Ayotzinapa: ¿caso cerrado?

Esta semana la Fiscalía mexicana concluyó que los 43 estudiantes desaparecidos fueron entregados por policías ministeriales al grupo delictivo Guerreros Unidos, que los asesinó, quemó sus restos y tiró las cenizas a un río cercano.

Padres de algunos de los 43 jóvenes desaparecidos aseguran que no hay pruebas científicas que confirmen que sus hijos fueron asesinados e incinerados, como lo asegura la fiscalía mexicana. / EFE

¿Cómo le diría usted a alguien que su hijo ha muerto? ¿Que fue asesinado, reducido a cenizas y tirado a un río? Imagine usted que tiene que decirle a un país que quienes tienen la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos entregaron a 43 estudiantes para que fueran asesinados; que un alcalde y su esposa manejaban a una banda de crimen organizado. ¿Cómo decirle eso y esperar que siga confiando en usted?

El martes la Fiscalía mexicana (PGR) dio una conferencia de prensa para dar a conocer los resultados de la investigación sobre los 43 normalistas desaparecidos hace cuatro meses. La conferencia se dio un día después de una intensa jornada de movilizaciones y a poco más de una semana de que el supuesto autor intelectual de la desaparición, Felipe Rodríguez Salgado, fuera detenido. El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, con la actitud fría y pragmática que lo caracteriza, dio el anuncio junto con Tomás Zerón, director de la Agencia Criminal, de que producto de la información obtenida a lo largo de los cuatro meses desde la desaparición de los estudiantes, se daba por concluida la investigación. Concluyó que los estudiantes fueron entregados por los policías ministeriales al grupo delictivo Guerreros Unidos, que los asesinó y quemó sus restos para después tirar las cenizas a un río cercano.

La Fiscalía mostró con elementos científicos cómo la teoría que se expuso hace dos meses se mantuvo y se corroboró tras las investigaciones. Habló de peritajes químicos, muestras de ADN, temperaturas de combustión y combustibles. Dio los elementos para creer que efectivamente habían hecho su trabajo y que el caso había llegado a su fin. Sin embargo, el procurador olvidó un elemento central en su discurso; convencer a los padres de familia y a la sociedad civil que ha salido a las calles.

Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional y el Robert F. Kennedy Human Rights, condenaron que se hayan dado por concluidas las investigaciones del caso. Los padres de los normalistas ofrecieron un mensaje posterior a la conferencia de prensa, donde mostraron su inconformidad con la manera en que se han llevado a cabo las investigaciones. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que ha representado a los padres, se unió a la indignación.

Con justa razón exigen que la investigación continúe abierta y se lleve hasta las últimas consecuencias. La lógica de la Fiscalía ha sido reducir la tragedia a un ámbito local y culpar al crimen organizado y no a los funcionarios públicos involucrados. Lo anterior tiene lógica, ya que de otra manera el Estado mexicano tendría responsabilidad internacional por lo sucedido.

A pesar de la claridad de su participación en los hechos, ni el alcalde de Iguala, ni su esposa ni ninguno de los policías implicados han sido acusados de desaparición forzada. Se dijo igualmente en la conferencia que se trataba de un crimen atípico, afirmación grave en un país donde hay más de 20 mil personas desaparecidas y 100 mil muertos producto de la guerra contra el narcotráfico.

La comunicación que se ha tenido desde el gobierno hacia la sociedad civil y las víctimas de esta tragedia ha sido lamentable. El presidente no se reunió con los familiares de los estudiantes hasta pasadas varias semanas de su desaparición. Además se mostró solidario con la causa sólo cuando en las movilizaciones comenzaron a exigir su renuncia y a cuestionar una de sus propiedades en la Ciudad de México. Igualmente, el discurso desde el Ejecutivo no ha sido el de responsabilizarse ni tener una postura crítica sobre su propia actuación.

Por lo pronto, se está a la espera del trabajo que el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará en México. Mientras tanto, la desconfianza hacia la Fiscalía continúa, pues es de por sí complicada la situación en la que el gobierno tenga que juzgar e investigar los actos cometidos por el mismo gobierno, sea a nivel de un estado o un municipio.

Por lo tanto, es posible que las movilizaciones y las exigencias de la sociedad civil continúen. La Fiscalía puede dar por concluida la investigación desde el punto de vista legal, pero debe existir un proceso de reparación para los padres, y esto sólo se podrá dar cuando ellos estén seguros de que tienen toda la información de lo que sucedió esa noche del 26 de septiembre.

 

 

* @marcealguerra

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