Desarticulada en España una de las cuatro principales redes de la mafia rusa

Las fuerzas de seguridad españolas desarticularon una de las cuatro principales redes de la mafia rusa en el mundo, en una operación llevada a cabo simultáneamente en varias localidades y en la que 20 personas, incluidos los cabecillas, fueron detenidas.

Ordenada por el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón, la operación “Troika” movilizó a más de 300 agentes.

La Fiscalía da por desarticulada la organización criminal Tambovskaya-Malyshevskaya con la detención de sus principales jefes, residentes en España, desde donde presuntamente ordenaron asesinatos y dirigieron operaciones ligadas al tráfico de armas y de drogas, la extorsión, el cohecho, el contrabando de cobalto y tabaco, además de palizas por encargo y amenazas, entre otras actividades delictivas.

Según el Ministerio del Interior, fueron detenidas 20 personas, diez en Málaga (Andalucía), cuatro en Alicante (este mediterráneo), cuatro en Palma de Mallorca (Islas Baleares) y dos en Madrid.

Además fueron practicados varios registros en distintas localidades españolas, tanto en las residencias de los arrestados como en las empresas vinculadas a la organización.

Fueron también inspeccionados despachos de abogados y economistas para intentar acreditar la principal actividad que la organización realizaba en España: el blanqueo de capitales procedentes de las actividades criminales que llevaban a cabo en la Federación Rusa.

La organización delictiva estaba integrada por individuos originarios de Moscú y San Petersburgo en su mayoría y con antecedentes criminales en Rusia y en países europeos.

Estas personas habían establecido sus residencias habituales en la zona de las Islas Baleares, Levante y la Costa del Sol andaluza, todas altamente turísticas.

Desde España controlaban presuntamente las actividades criminales ejecutadas por mandos intermedios en su país de origen, como asesinatos, tráfico de armas y extorsiones, entre otras muchas.

El rendimiento económico generado por estas actividades criminales era supuestamente canalizado en España mediante asesores jurídico-financieros que actuaban casi en exclusiva para la organización con el objeto de blanquear este dinero mediante ampliaciones de capital y préstamos intersocietarios, tránsitos a paraísos fiscales e inversiones en otros países, como Alemania.

Los dirigentes de la organización, compañeros de “banda” en la juventud, mantenían contacto directo y permanente con criminales residentes en la Federación Rusa.

Las investigaciones fueron abiertas en 2006 por la Policía española, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, bajo la dirección de Garzón y la Fiscalía Anticorrupción.

En ellas colaboraron el FBI estadounidense, las Policías suiza y alemana y las autoridades rusas.

Cuatro de los dirigentes ahora detenidos fueron los primeros objetivos de las investigaciones, al ser considerados “avtoritiety” (máximas autoridades criminales) o “Vor Z Konen” (ladrón en la ley).
 
Uno de ellos es el ciudadano ruso Vitali Idrilov, detenido en Alicante y que ya fue arrestado hace tres años en el marco de la llamada “operación Avispa”, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

Según la Fiscalía, Idrilov -que se encontraba actualmente en libertad provisional a la espera de ser juzgado- había reorganizado en el último año su entramado financiero y sus contactos para seguir viviendo “opulentamente”, a pesar de tener intervenidos todos sus bienes.

Las indagaciones de la “operación Troika” se ampliaron al resto de los implicados en las estructuras financieras, desde las que se blanqueaban los capitales procedentes de actividades criminales cometidas en Rusia, en Estados Unidos y en diversos países de la Unión Europea.

Para ello utilizaban entidades financieras suizas y paraísos fiscales, sociedades pantalla, testaferros y otras fórmulas de ocultación financiera.

A los detenidos se les imputan delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

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