El terremoto y maremoto del sábado pasado marcarán la agenda de tres de los cuatro años de duración que tendrá el Gobierno de derechas encabezado por el presidente electo Sebastián Piñera, quien asumirá el poder en una semana, el jueves 11. En una reunión con el futuro gabinete ministerial, Piñera advirtió a sus ministros que el programa de Gobierno se deberá readecuar a las tareas de seguridad, abastecimiento y reconstrucción del país.
La ceremonia de traspaso de mando del próximo jueves será austera, según acordaron en una reunión la presidenta Michelle Bachelet y Piñera. Ambos han actuado sin mayores roces entre ellos desde el terremoto, aunque éstos sí han existido entre algunos miembros de sus equipos más cercanos. A la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, Bachelet ya le informó de que Chile requerirá créditos blandos en el futuro para abordar la reconstrucción, a pesar de que esta tarea que no la efectuará su Administración. Piñera ha pedido a sus ministros moderar las críticas y mostrar un apoyo constructivo a las tareas del Gobierno. Los analistas coinciden en que a Bachelet le ha correspondido hacer frente a la parte más compleja de las consecuencias del terremoto, el embate mismo de la naturaleza y las primeras medidas paliativas, donde ya han surgido algunas críticas por la lentitud en las decisiones. Bachelet se ha defendido esgrimiendo la magnitud inédita de la crisis, su extensión territorial y humana, y el destrozo causado a las infraestructuras y las comunicaciones.
En cambio, a Piñera le corresponderá ser presidente en el período de la reconstrucción, con una economía que cuenta con recursos suficientes para abordar las tareas sin desequilibrar las finanzas públicas. Las inauguraciones y cortes de cintas quedarán en manos de su gobierno. El presidente electo dejó a cargo de su futuro ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, la primera prioridad, el problema de la seguridad y el abastecimiento de alimentos, agua potable y electricidad. Piñera ha comentado que es partidario de ampliar a otras regiones el estado de excepción, que permite el uso de tropas y aplicar el toque de queda. Reunidos el miércoles con Bachelet, los máximos dirigentes empresariales del país se comprometieron a trabajar para recuperar la normalidad lo antes posible. Los empresarios informaron al público que no necesario comprar víveres para almacenar porque existen reservas suficientes y éstas pronto comenzarán a ser distribuidas con la regularidad previa a la catástrofe.
Justamente esa normalidad es lo que empezó percibirse el miércoles en Concepción, la ciudad más cercana al epicentro y escenario de violencia en las últimas 48 horas. Los pillajes se acabaron por la mano dura del Ejército y la policía. El miércoles reabrieron dos supermercados y otros ocho empezarán a funcionar en los próximos días. Las compras con tarjeta de crédito se pueden efectuar si problema.
Una buena noticia también supuso el rescate con vida a 79 personas de entre los escombros del edificio que se derrumbó por completo en Concepción a consecuencia del terremoto. El comandante de Bomberos Juan Carlos Subercaseaux ha informado de que apenas unas seis personas se encuentran desaparecidas, las cuales se podrían encontrar en los 20 apartamentos que faltan por revisar del edificio de 15 plantas que quedó reducido a escombros.
“Temíamos que un centenar de personas hubieran muerto al desplomarse el edificio, pero gracias a Dios el número es mucho menor”, dijo Subercaseaux, al detallar que sólo han hallado siete cadáveres. El edificio Alto Río de Concepción ha sido uno de los inmuebles más afectados por el terremoto y el posterior tsunami que desató y que se han cobrado la vida de 800 personas en Chile.
Pero el miedo sigue latente. A última hora de el miércoles la ciudad vivió una fuerte réplica y una alerta de tsunami que, aunque resultó falsa, puso la ciudad patas arriba durante media hora. “A los cerros, a los cerros”, decía la gente. La ministra de vivienda, Patricia Poblete, comentó ayer en el centro de Concepción que iban a tener que demoler varios edificios. A su lado, el arquitecto Oswaldo Arenas achacaba a la relajación en la aplicación de la norma de construcción antisísmica el hecho de que haya tantos edificios nuevos afectados. “Se construyó mucho al límite de la normativa”, dijo.
El general Guillermo Ramírez, jefe máximo de la ciudad en estos días, será el encargado de decidir cuándo se harán las demoliciones. En el cuartel de carabineros la gente espera para llamar gratuitamente a sus familiares o para preguntar por los detenidos durante los saqueos de las noches pasadas. “Por suerte vinieron los milicos, se acabó el tabú chileno”, dice el gerente del hotel Almagro, completamente lleno pero sin luz ni agua pese a que el teléfono y la electricidad volvieron el miércoles a parte de la ciudad. No hay agua pero sí wi-fi. De ahí las colas kilométricas de gente cargando garrafas hacia las fuentes públicas y hacia las gasolineras, custodiadas por tanquetas del Ejército.
A lado del hotel Almagro, media docena de militares hacían guardia en la puerta del supermercado Unimarc, arrasado el sábado. La misma suerte corrió el súper Santa Isabel, una calle más arriba, y la tienda de vestidos La Polar. “El siguiente era yo, pero llegaron ellos y se arregló”, dice el gerente, que no se ha movido del hotel desde el sábado. “¿Se me nota?”, pregunta tocándose la barba. Mientras habla se produce la replica. Se mueve el suelo. Cae una figura de yeso del hall. Poco más. “¿Grado siete?”, aventura como quien colecciona sismos.