (del cual Venezuela hace parte desde 2012) que pretenden mejorar la cooperación y el diálogo entre mecanismos internacionales y regionales para fortalecer la protección a las personas cuyos derechos se ven afectados.
El gobierno de Chávez y el de su sucesor, Nicolás Maduro, han planteado la denuncia a la Convención Americana como una defensa ante los organismos que, para ellos, son un “brazo del imperio” que pretende agredir a Venezuela. Durante el encuentro del Consejo Político de la Alianza Bolivariana de los Pueblos (Alba), el pasado sábado, el canciller venezolano Elías Jaua afirmó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos “tiene que rectificar y ponerse al servicio de los pueblos y no de los intereses de los poderosos del mundo con influencia en América Latina”, y que “mientras no haya una transformación integral (...) del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Venezuela no volverá a permanecer en él”. Los países miembros del Alba respaldaron al gobierno de Maduro en su retiro de la Corte IDH.
Los activistas y las organizaciones defensoras de DD.HH. insisten, sin embargo, en que el principal afectado con esta renuncia no es el Sistema Interamericano, sino el pueblo venezolano, que ya no tendrá una instancia a la cual acudir para denunciar violaciones a sus derechos cuando se agoten los recursos ante los juzgados de su país.
La Corte IDH ha emitido al menos 16 fallos relativos a Venezuela. Fue a raíz de uno de ellos, emitido el 20 de julio de 2012, que el entonces presidente Chávez inició su retiro de la Corte. Esa sentencia exigía al gobierno venezolano indemnizar a Raúl Díaz Peña, quien alegó ante la Corte haber sido víctima de tratos inadecuados cuando estaba privado de la libertad en los calabozos de la Policía Política de Venezuela, acusado por la justicia de poner bombas en la embajada de España y el consulado de Colombia en Caracas en 2003. El tribunal consideró que las condiciones de reclusión en las que estuvo Díaz Peña no eran adecuadas y exigió al Estado la indemnización. Chávez interpretó el fallo como una afrenta, acusó a la Corte de favorecer a un terrorista y anunció la denuncia de la Convención Americana.
La denuncia, en todo caso, no implica que Venezuela quede por fuera del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como otros medios han interpretado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano distinto a la Corte IDH, mantiene su jurisdicción sobre Venezuela y puede seguir procesando peticiones y solicitudes de medidas cautelares. Lo que ya no podrá hacer es remitir a la Corte IDH casos sobre violaciones a los DD.HH. ocurridos después de hoy. Para salirse de la Comisión Interamericana, en resumen, Venezuela tendría que renunciar a la OEA.
Desde que Chávez anunció su denuncia de la Convención, la oposición venezolana ha sostenido que se trata de “una irresponsabilidad” frente al pueblo venezolano y hasta el último momento ha exigido al Gobierno que revierta esa iniciativa. Justo en la víspera de que la denuncia se hiciera efectiva, se realizó una reunión entre representantes de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) y la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, en las instalaciones de la CIDH en Washington.
Al salir de la reunión, el subsecretario ejecutivo de la MUD, Ramón José Medina, explicó que, al haber agotado un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en el que el excandidato presidencial Henrique Capriles alegó la violación a su derecho a ser elegido y la MUD planteó un recurso parcial por violaciones de normativas en más de 5.720 mesas electorales y 21.000 actas de escrutinio, ahora la oposición no tiene otra opción que buscar justicia ante instancias internacionales.
La oposición espera que la CIDH inste al Estado venezolano a restablecer los derechos. Esto consistiría, según Medina, en que “se anulen las elecciones fraudulentas” y “se establezcan condiciones dentro de los cánones establecidos tanto en la Convención Americana como en la Carta Democrática, de modo tal que los procesos electorales se realicen en las condiciones adecuadas para que sean libres y justos y reflejen la voluntad popular”.
Dado que las pasadas elecciones presidenciales se realizaron mientras Venezuela era parte de la Convención Americana, la CIDH podría tramitar la petición y, si es admitida, remitirla a la Corte IDH, la cual a su vez podría emitir un fallo al respecto en un plazo indeterminado. Los representantes de la MUD solicitaron a la Comisión que utilice una figura llamada per saltum para dar prioridad y mayor agilidad al trámite de la petición, argumentando que esto podría evitar que las elecciones municipales del próximo 8 de diciembre y las que las sigan se realicen bajo supuestas violaciones a los derechos electorales.
dsalgar@elespectador.com
@DanielSalgar1
* Becario en la oficina de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.