Los dos grandes diarios argentinos denuncian el acoso del Gobierno

‘Clarín’ y ‘La Nación’ temen que el Estado tome el control del papel para prensa.

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, organizó un acto en la Casa Rosada, sede de la presidencia, la noche del martes para presentar un informe que no sólo refuerza su ofensiva contra el mayor periódico y grupo de medios de Argentina, Clarín, sino también ataca al segundo diario con mayores ventas, La Nación. La prensa argentina temía que el documento de 400 páginas, que aún no se había difundido al cierre de este artículo, iba denuncia que supuestamente los antiguos dueños del único fabricante argentino de papel para periódicos, Papel Prensa, se vieron forzados, bajo las torturas del régimen militar --1976-1983--, a vender la empresa a Clarín --que controla actualmente 49% de la papelera-- y La Nación --22%--. Ambos periódicos rechazaron el martes esa acusación en un comunicado conjunto titulado: “Una historia inventada para quedarse con Papel Prensa”. La mayoría de la oposición argentina criticó la embestida del Gobierno peronista.

“Los accionistas privados (de Papel Prensa, cuyo 27% pertenece al Estado), venimos denunciando desde hace casi un año un plan del Gobierno nacional para apoderarse de la compañía y controlar el papel para diarios, insumo esencial de la prensa libre”, comenzaba el comunicado de Clarín y La Nación. Ambos periódicos atacaron al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, comisionado por el Estado ante Papel Prensa: “Viene distorsionando con alevosía hechos históricos, manipulando dolorosamente personas y situaciones, reclutando aliados de sugestiva plasticidad y reescribiendo la historia, bastardeando así la bandera de los derechos humanos”. Aseguraron que “la compraventa se llevó a cabo el 2 de noviembre de 1976”, mientras que “en ese momento no había salido a la luz la conexión del grupo Graiver (la familia entonces propietaria de Papel Prensa) con la organización armada Montoneros (guerrilla peronista), vínculo que en marzo y abril de 1977 desencadenó el repudiable secuestro de varios miembros de ese grupo por la dictadura militar”, según lo declararon las propias víctimas “en democracia”, a partir de 1983, ante los jueces.

Antes del acto al que la presidenta Cristina Fernández había convocado a todo su grupo político, sindicalistas y empresarios, se tejían especulaciones sobre si el Gobierno utilizaría el informe de Moreno --que repartió hace unas semanas guantes de boxeo en una asamblea de accionistas de Papel Prensa-- para denunciar a los socios privados ante la justicia o para intervenir la compañía que controla el 75% del mercado --el resto del papel se importa-- y abastece a 170 periódicos. El martes por la mañana, el síndico –interventor-- general del Estado, Daniel Raposo, opinó que el informe iba a constituir “un paso trascendental que deja al descubierto las maniobras de algunos sectores del poder civil que estuvieron en connivencia con el poder militar, apropiándose de bienes de personas en total estado de indefensión”.

   Raposo dijo que “hay documentación y testimonios contundentes que demuestran” que una de las antiguas dueñas de Papel Prensa, Lidia Papaleo de Graiver, “privada de su libertad, fue obligada a la toma de decisiones, y está claro que su voluntad estaba viciada, dado que no pudo expresar libremente su posibilidad de vender las acciones”. Concluyó diciendo que “el futuro de Papel Prensa depende del rol que tenga el Estado a partir de ahora”. El periódico Perfil, que respaldó a Clarín en este conflicto, publicó el domingo declaraciones de Lidia Papaleo de Graiver sobre el informe del Gobierno: “Tengo las mejores expectativas de una reparación histórica después de 34 años”.

En la oposición, el principal partido contrario al Gobierno, la Unión Cívica Radical, difundió un comunicado el lunes en el que advirtió que “el Gobierno degrada la democracia, limita las libertades y lesiona la seguridad jurídica”. El ex presidente Eduardo Duhalde (2002-2003), peronista disidente, atacó el plan para “confiscar Papel Prensa sin sustento jurídico o histórico”. La Coalición Cívica y la conservadora Propuesta Republicana también criticaron la ofensiva del Gobierno contra Papel Prensa.

El informe del Gobierno pretende ir más allá de juzgar posiciones editoriales y busca involucrar a Clarín y La Nación en “caso de delitos de lesa humanidad”, según expresaron ambos periódicos. “Los voceros oficiales y sus aliados circunstanciales primero dijeron que la empresa se vendió con los Graiver secuestrados; después, que se hizo en un intervalo de su secuestro y, finalmente, que fue bajo presión de los diarios”, afirmaba el comunicado conjunto del martes.