12.000 firmas en España contra un impuesto medieval aún pagado a nobleza

El impuesto dice que "cada vez que se transmitiese una propiedad por compra-venta tenía que pagarse al señor feudal un 2%".

Un matrimonio español presentó este jueves ante el parlamento regional de las Islas Baleares 12.000 firmas pidiendo la abolición de un impuesto que data del siglo XIII y por el que algunas familias siguen pagando a los herederos de los señores feudales.

Cargados con dos cajas en las que podía leerse "12.000 firmas para abolir los 'alodios' derechos feudales vigentes en el siglo XXI", Beatriz García y Xus Sastre, denunciaron este anacronismo frente a las cámaras de la televisión regional IB3 antes de entrar en el parlamento de Palma de Mallorca.

"No es justo, nosotros lo hemos podido evitar, nos hemos defendido, pero nos han llegado casos de gente conocida, de vecinos que sí que pagaron, que están haciendo un esfuerzo muy grande para poder pagar", explicó García.

Este impuesto denominado "alodio", que se remonta al siglo XIII, consiste en que "cada vez que se transmitiese una propiedad por compra-venta tenía que pagarse al señor feudal un 2% del valor de la tierra o de la casa", explicó Pau Reynés, investigador local, a la televisión.

Con dos hijos pequeños, Xus, productor musical desempleado, y Beatriz, administrativa en un hospital, descubrieron este impuesto tras comprar en 2010 a un pariente una vivienda construida por la familia de Xus en un terreno de su propiedad desde los años 1940.

Dos años después recibieron una carta de un gabinete de abogados por la que la marquesa de Campo Franco, a cuya familia habían pertenecido tiempo atrás dichas tierras, les reclamaba 1.800 euros.

"No entendíamos cómo una marquesa nos pedía dinero por una casa que siempre había sido de nuestra familia", había explicado Sastre al diario 20minutos. "Nos enteramos de que la marquesa había inscrito su derecho a alodio (...) no solo de nuestra propiedad, sino de muchas más que pueden llegar a las 1.000", agregó.

Acudieron a la justicia y en octubre ésta les dio la razón porque, en su caso, el derecho había prescrito.

Sin embargo, muchas otras personas en este archipiélago mediterráneo siguen pagando.

"Tengo buena constancia porque en este ayuntamiento hace un año, o año y medio, pagamos 2.000 euros de 2.800 metros que es un parking del cementerio", explicó a IB3 Bernat Coll, alcalde de la pequeña localidad balear de Lloseta.

"Y yo personalmente hace tres o cuatro años pagué 3.000" euros, agregaba entre divertido y resignado.

Temas relacionados