Tras embargo masivo, Presidente de Ecuador es blanco de críticas

El mandatario, Rafael Correa, ordenó la incautación de 195 empresas, incluso tres canales de televisión y una emisora, en una acción destinada a "proteger los bienes del pueblo ecuatoriano". Uno de sus ministros renunció al manifestar su desacuerdo. 

El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Blasco Peñaherrera Solah, se mostró preocupado por lo que considera un ambiente "totalitario" en Ecuador, tras la incautación por parte del Estado de 195 empresas, entre ellas varios medios de comunicación del llamado "Grupo Isaías".

La Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) incautó "todos los bienes de propiedad de los administradores y accionistas del ex banco Filanbanco, al 2 de diciembre de 1998", según informó la Presidencia de la República de Ecuador a través de un comunicado. Las pérdidas de esa empresa, según la Junta Bancaria, ascienden a 661 millones de dólares.

Para Peñaherrera, la incautación de los canales privados TC-Televisión y Gamavisión atenta contra la libertad de expresión en el país, una característica propia de los gobiernos totalitarios. "Vivimos momentos escalofriantes cuando todo el sistema de libertades que vivimos están siendo vulneradas", comentó Peñaherrera en una nota publicada por el periódico electrónico Ecuadorinmediato.

"Comenzamos a vivir lo que se vive en Venezuela, lo que se vivió en Cuba y lo que se ha vivido en todos los países totalitarios en los cuales el derecho al acceso a la justicia y el derecho al debido proceso y el derecho a estar amparados bajo el imperio de la ley no existe: aquí quien tiene la antipatía del gobierno inmediatamente es perseguido", aseguró.

El presidente de la Cámara de Comercio formuló un llamado a los ecuatorianos a defender las libertades porque, a su criterio, "nunca en la historia se hicieron cosas como las que se están haciendo ahora". Peñaherrera saludó "la decisión valiente" del ahora ex ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, de supuestamente contrariar con la decisión de la incautación, por lo cual renunció al cargo y será reemplazado por la actual parlamentaria Wilma Salgado.

Para Peñaherrera, la incautación de los canales privados de televisión es "una decisión absolutamente tirana, dictatorial y que va en contra de todos los conceptos del debido proceso". Recordó que el pasado fin de semana, el gobernador (representante del Ejecutivo) de la provincia del Guayas, Leonardo Vicuña, había dicho que no existe ninguna decisión contra esos medios: "Son un gobierno de mentirosos. Mentirosos", enfatizó.

"Y si por esto tengo que ir preso, lo repito: mentirosos, y al Ecuador no se lo puede engañar de esta manera vil y de esta manera traidora y artera", puntualizó. Decenas de policías mantienen bloqueados desde esta madrugada los ingresos a por lo menos dos canales de televisión en Quito y Guayaquil: TC-Televisión y Gamavisión, mientras que las fuerzas del orden comenzaron también a ocupar instalaciones de otras empresas vinculadas al "Grupo Isaías".

La AGD es la entidad encargada de recuperar el dinero que el Estado destinó para sanear a una veintena de bancos intervenidos tras la crisis financiera que se desató en el país entre 1998 y 1999, considerada como la peor de la historia nacional. Esa Agencia mantiene un juicio por supuesta malversación de dinero del Estado entregado a Filanbanco, cuyos propietarios eran los hermanos Roberto y William Isaías, cuya extradición de Estados Unidos solicitó Ecuador para que se sometan a la justicia.

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