Víctimas de trata de personas en Latinoamérica, además de desprotegidas, ¿invisibles?

Un informe de la Organización Women’s Link Worldwide, presentado esta semana ante la OEA, reveló que Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Perú no tienen datos unificados sobre este flagelo, lo que dificulta la identificación y posterior asistencia de las víctimas.

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Mientras el Ministerio del Interior reporta entre 2012 y 2015 un total de 235 víctimas de trata de personas en el país, la Fiscalía habla de 908. Por este mismo delito, entre enero de 2011 y abril de 2016 se iniciaron poco más de 900 investigaciones, pero al final solo se obtuvieron 52 sentencias condenatorias. Aunque esto es solo en Colombia, en Ecuador, México, Paraguay y Perú, las cifras son igual de alarmantes. 

Así lo hizo ver esta semana la organización Women’s Link Worldwide en un informe presentado ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su sede en Washington, el cual mostró la situación de desprotección e indiferencia por el que pasan las víctimas de trata de personas en América Latina. (Lea el resumen del informe aquí)

Según lo explicó la directora legal regional de Women´s Link Worldwide, Carmen Martínez, “los cinco países objeto del estudio desprotegen a las víctimas de trata por diferentes razones: no se tiene claro qué es la trata de personas, lo que dificulta la identificación de las víctimas. Cuando hay identificación, falla la asistencia, es decir, la prestación de servicios que necesitan las víctimas para recuperarse. Aunque las normas nacionales e internacionales reconocen que las víctimas tienen derecho a esa asistencia integral, en la realidad no se ofrece o cuando se hace es deficiente, lo que genera una cadena de desprotección”.

De acuerdo con el informe, la razón por la cual estos países no tienen datos unificados ni fiables que ayuden a dimensionar “la magnitud y las dinámicas de este flagelo, los perfiles de las víctimas o las zonas geográficas más afectadas”, es porque los diagnósticos de impacto generalmente provienen de organizaciones sociales y de agencias internacionales. 

“Las pocas cifras que logramos extraer para nuestro informe no permiten identificar si las víctimas han podido acceder a los servicios de asistencia y medidas de protección y reparación para recuperar sus proyectos de vida. En cambio, sí muestran que las investigaciones y condenas por el delito de trata de personas son bajas. Este desbalance en la información muestra que el enfoque de los Estados, centrado en perseguir el delito, es ineficaz por sí solo y que se necesita priorizar los derechos de las víctimas” agregó Martínez.

Y es que las estadísticas lo demuestran. Por ejemplo, en Ecuador la caracterización de víctimas en la Fiscalía General del Estado tuvo diferentes categorías entre 2010 y 2013, por lo que, según la Organización, no fue posible elaborar un análisis conjunto de esos 4 años.

En Paraguay también sucede algo similar. Entre 2010 y 2013 el Ministerio Público reportó 145 casos de trata de personas a pesar de que la UNODC señaló que fue el doble. Por otra parte en Perú, de las 307 víctimas identificadas en los últimos 6 años 60% tuvo por finalidad la explotación sexual, un 30% el trabajo forzado, y el 10% restantes la mendicidad.

Sin embargo, en este país algunos de comunicación registran casos de tráfico de órganos y venta de niños que, al parecer, no fueron investigados ni registrados como trata pese a haber tenido indicios de serlo.

La Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito calificó la trata de personas en 2016 como el tercer negocio ilícito más lucrativo a nivel mundial, después del tráfico de armas y del tráfico de drogas. Aún así, dice la Organización, las cifras y el debido seguimiento de víctimas parecen hundirse en la indolencia estatal en Latinoamérica.

Según Women’s Link, que desde hace 10 años ha alertado públicamente sobre la vulneración de los derechos humanos de víctimas de trata, refugiados y migrantes en el mundo, es el Estado quien debe garantizar los servicios de salud integral, oportunidades de empleo, educación, acogida y/o acceso a recursos judiciales que necesiten las víctimas, entre otros, para poder retomar sus vidas.

 

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