Bloqueo a nueva demanda de Nicaragua

Colombia enfila baterías jurídicas contra una nueva demanda nicaragüense, ahora por plataforma continental extendida.

El presidente del CIJ, Peter Tomka (3d)  durante la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en el litigio entre Colombia y Nicaragua.  / EFE
El presidente del CIJ, Peter Tomka (3d) durante la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en el litigio entre Colombia y Nicaragua. / EFE

En los próximos días el gobierno colombiano planteará el retiro total e inmediato del Pacto de Bogotá —tratado que establece las condiciones para resolver los conflictos de manera pacífica entre los países miembros de la Organización de Estados Americanos— y en consecuencia no aceptará ninguna demanda en su contra de otro país miembro ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

El Pacto de Bogotá, como se sabe, fue denunciado por Colombia el pasado 27 de noviembre, días después de que la CIJ fallara en favor de Nicaragua la demanda por el mar territorial alrededor del archipiélago de San Andrés y Providencia. Sin embargo, este tratado —por el cual la Corte de La Haya tuvo competencia para decidir la demanda— contempla un preaviso de un año, transcurrido el cual cesan los efectos para el denunciante. Es decir que hoy, y hasta el próximo 27 de noviembre, Colombia está sujeta a cumplir las condiciones del pacto, firmado en Bogotá el 30 de abril de 1948.

En su nota al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, para denunciar el tratado, la canciller María Ángela Holguín ya deja de presente que la denuncia “rige a partir de hoy respecto de los procedimientos que se inicien después del presente aviso”, y cita el párrafo segundo del artículo LVI, el cual señala que “la denuncia no tendrá efecto alguno sobre los procedimientos pendientes iniciados antes de transmitido el aviso respectivo”.

El Espectador pudo establecer con fuentes de entero crédito en el Palacio de San Carlos que este retiro inmediato del Pacto de Bogotá es una de las principales recomendaciones que le ha hecho al Gobierno el grupo de abogados nacionales integrado por Rafael Nieto Navia, Juan Daniel Jaramillo, Manuel José Cepeda, Luis Ricardo Paredes, Joaquín Polo, Carlos Gustavo Arrieta y Andelfo García, actual embajador de Colombia en Bangkok, en el informe que ya fue entregado a la canciller María Ángela Holguín.

Este diario se comunicó ayer con algunos de los abogados, pero ninguno quiso referirse al tema, además de que varios de ellos se encuentran fuera del país. La canciller María Ángela Holguín, de visita en Perú, tampoco habló del tema.

Las fuentes consultadas dijeron que la firma Volterra Fietta, también contratada para recomendar el camino a seguir respecto del fallo de la Corte, coincide en seguir este paso. Robert Volterra, consultado en su oficina de Londres, tampoco quiso referirse al tema y solamente dijo que “no puedo hablar del tema en este momento”.

Si bien los expertos entienden que se trata de una medida extrema que significa desconocer un tratado vigente, advierten que la soberanía está por encima de esas consideraciones y que hay que impedir a toda costa la presentación de una nueva demanda por parte de Nicaragua para obtener plataforma continental extendida.

“Una vez se declare el retiro total inmediato, Colombia no aceptará ninguna demanda en su contra”, comentó la fuente, que pidió no ser identificada. “Se trata de bloquear la posibilidad de una demanda dando preponderancia a consideraciones de soberanía nacional por encima de la observancia a la cláusula que prevé el lapso de un año de preaviso para el retiro absoluto”, observó.

El excanciller Julio Londoño, quien aún hoy en día funge como agente colombiano ante La Haya, advirtió desde el primer momento que con el fallo del pasado 19 de noviembre Nicaragua iba a pretender la plataforma continental extendida, que ampliaría más allá de las 200 millas náuticas los derechos del lecho marítimo, por debajo de la zona económica exclusiva de Colombia.

En otras palabras, de tener éxito con esta nueva demanda, la soberanía nicaragüense se extendería al oriente por detrás de las islas y terminaría en cercanías de Cartagena. Nicaragua no ha desmentido estas advertencias y, antes bien, esta semana su representante permanente en La Haya, Carlos Argüello, hizo explícito que su país puede adelantar otra demanda para “recuperar la totalidad de la plataforma continental que por derecho” le pertenece a Nicaragua.

En declaraciones al portal oficial El 19 Digital, Argüello anotó que esta es una decisión que “tomará el presidente (Daniel Ortega), de ver si se va a reclamar, en qué momento se va a hacer ese reclamo”, pero insistió en que “efectivamente es un derecho que tiene Nicaragua”.

Managua presentó en 2009 una reclamación ante la Comisión de los Fondos Marinos de las Naciones Unidas sobre su plataforma continental extendida en el Caribe, y estaría esperando el estudio técnico respectivo para definir la demanda.

Una carrera contra el tiempo, pues, se ha iniciado. Bogotá se apresta a bloquear la posibilidad de una demanda y Managua acelera la presentación de la misma . Y en esa carrera, el debate sobre la soberanía vs. el cumplimiento de los tratados apenas comienza.