11-S frenó legalización de inmigrantes

Atentados paralizaron regularización de millones de trabajadores y convirtieron a muchos en sospechosos de terrorismo.

Los atentados del 11 de septiembre criminalizaron la inmigración en Estados Unidos. Solo cinco días antes, el presidente George W. Bush y su homólogo mexicano, Vicente Fox, firmaban un acuerdo para iniciar la primera reforma del sistema de inmigración en décadas. La huella de Bush en esta materia quedó marcada por las duras leyes aprobadas inmediatamente después de los atentados, pero sus planes eran otros.

"La inmigración no es un problema a resolver, es el símbolo del éxito de una nación", dijo Bush en Nueva York dos meses antes del ataque. Desde que llegó a la Casa Blanca en 2001, Bush trabajó con Fox para regularizar a millones de indocumentados, crear visados de trabajo temporales e involucrar a México en el control de la frontera.

Los atentados cambiaron su política de rumbo. "El tema está secuestrado por las consecuencias del 11-S", afirma Angela Kelley, asesora legal del Centro por el Progreso Americano. Los terroristas que fallecieron en los atentados tenían permiso para estar en EE.UU. Pero el temor a la entrada de extranjeros para atacar el territorio estadounidense convirtió la inmigración ilegal en una cuestión de seguridad nacional. Bush dejó de hablar de las aportaciones de los inmigrantes a la economía. Aprobó la extensión del muro en la frontera con México. Ocho días después de los ataques firmaba la Ley Antiterrorista de 2001, conocida como Patriot Act. EE.UU. podía detener por un tiempo indefinido a extranjeros y limitaba los derechos a un juicio justo en determinados casos de inmigración. Las consecuencias, irreversibles, las padecen miles de sin papeles 10 años después.

En noviembre de 2002 se creaba el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés) para agrupar 22 agencias federales encargadas de la protección del país. Era la reorganización más importante del Gobierno desde la creación del Departamento de Defensa después de la I Guerra Mundial. Bush también firmaría el aumento del poder ejecutivo de las autoridades locales para recopilar datos e información sobre inmigrantes y sospechosos de terrorismo. El Gobierno podía detener indefinidamente y deportar a inmigrantes que pudieran suponer una amenaza para la seguridad nacional.

Con estas leyes, el Gobierno necesitaba mejorar la coordinación entre agencias para recopilar y compartir datos relacionados con inmigrantes y sospechosos de terrorismo. Según Mary Giovagnoli, directora del Instituto de Política de Inmigración en Washington y miembro del DHS en el momento de su creación, siempre existió la sensación de que faltaba coordinación entre las diferentes agencias para garantizar que no ocurriera algo como el 11-S. Sin embargo, grupos como Detention Watch Network, una organización que trabaja por la reforma del sistema penitenciario y de deportaciones, denuncian que la creación del DHS solo ha contaminado el debate sobre la inmigración. "Intentaban responder a la incapacidad de detectar la entrada de terroristas en nuestro territorio, pero solo ha convertido la inmigración en un tema de seguridad nacional", afirma Emily Tucker, directora del departamento legal de la organización.

El nuevo DHS también llegaba con un cambio de filosofía que hace casi imposible el avance de una reforma migratoria 10 años después. El cumplimiento de las leyes de inmigración había dejado de ser competencia del Departamento de Justicia. "Antes se basaba en el mismo principio que la abogacía: el sistema funciona cuando se hace justicia sobre todos los ciudadanos. Pero el modelo del DHS es la protección, garantizar seguridad, y esto presenta numerosos desafíos a la hora de tomar decisiones justas", afirma Giovagnoli.

Por otro lado, la enredadera de leyes de inmigración y antiterrorismo que ha heredado Obama empezó en 1996. Clinton firmó una ley que ampliaba las normas de detención obligatoria a inmigrantes y sospechosos de terrorismo. La normativa, acusada de violar el principio de igualdad ante la justicia, castiga a un inmigrante por una multa de tráfico por exceso de velocidad como un delito criminal con pena de cárcel, mientras que para un ciudadano no está penalizado con prisión. En 1996 había unas 70.000 personas detenidas por violar las leyes de inmigración. Dos años después superaban las 180.000.

Obama ha llevado el sistema un poco más lejos, aunque por vías distintas. En 2009 anunció la creación del programa Comunidades Seguras para "identificar y deportar a los mayores criminales". La policía está obligada a compartir las huellas dactilares de todos los detenidos con el FBI y agencias de inmigración. Si el detenido cometió una infracción hace 20 años, aunque ya haya cumplido una pena por ello y resida legalmente en el país, debe permanecer detenido hasta su deportación. El proceso puede durar meses. "Defienden que se trata de leyes para proteger nuestra seguridad, pero las víctimas son personas sin historial criminal", dice Tucker, en referencia a personas deportadas por una multa de tráfico.

"El presidente lo defiende como una estrategia para expulsar solo a criminales, pero nuestros datos no coinciden", denuncia Joanne Lin, directora de legislación de ACLU, la mayor organización de defensa de los derechos civiles en Estados Unidos. El hecho de que Obama prometiera una reforma del sistema de inmigración que no llega -en el país residen 11 millones de sin papeles- y a la vez endureciera leyes que han afectado a ciudadanos estadounidenses pone en peligro el apoyo de la comunidad hispana en las elecciones de 2012. Su única concesión llegó el pasado 19 de agosto y podría afectar a unas 300.000 personas inmediatamente. El Gobierno canceló las deportaciones de inmigrantes sin antecedentes criminales.

Los expertos afirman que esta estrategia no es la solución y que sigue haciendo falta una reforma del sistema. El último intento tuvo lugar en 2006, con la propuesta del republicano John McCain. Logró el apoyo de 23 representantes de su partido, algo impensable en la actualidad, y aun así la reforma no salió adelante. Ahora, la crisis hace todavía más difícil justificar la introducción de millones de inmigrantes indocumentados en el mercado laboral.

Pero la reforma también depende de la efectividad de DHS garantizando la seguridad nacional. "Todavía queda un largo camino para asegurar que estamos mejor protegidos, que la estrategia del muro en la frontera funciona o que debamos basar la política de inmigración en deportaciones", comenta Giovagnoli.