Alarma en Chile por aumento de abusos sexuales en clases altas

La fiscalía tiene en la mira a decenas de colegios donde acuden los hijos de importantes figuras de la clase empresarial y política.

La última serie de denuncias de abusos sexuales contra menores ha afectado a sectores de altos ingresos y ha elevado la alarma social en Chile, cuyo Gobierno ha lanzado un paquete de medidas de prevención, mientras que la fiscalía ha puesto en la mira a decenas de colegios en la capital.

Varios de los casos han salpicado además a religiosos, algunos de ellos muy influyentes y conocidos en el país, lo que ha llevado a la Conferencia Episcopal a implementar un protocolo de actuación frente a estas denuncias, revisado en 2011.

La más reciente se conoció este viernes, cuando la Iglesia católica anunció la apertura de una investigación canónica y la separación de sus funciones de un sacerdote de El Pequeño Cottolengo, una institución de beneficencia.

En este caso, la presunta víctima de abusos sexuales no es un menor edad, sino un hombre de 37 años con discapacidad intelectual.

Esta semana se divulgó también una denuncia contra un sacerdote de origen irlandés, John O'Reilly, que fue suspendido de sus labores como asesor espiritual del Colegio Cumbres, del acomodado sector de Las Condes, en el este de la capital.

O'Reilly, legionario de Cristo y conocido por oficiar misas en un canal de televisión, fue acusado de supuestos abusos sexuales contra una alumna de seis años y la Iglesia católica también ha ordenado una investigación canónica al respecto.

A ese colegio acuden los hijos de importantes figuras de la clase empresarial y política, como los ministros Andrés Chadwick, Pablo Longueira y Rodrigo Pérez Mackenna.

Según un registro de la Iglesia, hasta ahora once sacerdotes y un diácono han sido condenados por la justicia penal chilena por delitos graves contra menores, mientras que otros siete han recibido sentencia canónica, entre ellos Fernando Karadima, formador de cinco obispos.

Además, en junio la Iglesia desveló que considera verosímiles unas acusaciones contra el sacerdote Cristián Precht, símbolo de la defensa de los derechos humanos durante la dictadura.

Ya en julio se abrieron otras dos investigaciones en centros del oriente de la capital, que incluye los municipios de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, donde se concentran las familias de más altos ingresos del país.

Una de ellas se centra en el jardín infantil Hijitus de la Aurora, en Vitacura, por abusos contra diez menores que supuestamente fueron cometidos por el hijo de la directora, que daba clases de computación en el centro.

La segunda afecta a siete niños de los que presuntamente abusaron dos auxiliares (personal de mantenimiento) del Colegio Apoquindo que son matrimonio y que vivían dentro del establecimiento, ubicado en Lo Barnechea y administrado también por los Legionarios de Cristo.

Esa congregación ha sido cuestionada por la doble vida que llevó su fundador, Marcial Maciel, fallecido en 2008.

Esta retahíla de casos se refleja en cifras. Según el ministerio público, en el primer semestre de 2012 hubo un aumento del 22 % en el número de denuncias por abusos sexuales contra menores de 14 años en comparación con el mismo periodo de 2011.

Además, la fiscalía investiga por este tipo de delitos a 120 colegios de la Región Metropolitana de Santiago, de los que 50 se encuentran en la zona oriente, en concreto en Las Condes (14 centros), Ñuñoa (14) y La Florida (22).

Tras las últimas denuncias, el presidente, Sebastián Piñera, anunció un paquete de diez medidas entre las que figura el endurecimiento de las penas y la apertura de un registro nacional de pederastas que quedarán inhabilitados para trabajar junto a niños.

El presidente de la Asociación Metropolitana de Padres, Madres y Apoderados (Amdepa), Eduardo Catalán, valora la "valentía" de los denunciantes, pero cree que estos casos han tenido mayor repercusión porque han afectado a familias de altos estratos.

"Sabemos que si este último brote de violencia de abuso sexual no hubiese sido en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina u otro tipo de sector alto de la sociedad, no habría tenido el mismo impacto que en sectores más pobres del país", dijo de forma espontánea a Efe.

Más difícil aún es saber si, en general, ha habido realmente un aumento de estos delitos o si la clave es que ahora se denuncian más.

"Uno piensa que estas situaciones siempre han ocurrido. La diferencia es que ahora se denuncian más porque ha habido ciertos cambios a nivel cultural y legislativo que lo han facilitado", señala a Efe Cynthia Sanhueza, trabajadora social del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Para atender estos casos, el Sename cuenta con 56 programas de diagnóstico ambulatorio que apoyan la labor investigadora de la fiscalía y 68 programas de reparación de maltratos graves, que en 2011 atendieron a 7.000 menores de edad, más del 90 % de ellos por abusos sexuales.

La mayoría de estas situaciones afectan a niños de familias de escasos recursos, porque los padres más adinerados recurren a servicios privados de abogados y psicólogos.

El 88 % de los menores que sufren abusos son niñas y el promedio de edad es de 16 años, señaló a Efe el comisario Maximiliano Mac-Namara, de la Jefatura Nacional de Delitos contra la Familia de la Policía de Investigaciones.

En tanto, el 90 % de los abusadores forman parte del entorno de la víctima y, de ellos, el 53 % pertenecen a su círculo familiar.

"Sí, hay sensación de alarma y es lógico, porque cada día aparecen en televisión nuevos casos de abusos. Es conveniente establecer ciertos sistemas de protección, pero no vivir en una situación de paranoia permanente", concluye Sanhueza.

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