Este martes se define la suerte de Fujimori

"¡Soy inocente!", vociferó el 10 de diciembre de 2007 el ex presidente Alberto Fujimori Fujimori cuando inició el juicio penal en su contra por violaciones de derechos humanos.

De inmediato, el magistrado que dirige el juicio le dio a entender al ex mandatario que su manera de ejercer el poder y sus formas de comunicación tendrían que ser otras. Ahora, y por primera vez, Fujimori estaba en el banquillo. “Acusado Fujimori, aquí mando yo”, aseguró el Magistrado Cesar San Martín, quien preside la sala especial de la Corte Suprema de Perú que juzga al ex mandatario y que pronunciará sentencia a mediados de abril.   

Hoy, meses más tarde, Fujimori es otro. Declarado culpable por un delito de abuso de poder y condenado a seis años de prisión, transcurrido más de un año de detención, concluidas más de 130 sesiones en el juicio oral (en la cuales se escucharon a más de 100 testigos y se analizaron voluminosos documentos), y terminados los alegatos finales en el juicio por derechos humanos; el acusado acude al proceso desganado.

Fujimori enfrenta el juicio de su vida. Es juzgado por haber actuado como “el hombre de atrás” de un aparato clandestino que llevó a cabo operaciones macabras durante su mandato presidencial. En el juicio se debate si Fujimori tuvo conocimiento de la existencia de este escuadrón de la muerte, conocido como el grupo Colina, y si utilizó su poder para controlar las acciones de ese grupo.

El régimen Fujimori

Fujimori gobernó Perú durante un periodo de diez años (1990-2000), plagado de escándalos de corrupción y en ejercicio de un poder sin contrapesos, que incluyó el cierre del Congreso y la modificación de la Constitución para permitir su reelección. Junto con su asesor, Vladimiro Lenin Montesinos Torres, Fujimori organizó una compleja red de corrupción que involucró a actores privados y funcionarios públicos, usó la desaparición forzada y la tortura como parte de su estrategia antisubversiva, persiguió a la oposición política e irrespetó la separación de los poderes.

El alcance de la corrupción de su gobierno y su participación en  los mercados de la violencia quedaron expuestos en la reciente condena a 20 años que recibió Montesinos por la venta de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

En relación con las violaciones de derechos humanos, la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú recalcó en su informe final que la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial fueron cometidas de manera sistemática y selectiva durante el primer mandato de Fujimori. Concluyó que Fujimori fue responsable, junto con Montesinos - como jefe de hecho del Servicio de Inteligencia Nacional-, de auspiciar la comisión de atrocidades y de encubrirlas.

Pocos meses después de asumir un tercer mandato presidencial, en noviembre de 2000, Fujimori se fugó a Japón desde donde presentó su renuncia a la Presidencia. Como mecanismo para evadir su responsabilidad penal en Perú, Fujimori consiguió que se le reconociera la ciudadanía japonesa. Con Fujimori fugitivo, las autoridades peruanas adelantaron varios procesos en su contra por corrupción, abuso de autoridad y violación de derechos humanos.

Los cargos y el proceso penal

Desde su refugio en Japón, Fujimori fue declarado en 2002 como reo ausente en las etapas preliminares del proceso que hoy se sigue en su contra. De manera sorpresiva, Fujimori abandonó Japón y viajó en noviembre de 2005 a Chile, en donde fue capturado por solicitud del Perú. Las autoridades peruanas solicitaron a Chile su extradición, en enero de 2006, por múltiples cargos de corrupción y delitos atroces. Ese mismo requerimiento fue respondido con silencio por las autoridades japonesas.

El trámite de la solicitud de extradición fue accidentado. Ésta fue finalmente concedida el 21 de septiembre de 2007 por la Corte Suprema de Chile por ocho cargos, desestimando, entre otros, los argumentos de inmunidad por parte del ex jefe de Estado. Al día siguiente, Fujimori fue extraditado a Perú y recluido en un complejo de detención administrado por la autoridad penitenciaria, ubicado al interior de un comando especial de policía en las afueras de Lima.

Fujimori fue inicialmente juzgado y condenado a finales de 2007 a seis años de prisión por ordenar un allanamiento ilegal a la

residencia de la esposa de Montesinos, en donde buscaba los videos y las pruebas que lo podían incriminar. La condena se basa en un delito de abuso de autoridad e ilustra el comportamiento del ex Presidente orientado a obstruir la justicia y manipular pruebas. Esta condena ya fue ratificada en segunda instancia.

Actualmente, Fujimori es juzgado por tres casos que implican su responsabilidad en violaciones de derechos humanos: Barrios Altos, La Cantuta y Sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). El primer caso se refiere a la matanza el 3 de noviembre de 1991, por parte de miembros del grupo Colina, de 15 personas que estaban presentes en una fiesta en el sector de Barrios Altos, en el centro de Lima. . El segundo caso, conocido como La Cantuta, se relaciona con la desaparición, el 18 de julio de 1992, de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta por parte de miembros del grupo Colina. Las tumbas de los estudiantes y el profesor fueron descubiertas años después y sus cuerpos fueron hallados con señales de tortura. El tercer caso hace referencia al secuestro del empresario Samuel Dyer y del periodista Gustavo Gorriti en una instalación militar. Ambos fueron liberados posteriormente.

En ninguna de las tres situaciones se alega que Fujimori cometió de mano propia los delitos. Se acude a la figura de autoría mediata que establece la responsabilidad penal de una persona cuando, en una situación de poder, utiliza su influencia para que otros cometan los delitos. Se trata de una tesis de responsabilidad penal utilizada en otros contextos nacionales, como en Argentina, referida a la utilización de escuadrones de la muerte u otro tipo de estructuras organizadas de poder.

Estos tres casos se acumularon en el juicio que inicio el 10 de diciembre de 2007, conocido como el “megajuicio por derechos humanos”. Tanto en el caso de Barrios Altos como en el de La Cantuta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había establecido la responsabilidad del Estado peruano por las violaciones cometidas. Actualmente, se determina la responsabilidad penal individual de Fujimori en cada uno de los hechos.

El juicio es conducido en una Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú. Al margen de la complejidad del proceso, el tribunal se ha desempeñado de manera ejemplar, garantizando el debido proceso y la transparencia de lo actuado.

Una vez concluya este juicio – sea cual sea el resultado – Fujimori pasará a encarar otros juicios por cuatro cargos más, que incluyen acusaciones por interceptación de líneas telefónicas de miembros de la oposición, sobornos a congresistas, malversación de fondos públicos para actividades ilícitas y transferencia de fondos a su asesor Montesinos.

Juicio histórico contra un jefe de Estado

Según una reciente publicación sobre la persecución penal de jefes de Estado (Ellen L. Lutz y Caitlin Reiger, eds., 2009), entre enero de 1990 y mayo de 2008, se ha imputado o acusado por delitos graves – incluyendo actos de corrupción, abuso de poder o violaciones de derechos humanos – a 67 jefes de Estado en 43 países del mundo, la gran mayoría en América Latina. Muy pocos han sido juzgados y muchos menos condenados –aún menos han purgado efectivamente parte de su condena-.

El proceso penal contra Fujimori está haciendo historia. Sus efectos sobre la vida nacional peruana y sobre la región latinoamericana no deben subvalorarse. Las formas y los rituales propios de la justicia están teniendo un impacto deseado de reconocimiento de las atrocidades y de las víctimas.

Estamos frente a un caso inusual, en el cual el derecho penal se convierte en herramienta para hacer frente a la negación, impedir el sustento de las justificaciones de los perpetradores, y establecer responsabilidades personales frente a la atrocidad.

El resultado del proceso se dará a conocer en abril. Fujimori puede ser declarado inocente o culpable. El juicio no será el último ni el determinante, pero sí es un hecho inédito con un potencial de reconocimiento importante.

¿Fujimori culpable o inocente? El fallo dirá si tenía razón el ex presidente al afirmar  “soy inocente” aquel diciembre de 2007 o si por el contrario Fujimori pasará del banquillo de los acusados a ser un ex presidente condenado por violaciones de derechos humanos.

* Director en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional, entidad que participa como observador internacional en el juicio de Fujimori.

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