La apuesta por el diálogo

Desde Nicaragua se argumenta que las demandas ante la Corte Internacional de Justicia son una respuesta a la falta de aceptación de Colombia de la sentencia del 19 de noviembre de 2012, que retiró su soberanía sobre ciertas porciones del Caribe.

Postal de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en pleno. / AFP

La nueva demanda de Nicaragua contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (26 de noviembre ) puso una vez más, como tantas en el último año, el tema del diferendo limítrofe en el centro de la opinión pública. Esta vez el gobierno de Managua recurrió al tribunal para denunciar lo que considera una alegada violación a los términos de la sentencia proferida por la Corte el 19 de noviembre de 2012, con la que se definieron los límites marítimos en el Caribe entre las dos naciones.

Es el segundo recurso presentado luego de la sentencia y que tuvo su primera parte cuando Nicaragua solicitó al tribunal la aplicación de su plataforma continental, en el Caribe también. La reacción del Gobierno colombiano, que esta semana llamó a consultas a la embajadora en Managua, Luz Stella Jara, sumada a la decisión nicaragüense de demandar en la víspera de que se cumpliera la salida de Colombia del Pacto de Bogotá —que le otorgaba competencia jurídica a la CIJ— llevaron a que las relaciones se tensaran de una manera poco habitual.

La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, había reconocido antes del fallo del 19 de noviembre de 2012 que debido al diferendo limítrofe y a las reivindicaciones que Managua ha considerado justas durante los últimos años, las relaciones bilaterales se han mantenido en una especie de ambiente frío que ha impedido acercamientos profundos. Hoy, después de la reacción colombiana, las distancias parecen más amplias que nunca, incluso más que en los días siguientes al 6 de diciembre de 2001, cuando Nicaragua interpuso la demanda que ha dado lugar a todos los acontecimientos que nos traen a la realidad actual.

Sin embargo, del lado nicaragüense las tensiones no lucen tan latentes como en Colombia. Managua no ha respondido al llamado a consulta de la embajadora Lara y en palabras del excanciller nicaragüense Francisco Aguirre —opositor del gobierno del presidente Daniel Ortega— en diálogo con este diario, “la mayoría de gente en nuestro país ya está pensando en las fiestas de Navidad. A quienes les interesa la política piensan fundamentalmente en nuestros problemas de gestión interna. Por supuesto, cerramos filas a favor de lo que consideramos es la soberanía nicaragüense, pero creo que el tema es mucho menos trascendental que en Colombia”.

El excanciller comenta que incluso, con el fallo del 19 de noviembre, muchos nicaragüenses se sintieron defraudados al considerar que de acuerdo con las expectativas, eran mayores las pérdidas que las ganancias. Aguirre insiste: “El tema de Colombia en el Caribe ha pasado a un segundo y tercer plano. De acuerdo con lo que he visto, en Colombia se ha convertido en una especie de cacería de brujas para hallar a algún culpable, por el hecho de que David haya derrotado a Goliat, en términos figurativos. Creo que podrían ser las elecciones que vienen para Colombia el próximo año. Mi esperanza es que una ves haya terminado el proceso electoral, las aguas regresen a su cause y Colombia asuma una posición responsable”.

Mauricio Herdocia, nicaragüense, experto en derecho internacional y uno de los asesores de Managua para la demanda del diferendo limítrofe, está de acuerdo en la apreciación: “Las últimas demandas no cierran espacios de acuerdo y cooperación. Siempre se tiene la oportunidad de llegar a los acuerdos. Una vez se cierre el período de coyuntura electoral, un buen diálogo podría establecerse para la ejecución de la sentencia teniendo en cuenta la protección de la pesca artesanal, las comunidades raizales y de la reserva Seaflower. Por mutuo acuerdo, los dos Estados podrían cesar sus procesos ante la Corte.

Herdocia defiende que a Nicaragua no le quedaba otra alternativa diferente a la de demandar antes de que la salida de Colombia del Pacto de Bogotá se hiciera efectiva: “Ya en 2001 había retirado la declaración de jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y así cerró una puerta de acceso al tribunal. Salir del pacto y pretender cerrar la otra puerta era algo que Nicaragua no podía permitir, es una forma de conservar sus garantías jurídicas”.

El excanciller Aguirre rechaza que a su país se le trate de “hostil” cuando está queriendo ejecutar una sentencia de obligatorio cumplimiento y de “expansionista” cuado basta con revisar la historia para notar las pérdidas de tierra y mar que a Nicaragua le ha costado el cumplimiento de los dictámenes de los árbitros internacionales. Herdocia no ve factible un rompimiento en las relaciones bilaterales: sería un error imperdonable entre países hermanos.

 

 

 

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@Motamotta

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