Al fin una posición clara

¿Qué tal la prolongación de plataforma continental de Argentina o Gran Bretaña en el caso de las Malvinas?

EFE.

Sobre la Corte Internacional de La Haya, que se declaró competente para conocer de la demanda de Nicaragua por “incumplimiento” de la sentencia de 2012 que parcela el mar, queda claro, con la intervención del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que para desenredarla es indispensable concertar tratados internacionales con el vecino país, teniendo en cuenta a otros Estados involucrados, tal el caso de Honduras, Jamaica y Costa Rica.

Corresponde desarrollar a fondo la tesis de la inaplicabilidad, los argumentos abundan, solamente de este modo se podrán precisar límites, concertar lo atinente a los derechos de pesca, exploración y explotación, navegación, espacio aéreo, conservación del medioambiente, programas contra el narcotráfico y acuerdos de cooperación bilateral y multilateral.

También la Corte ha asumido competencia, contrariando su propia jurisprudencia, en votación empatada, con señalamientos referentes a las funciones de la comisión de plataformas de la Organización de Naciones Unidas, para un juicio relacionado con la petición de extensión de la plataforma continental nicaragüense a más de 200 millas, casi hasta Cartagena. Colombia no ha suscrito ni forma parte de los Estados involucrados en la Convención del Mar y no puede participar en éste ante el Tribunal Internacional. Si la Corte se arriesga a fallar solicitudes de extensión de plataformas continentales, con desconocimiento de la intangibilidad de los tratados, creará un desorden mundial de impredecibles consecuencias.

Comparto plenamente la determinación de no comparecer en La Haya y estoy seguro de que la comunidad internacional entenderá y apoyará el marco de esta decisión. ¿Qué tal la prolongación de plataforma continental de Argentina o Gran Bretaña en el caso de las Malvinas?

Nicaragua cometió en 1980 un acto ilícito internacional cuando anunció el gobierno sandinista que unilateralmente “anulaba” el Tratado Esguerra-Bárcenas. Frente a eso no bastaba la nota rutinaria de protesta. La Corte Internacional estudió la demanda y confirmó la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia en 2007 y parceló el mar en 2012. Fue equivocación garrafal ir a ese estrado, y después, desde 2002, participar en un proceso fundamentado en la violación del Derecho Internacional. Sería otro error descomunal someternos ahora a desgaste innecesario. Comparto plenamente la decisión del presidente Santos de anunciar que Colombia no asistirá a ningún juicio relacionado con extensión de la plataforma continental de Nicaragua en La Haya.

Falta tela por cortar. No puede haber más diplomacia secreta y el asunto no puede quedar en manos de los “sabios” nacionales e internacionales que nos han conducido desde hace lustros por camino errado. A la Cancillería compete, cuanto antes, adoptar las medidas conducentes para cohesionar una gran política internacional como lo he demandado durante los últimos treinta y cinco años, sin aceptar malos consejos, en permanente contacto con la opinión pública.

Por fortuna el clima de convivencia con Nicaragua se mantiene y el presidente Daniel Ortega ha dicho que conviene el diálogo que, desde luego, es imposible realizar designando voceros a quienes fueron, han sido y serán enemigos del mismo con interpretaciones jurídicas erróneas y anacrónicas.