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Justamente en el aniversario 41 del golpe de Estado de 1973, el primero que le toca vivir a Michelle Bachelet en su segundo mandato, la socialista dio una señal inédita en materia de derechos humanos: su Gobierno anunció que pretende anular la Ley de Amnistía que fue promulgada por la dictadura de Augusto Pinochet en 1978 y que permitió que los crímenes cometidos entre 1973 y esa fecha quedaran impunes.
El Ejecutivo pedirá suma urgencia para la tramitación de un proyecto de ley sobre esta materia que se encuentra en el Congreso desde 2006, presentado por un grupo de senadores oficialistas y el cual busca anular los cinco artículos que componen la normativa del régimen militar. Según ha explicado a CNN Chile el senador Guido Girardi, uno de los autores del proyecto, la medida tiene un alcance retroactivo, lo que permitirá abrir juicios que la justicia consideraba terminados y juzgar a quienes se beneficiaron de la ley.
La medida fue anunciada por la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ximena Rincón, y el titular de Justicia, José Antonio Gómez, en una ceremonia en el Palacio de La Moneda. La iniciativa deberá ser debatida en el Congreso, pero es altamente probable que se apruebe, dada la mayoría que Bachelet tiene en ambas cámaras. “Lo relevante para el gobierno es relevar lo que son proyectos importantes en materia de derechos humanos para iniciar los debates en el Parlamento”, señaló Gómez.
Bien avanzada la democracia, los tribunales comenzaron a investigar los crímenes cometidos por la dictadura entre 1973 y 1975, pese a la Ley de Amnistía, por considerarlos delitos de lesa humanidad, que no prescriben. En el momento de fallar, sin embargo, se encontraban con la normativa, que hizo imposible que en Chile se condenara a los responsables de los abusos cometidos en los primeros cinco años del gobierno de Pinochet.
Uno de los casos icónicos fue el del juez Carlos Cerda, el primer magistrado que estableció que la dictadura utilizaba la desaparición forzada como método para eliminar a los opositores. El magistrado investigó a las cúpulas de los servicios represivos y desafió la Ley de Amnistía, pero eso le valió un enfrentamiento con sus superiores en la Corte Suprema, que ahora el propio magistrado integra.
La decisión de la presidenta socialista ha sido valorada por las agrupaciones de derechos humanos, que desde el regreso de la democracia en 1990 habían convertido la nulidad de la ley en una de sus banderas de lucha. Pero también ha provocado fuertes críticas: “El gobierno debería preocuparse del terrorismo y del desempleo. Los chilenos quieren pensar en los temas de futuro, no del pasado, y cuesta entender que Bachelet lo transforme en una prioridad. Va a reabrir las heridas”, señaló Ernesto Silva, el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI).