Este lunes debatirán la propuesta francesa de un pacto de inmigración

Los Veintisiete comenzarán a discutir en el encuentro informal de ministros de Interior y Justicia que se celebra en Cannes, Francia, sobre la propuesta del Gobierno francés de un pacto europeo sobre inmigración y asilo.

La presidencia francesa de turno de la Unión Europea, UE presentará al resto de Estados miembros el documento en el que lleva meses trabajando con las autoridades españolas, con el objetivo de que sea rubricado por los líderes de los Veintisiete en el Consejo Europeo del próximo mes de octubre.

Francia ha renunciado, ante la frontal oposición de España, a introducir en el texto la obligación de que los inmigrantes firmen un contrato de integración en el que se comprometerían a aprender la lengua del país de acogida y a respetar sus leyes.

El otro punto que más reticencias genera a España, la alusión a los procesos de regularización, es todavía objeto de discusión.

Según el borrador del documento facilitado por Francia al resto de delegaciones, que puede ser modificado antes de llegar el lunes a la mesa de los ministros, la UE se comprometería a descartar las regularizaciones generales e incondicionales, que serían "caso por caso".

España quiere evitar que las referencias a esta cuestión sean interpretadas como una censura a la política migratoria aplicada por el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Sin embargo, este deseo puede chocar con la exigencia de países como Bélgica y Suecia, partidarios de una redacción más dura contra las regularizaciones masivas, según fuentes comunitarias.

La definición de una política común de inmigración, articulada en el citado pacto, es una de las prioridades que se ha marcado el presidente francés, Nicolas Sarkozy, para el semestre que va a estar al frente de la UE.

"La UE no tiene los medios de acoger dignamente a todos aquellos que ven en ella un Eldorado", reza el texto propuesto por la presidencia, que deja claro que la gestión de la inmigración debe tener en cuenta la situación del mercado laboral, así como los recursos disponibles en materia de alojamiento, sanidad y educación.

En esa línea, cada Estado miembro deberá determinar las condiciones de admisión a su territorio y fijar el número de inmigrantes. Se trata, según el borrador, de aplicar una política de inmigración "escogida" que responda a las necesidades del mercado de trabajo y preste atención a las consecuencias en los demás Estados miembros.

Aboga por atraer a trabajadores cualificados, favoreciendo al mismo tiempo la inmigración temporal, para evitar la fuga de cerebros.

Propone regular mejor la reagrupación familiar, vinculándola a los ingresos y condiciones de residencia de la familia, así como al conocimiento del idioma del país de acogida.

En cuanto a los inmigrantes en situación irregular, el documento deja claro que tendrán que abandonar la UE voluntariamente o serán expulsados y recalca que las regularizaciones se harán "caso por caso".

Insta a establecer acuerdos de readmisión, comunitarios o bilaterales, con los países de origen de inmigración, con los que también se reforzará la cooperación para luchar contra el tráfico de personas.

Los Estados miembros deberán ofrecer ayudas para el retorno voluntario de los inmigrantes, a la vez que endurecen el combate contra los explotadores de indocumentados.

Respecto al control de las fronteras, el texto marca el 1 de enero de 2012 como plazo límite para la implantación de los visados con información biométrica, fecha en la que también debería estar operativo un registro electrónico de salidas y entradas.

En materia de asilo, Francia ha abandonado, visto el rechazo de varios países, la idea de crear una Oficina europea de demandantes de asilo y se limita a proponer la creación en 2009 de un órgano "de apoyo", sin poderes, para facilitar el intercambio de información.

Pide a la Comisión Europea que presente propuestas para instaurar en 2012 un procedimiento de asilo único en la UE, basado en garantías comunes.

La Unión se comprometerá, por último, a establecer acuerdos con los países de origen o tránsito de los inmigrantes sobre gestión de la inmigración legal y lucha contra la irregular, mecanismos de readmisión, y apoyo al desarrollo de sus economías.