En El Salvador sólo por pertenecer a pandillas se impondrán 10 años de prisión

La ley se comenzará a aplicar a partir del próximo lunes.

Las autoridades de El Salvador se preparan para aplicar desde el próximo lunes una ley que proscribe las pandillas y que, por la sola pertenencia a ellas, impone hasta 10 años de prisión, mientras organismos humanitarios anticipan que se "sobrecargará" el actual hacinamiento en las cárceles.

El Congreso la aprobó el 1 de septiembre y el presidente Mauricio Funes la sancionó en forma acelerada el día 9, justo cuando finalizaba un paro del transporte colectivo de tres días impuesto por las pandillas, con el que presionaron infructuosamente por el veto de la ley.

El director de la Policía Nacional Civil, Carlos Ascencio, y el fiscal general, Romeo Barahona, se han reunido con jefes policiales y fiscales para discutir la forma en que ejecutarán la denominada Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal.

Ascencio afirmó que la aplicación de la normativa "es clave" para poder penalizar las acciones de las maras que cometen generalizadas extorsiones y están vinculadas al crimen organizado.

Pero organismos humanitarios advierten sobre la eventual "sobrecarga" de la población penal en el país.

"La ley antipandillas vendrá a sobrecargar más la población en los centros penales. Se deben buscar algunas soluciones como la posibilidad de adecuar viejos cuarteles del Ejército", declaró a la AFP el director del Instituto de Derechos Humanos de la jesuita Universidad Centroamericana (IDHUCA), Benjamín Cuéllar.

Es una "medida parche" que no resolverá "los graves problemas sociales" que la derecha no resolvió en sus 20 años de gobierno continuo, adelantó Cuéllar.

Funes reconoció el problema del hacinamiento en las cárceles, con capacidad para unos 8.000 reclusos y que en la actualidad albergan un poco más de 23.000, pero alegó la necesidad de controlar a las pandillas.

"Para el gobierno, es necesario aumentar el control sobre este tipo de agrupaciones (pandillas) para implementar acciones que permitan combatir y prevenir la violencia", declaró Funes.

Para "combatir el hacinamiento", el mandatario estima que se deben clasificar a los reclusos por su grado de peligrosidad, y los involucrados en casos menos graves hacerles una "sustitución de penas" en lugar del encierro.

Funes aseguró que la ley no se prestará a la confusión y no encarcelará injustificadamente a los salvadoreños como lo temen grupos de derechos humanos.

"No veo por qué va haber equivocación en la aplicación de la ley. La ley es clara, la ley proscribe la pertenencia a una pandilla y la establece como delito y da criterios para ello", enfatizó.

El detonante para la aprobación de la ley fue el incendio de un microbús con todos sus ocupantes en el interior y en el que perecieron 14 personas el pasado 20 de junio.

El Salvador, de escasos 20.742 km2 y 6,1 millones de habitantes, afronta 13 homcidios por día y decenas de asaltos a mano armada.

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