Bolivia aprueba el trabajo infantil

Un nuevo código para proteger a los niños fue aprobado por el senado boliviano.

Nueve millones de niños trabajan en América Latina. / EFE

Nueve millones de niños trabajan en América Latina. La situación más grave la vive Brasil, seguido por Perú, México y Colombia, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo. Una situación, calificada como “grave” por estudios internacionales.

Sin embargo, hay países, como Bolivia que no prohíben el trabajo infantil. En varias oportunidades el presidente Evo Morales se ha mostrado contrario a no permitir que los niños y adolescentes trabajen, pues según dice, supone “negarles una conciencia social”. El mandatario ha puesto como ejemplo a sus hijos, a quienes manda a realizar pastoreo con llamas en su pueblo natal para que conozcan “dónde y cómo vivió su padre”.

Quizás con ese visto bueno fue que el senado boliviano acaba de aprobar el trabajo infantil “por cuenta propia” a partir de los 10 años. En el nuevo código para proteger a niños, niñas y adolescentes se incluyó una norma que permite el trabajo infantil a partir de los diez años, pero por cuenta propia. Es decir, que el niño no tiene un empleador y solo trabajará por decisión propia.

La norma fue analizada en detalle por los senadores durante esta jornada y, tras su revisión y aprobación, fue devuelta a la Cámara de Diputados para una nueva revisión en esa instancia por algunos cambios introducidos, dijo a Efe el senador Luis Pedraza, de la fuerza opositora Convergencia Nacional.

Según Pedraza, el trabajo infantil fue uno de los aspectos modificados en el texto, a solicitud de niños y adolescentes trabajadores que protestaron porque el proyecto aprobado en la Cámara baja estableció como edad mínima para trabajar los 14 años.
Estos menores realizaron marchas de protesta a fines de 2013, cuando la norma fue aprobada en la Cámara de Diputados, para exigir a los parlamentarios que se respete su "derecho al trabajo” al alegar que es su forma de subsistencia y que deben ayudar a sus padres porque viven en condiciones de pobreza.

Tras meses de análisis y debate, el Senado finalmente decidió autorizar el trabajo. El senador Pedraza agregó que se permite el trabajo infantil a partir de los 14 años cuando exista una relación de dependencia con un empleador y que, en esa situación, los menores trabajadores deben percibir el mismo salario y gozar de los mismos beneficios sociales que un adulto.
El documento también establece que los empleadores deberán otorgar dos horas diarias con remuneración a los menores trabajadores para que estudien. Pedraza indicó que, independientemente de su edad, los niños y adolescentes trabajadores requerirán una autorización especial que será otorgada por “una entidad que será creada para el efecto y dependerá del Ministerio de Trabajo”.

Según cifras difundidas entonces por la Defensoría del Pueblo, en ese país hay 850.000 niños y adolescentes trabajadores, de los que el 87 % desempeña oficios considerados peligrosos y un 77 % no es remunerado porque trabaja ayudando a su familia. De acuerdo con otro estudio del Instituto Nacional de Estadística, sólo el 2,5 % de los niños que trabajan lo hace porque viven en condiciones de pobreza.

En la sesión en la que el Senado aprobó el código del menor estuvieron presentes delegados de la Unión Nacional de Niñas y Niños trabajadores, para verificar que sus sugerencias sean incluidas en el nuevo código de protección a los menores. La nueva norma también disminuye de 16 a 14 años la edad para la imputabilidad penal, un aspecto que fue cuestionado por el senador Pedraza y también por la Defensoría del Pueblo.

Adolfo Mendoza, presidente de la comisión de Constitución y Derechos Humanos de Bolivia explicó que el proyecto sufrió más de 50 modificaciones antes de ser aprobado. Por su parte, Gabriela Montaño, senadora del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo que la idea del proyecto es “erradicar las causas del trabajo infantil, pero no pretende su eliminación”. En el caso del trabajo estamos tratando de equilibrar, es decir, de proteger a los niños trabajadores”, insistió.

Pedraza dijo que en otros países se ha visto que “no por endurecer las penas ni por bajar la edad de imputación han bajado los índices de delincuencia”, por lo que opinó que se requerirá de medidas adicionales para “no criminalizar a niños cada vez menores”. Entretanto, la Defensoría expresó en un comunicado su “gran preocupación” al respecto porque esta decisión muestra “un retroceso incomprensible y muy grave en relación a los derechos humanos en el mundo” y que se estaría privilegiando “la sanción antes que la prevención”.

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