Justicia ecuatoriana no unifica criterios en solicitud de extradición de Santos

Mientras el juez Daniel Méndez argumenta unas razones, el fiscal Carlos Jiménez da otras.

El juez Daniel Méndez y el fiscal Carlos Jiménez, que participan en el proceso judicial sobre un bombardeo colombiano en el territorio de Ecuador conocido como Angostura, no se pusieron de acuerdo sobre el pedido de extradición del presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos.

Santos tiene en su contra en Ecuador una orden de prisión con fines de investigación por su participación “intelectual” en esa operación militar de marzo de 2008, cuando era titular del Ministerio de Defensa de su país.

Según Méndez, el fiscal no ha tramitado el pedido, “no lo ha solicitado, no ha existido la cuestión de la extradición, por lo cual no se ha dispuesto la misma”, señaló en declaraciones al canal Ecuavisa. Sin embargo, Jiménez aseguró a la cadena que, dentro del expediente judicial, se recoge el “acto administrativo” por el que “se le solicita al señor juez que disponga o sugiera al presidente de la Corte Nacional de Justicia que inicie el proceso de extradición” de Santos.

El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Vicente Troya, señaló que la entidad no ha recibido ningún pedido sobre Santos y su implicación en el proceso judicial que investiga un bombardeo del Ejército colombiano contra las Farc en Angostura.

En esa operación fallecieron unas 26 personas, entre ellas el guerrillero 'Raúl Reyes'; cuatro universitarios mexicanos y un ciudadano ecuatoriano.

Al ser consultado si han recibido el trámite de extradición de Santos, Troya subrayó que “no ha llegado nada”, aunque apuntó que la Corte estará al tanto para resolver “lo que sea de resolver, de acuerdo con los convenios internacionales y la ley de extradición”.
 
El ataque colombiano en Angostura derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas aunque, desde finales del año pasado, los dos gobiernos adelantan un proceso de diálogo para intentar recomponer plenamente sus lazos.

De momento, los dos países han designado a sus respectivos encargados de negocios y agregados militares y ratificado la voluntad política de continuar las conversaciones. De su lado, el Gobierno colombiano ha remarcado su posición de desconocer la extraterritorialidad de la justicia ecuatoriana y ha rechazado la imputación de Santos.

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