Argentina, en el abismo

Axel Kicillof, su ministro de Finanzas, no pudo llegar a un acuerdo con los “fondos buitres” y cesó parte de sus pagos.

Axel Kicillof, ministro de Finanzas argentino, a su llegada a las oficinas en Manhattan donde se reuniría con representantes de los “fondos buitres”. / Bloomberg

Por más de seis horas, en una oficina del selecto rascacielos que se alza en el 245 de Park Avenue, en pleno Manhattan, se decidió ayer el futuro financiero de Argentina. Axel Kicillof, su ministro de Finanzas, había llegado allí exclusivamente para sellar un acuerdo que le evitara al país caer en el cese de pagos. Del otro lado, los representantes de los fondos privados NML Capital, Aurelius Capital y algunos inversionistas privados se mantuvieron en su posición: cobrar hasta el último centavo de los US$1.500 millones que les adeudan desde hace 13 años, cuando el país suramericano dejó de honrar sus obligaciones.

Fue un diálogo hueco, sin ninguna opción de encuentro. De poco sirvió la propuesta que el funcionario austral puso sobre la mesa: US$250 millones, con recursos provenientes de los bancos argentinos, para recomprar una parte de los bonos y retrasar, al menos, el deprimente desenlace. Pero los acreedores permanecieron firmes: no había otra salida que la totalidad del dinero.

“Desafortunadamente no se ha alcanzado ningún acuerdo y Argentina estará de forma inminente en suspensión de pagos”, declaró al término de la reunión Daniel Pollack, el mediador designado por un juez federal. Y se produjo la primera mala noticia para el gobierno argentino: la agencia calificadora Standard & Poor’s rebajó su deuda soberana de CCC-, categoría especulativa, a SD, o cese de pagos selectivo.

Un deprimente desenlace para una historia que comenzó a escribirse hace 13 años, cuando, debido a la profunda crisis económica que atravesó entre 1999 y 2001, Argentina dejó de pagar su deuda externa. Esa acción afectó principalmente a los inversores que habían comprado bonos soberanos emitidos en 1994 con un horizonte de pago de más de 10 años.

Aunque en el lustro siguiente el país equilibró sus finanzas, los papeles se vendieron a otros inversionistas, como NML y Aurelius. Mientras tanto, Argentina renegoció su deuda y logró que el 92,4% de los acreedores renunciara hasta al 70% de las sumas pendientes. Pero el 7,6% restante rechazó la propuesta y acudió a los tribunales, donde encontró eco a sus peticiones. Entonces, la presidenta Cristina Fernández los llamó “fondos buitres”.

En 2011 la animadversión oficial se reforzó cuando Thomas Griesa, un juez del estado de Nueva York, les dio la razón y obligó a Argentina a cancelarles la totalidad de la deuda. La pelea llegó a su punto más intenso en junio pasado, cuando, por medida cautelar, congeló un giró de US$539 billones porque no se contemplaba a los “buitres”. Eso puso al país suramericano contra la pared: si no destrababa en el plazo de un mes el giro (el plazo culminó ayer), se calificaría la acción como cese de pagos. Y no podía plegarse a los deseos de Griesa porque, hacerlo, significaba activar una cláusula en los contratos de renegociación que vence en diciembre próximo: toda mejora de pago se aplica a cada uno de los acreedores.

El peor escenario fue confirmado en la tarde de ayer por S&P: el país dejó de pagar parte de su deuda. La noticia desató la furia de Kicillof, un economista de 42 años que odia las corbatas y es fiel creyente de la teoría asistencialista de Keynes: “No estamos en cesación de pagos; ayer le giramos US$650 millones al Club de París”, aclaró antes de criticar a su contraparte: “Los ‘fondos buitres’ representan menos del 1% de los bonos adeudados. Pero no vamos a firmar ningún compromiso que comprometa al pueblo argentino”. De haber cedido, se calcula que, por la validez de la cláusula, Argentina tendría que pagar US$300.000 millones.

Era por eso que el acuerdo, o al menos la postergación de la medida para abonar las deudas ya negociadas, era tan importante. Porque esa suma equivale a un tercio de la deuda del país. El golpe sería duro para una economía que acumula dos trimestres consecutivos con crecimientos negativos (-0,5% en diciembre y -0,8% en marzo) y que ha visto cómo sus ahorradores han cancelado 310.000 cuentas de nómina y 40.200 corrientes.

A pesar de ello, y de que dichos dineros cruzaran el río de la Plata hasta Uruguay, no se prevé una crisis tan profunda como la que se ensañó con el país entre 1999 y 2001. “Esas salidas no son masivas. Obedecen más a la previsión de los argentinos de un nuevo control de cambios en caso de que el país tenga que girarles a todos los acreedores. Pero la economía no está en una recesión tan profunda como hace 15 años. Tampoco es probable que salgan empresas del país. Lo demostró la privatización de YPF Repsol: los inversionistas saben que es un país rico”, explica César Ferrari, Ph.D. en economía y catedrático.

La ironía de todo esto es que Argentina terminaría beneficiándose de un eventual control de cambio. “Devaluaría su moneda, un escenario deseado por muchos porque haría más competitivas sus exportaciones”, dice Ferrari.

 

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