Así marcha el capítulo de EE.UU. y el espionaje a través de Google y Facebook

Nuevas revelaciones del programa de recopilación de datos hecho por el gobierno de EE.UU., aumentaron la controversia a pesar de las justificaciones de Obama.

Es legal, todo ha sido legal. Esa consigna la repiten los funcionarios del gobierno del presidente Barack Obama y no hay duda de que esa, justamente, sea la principal justificación para toda la controversia que han desatado los diarios en los últimos días, en la que se evidencian el uso de información, aparentemente privada, en su estrategia antiterrorista.

Primero fue la revelación, llevada a cabo por el diario británico ‘The Guardian’, de un informe en se notificaba de la orden de un juez – Roger Vinson- para facultar a los organismos de inteligencia a registrar las llamadas de los clientes de la empresa de telefonía móvil, Verizon. De acuerdo, con la nota, el FBI habría estado detrás de la solicitud y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) había estado a cargo de la ejecución.

El fiscal general de Estados unidos, Eric Holder, aseguró que todo había sucedido con el consentimiento del Capitolio. Así se despejaba cualquier duda sobre una eventualidad arbitrariedad del gobierno. El presidente Obama aseguró que los programas de espionaje cuentan con un amplio apoyo bipartidista, pero lo dijo después, cuando ‘The Washington Post’ y de nuevo ‘The Guardian’ publicaron un nuevo informe en el que relataban que la NSA y el FBI accedían secretamente a los servidores de las más grandes compañías tecnológicas: Google, Apple, Microsoft, Facebook, entre otras, para obtener información de los usuarios.

El debate creció y de nuevo el argumento de la legalidad estuvo por delante. En el primer caso, las fuentes consultadas de inteligencia aseguraban que en ningún momento se tuvo acceso al contenido de las llamadas y que la operación se había centrado en registro de números y su localización. Sin embargo, el tema de los servidores es un tanto más complejo, pues desde el punto de vista de la teoría, los usuarios que se suscriben a estas empresas tienen garantizada su privacidad.

De acuerdo con los dos diarios, las empresas estaban al tanto de las operaciones de seguridad –todas las operaciones están centradas en la prevención de actos terroristas- y consentían que los cuerpos de inteligencia accedieran a sus servidores. Esa presunción fue rápidamente desmentida por las compañías, que al conocer la noticia, reaccionaron rápidamente emitiendo comunicados en los que negaban tener conocimiento y aclaraban, que como parte de un sistema legal, cualquier revisión de datos debía estar soportada por una orden judicial.

El conocimiento previo del Congreso, del que hablan los representantes del gobierno, estaba blindado por el juramento de los congresistas, quienes no podían decir una palabra al respecto. En cualquier caso, los argumentos oficiales apuntan a que el PRISM, cómo fue bautizado el programa de recopilación de datos, está enmarcado en los lineamientos del Tribunal Supremo de Inteligencia Extranjera.

Estados Unidos tiene una legislación particular al respecto: la información de cualquier cliente o usuario de alguna empresa de este tipo que resida por fuera del país, podrá ser recopilada por las autoridades. Lo mismo ocurre en el caso de que un estadounidense mantenga constante comunicación con personas en el exterior.

Sin embargo, el debate está abierto. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, republicano y tradicional opositor de Obama, elevó su voz de protesta: “Entre los americanos cada vez hay más preocupación por la política pública y las libertades civiles y espero que el presidente explique a los ciudadanos por qué su Administración considera que estas prácticas son esenciales para proteger a nuestra nación de las amenazas del terrorismo".

Incluso, el cuestionamiento a este tipo de políticas ha venido incluso del lado demócrata. “El hecho de que el Congreso estaba al tanto del registro de llamadas no significa que sepa exactamente qué es lo que se estaba haciendo, afirmó la senadora Barbara Mikulski. Ahora los análisis apuntan a que si la controversia trasciende, muy a pesar de las justificaciones del gobierno, deberán tomarse medidas que respondan a los reclamos. En ese caso, uno de los puestos en peligro sería, justamente, el del fiscal Eric Holder.