Ejército de México acepta investigar muerte de estudiantes en tiroteo

Dos estudiantes del TEC de Monterrey muertos habían sido presentados como sicarios por las autoridades.

El Ejército mexicano aceptó este sábado la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para indemnizar a las familias e investigar los hechos en los que murieron dos estudiantes universitarios en un tiroteo en Monterrey, capital de Nuevo León.

“Se informa que este Instituto Armado, respetuoso de las funciones que desarrolla la CNDH, determinó aceptar la recomendación, cuyo cumplimiento se sujetará al marco jurídico nacional” indicó la Secretaría de la Defensa (Sedena) en un comunicado.

El pasado 12 de agosto, la CNDH pidió a la Sedena indemnizar a los familiares de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, estudiantes del Tecnológico de Monterrey (Tec) , y esclarecer los hechos ocurridos el 19 de marzo en un tiroteo con presuntos sicarios del crimen organizado.

En una recomendación formulada a raíz del suceso, la CNDH pidió también al Ejército que se abstenga de manipular escenas de hechos violentos para tergiversar lo ocurrido.

Los dos estudiantes del Tec de Monterrey fueron identificados tras su muerte como sicarios, cuando no era así. Desde algunos sectores se aseguró que cayeron bajo las balas de los militares, que los confundieron con pistoleros del narcotráfico.

La actuación de los soldados “omitió proteger la integridad física de las personas que se encontraban en el lugar del enfrentamiento” , apunta la recomendación de la CNDH.

La Sedena explicó que respecto a la “supuesta manipulación y alteración de la escena de los hechos” , las autoridades competentes “deslindarán las responsabilidades” en estricto respeto a las garantías y derechos de las personas establecidas en el orden jurídico del país y en los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos.

La Sedena también destacó que “mantiene su disposición para evaluar y mejorar” los programas de promoción y fortalecimiento de los derechos humanos al interior del Ejército y Fuerza Aérea.

Desde diciembre de 2006, por orden del presidente Felipe Calderón los militares sirven como punta de lanza para frenar la influencia de los carteles de la droga, cuyo enfrentamiento entre sí ha dejado ya 28.000 muertos en poco más de tres años y medio.

Las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, han formulado estas críticas, a las que tanto Calderón como la Secretaría de la Defensa Nacional han restado peso, argumentando que los abusos militares son investigados y castigados.