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En Venezuela nadie reconoce a nadie y las instituciones son desconocidas por las propias autoridades; hay más que un conflicto de poderes, aunque el Gobierno insista en negarlo.
Así fue el choque de ayer entre organismos del Estado: Martes 4 de julio, 11:00 a.m.: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), encabezada por su presidente, Maikel Moreno (un hombre con un pasado criminal sospechoso), abrió una audiencia para determinar si se hace o no un juicio contra la fiscal Luisa Ortega Díaz (una chavista radical que decidió criticar las decisiones de Nicolás Maduro y por eso cayó en desgracia con el chavismo).
En la audiencia estaban dos personajes, por decir lo menos, particulares: el Defensor del Pueblo, William Tareck Saab —quien defiende muy bien los intereses del pueblo.... chavista; a la oposición no la reconoce—, y el diputado Pedro Carreño —el hombre que quiere que declaren loca a la Fiscal—, quien insistió en que Luisa Ortega Díaz “es una mentirosa y atenta contra la seguridad de Venezuela”.
La acusada, la fiscal Luisa Ortega Díaz, decidió no acudir a la sesión, según explicó, porque no reconoce la autoridad ni los fallos del TSJ. “La falta de legitimidad de origen de los magistrados (del TSJ) afecta su idoneidad, su imparcialidad. (...) Existe parcialidad de los tribunales para los casos que amenazan la estabilidad del oficialismo. (...) Quieren anular cualquier disidencia que aparezca”, dijo la Fiscal.
Ortega Díaz también denunció que no pensaba avalar “el circo” (es decir, la audiencia) y denunció que lo que pasa en el TSJ es “un golpe de Estado, más grotesco el perpetrado contra Hugo Chávez en 2002”.
A Ortega se le acusa de “faltas graves” en el desempeño de su cargo, por lo que el chavismo pidió su destitución y que sea enjuiciada.
Los fallos polémicos
Lo cierto es que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela tiene tras de sí un historial que compromete su ecuanimidad. No sólo falla siempre a favor del gobierno de Nicolás Maduro, también se presta para anular todo lo que al chavismo no le gusta.Fue el TSJ el que declaró en desacato a la Asamblea Nacional, acosada por el oficialismo desde diciembre de 2015 cuando ganó las mayorías.
La fiscal ha presentado varios recursos ante el TSJ, pero todos han sido desconocidos por la máxima corte. La ratificación del vicefiscal, Rafael González, es otra muestra del choque de poderes: mientras Ortega Díaz ratifica su designación, la Corte la desconoce (el verbo de moda en Venezuela) y nombra un funcionario afín al Gobierno.
El TSJ, luego de desconocer la autoridad de la fiscal, nombró a Catherine Harrington, vicefiscal. Un hecho a todas luces ilegal, pero muy conveniente para el chavismo. Ella es recordada por imputar al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, por los presuntos delitos de organizar y ejecutar actos violentos contra el Gobierno nacional.
Harrington es ex fiscal del Ministerio Público. En los últimos años llevó a cabo varios casos polémicos. También fue uno de los siete funcionarios sancionados por Estados Unidos durante el la gestión de Barack Obama, acusada de, presuntamente, violar los derechos humanos.
La designación del vicefiscal recae exclusivamente en la Asamblea Nacional, según establece la Constitución. El Parlamento ratificó —por unanimidad— la designación de Rafael González en dicho cargo, luego de que fue removido por el Poder Judicial. Sin embargo, como el TSJ anula todo lo que el Parlamento hace, esta ratificación queda en el aire.
Entonces, la fiscal volvió a acusar al Tribunal Supremo de llevar a cabo un “desmontaje” de la Fiscalía, como también lo hizo con el Parlamento. Se declaró chavista, hasta el tuétano, pero no cómplice de las irregularidades del Gobierno.
“Me acusan de atacar las decisiones del presidente, de llamar a una constituyente. Sí lo hice y lo seguiré haciendo porque esa convocatoria viola la Constitución”, retó Ortega.
“Me dan asco los traidores y traidoras, que pretendan hablar en nombre del comandante Chávez y salgan a apoyar a los violentos (opositores)”, afirmó Maduro, quien dijo “desconocer” la consulta impulsada por la oposición y que se celebrará el 16 de julio. Un hecho más simbólico que vinculante.
Para arropar su decisión de un manto de seriedad —aunque analistas digan que Ortega Díaz será destituida— el TSJ anunció que en cinco días emitirá su fallo. Un dato: el presidente del Tribunal ha firmado más de 45 sentencias a favor del chavismo. Ni una en contra...