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Después de una sesión que duró 22 horas, el Senado brasileño aprobó la admisibilidad del proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Con 55 votos a favor y 22 en contra se terminó la era del Partido de los Trabajadores en Brasil. En 2010, el presidente Lula dejó el poder con un índice de popularidad de 85 %, el más alto alcanzado por un presidente en el mismo período. El 12 de mayo de 2015, su sucesora, Dilma Rousseff, investigada por crimen de responsabilidad, fue alejada del poder por 180 días y sustituida por el vicepresidente, Michel Temer.
Durante casi dos años se reiteró desde las más distintas formas y medios que el gran problema de Brasil era el Partido de los Trabajadores de Lula y que extirpar el mal en Brasil era defender la democracia y emprender una cruzada histórica contra la corrupción y la cooptación de las instancias del Estado.
En esta cruzada legislativa y judicial se unieron en un pacto nacional para “salvar el país”, con un discurso convincente de independencia de poderes y que la ley está arriba de cualquier cargo o dirigente. Durante este tiempo era casi imposible separar la crisis económica y política y la operación Lava Jato. Los hechos superaban la capacidad de cualquier brasileño de acompañar y entender la realidad del país.
En este contexto, los brasileños y el mundo asistieron a una sesión caricaturesca en la Cámara de Diputados de Brasil, al mejor estilo de una democracia tropical. Sus votos en favor del seguimiento del proceso en contra de la presidenta fueron concedidos en un clima de partido de fútbol en nombre de Dios y de la familia, lo que denotaba el más alto conservadurismo de la Cámara de Diputados desde el inicio del proceso de redemocratización en 1985 y, en últimas, la precaria formación de los representantes elegidos por el pueblo.
Sin palabras, el país vio a Eduardo Cunha, sujeto a varios procesos por corrupción en la Corte Suprema, dirigir una de las sesiones más importantes del legislativo brasileño, blindado por sus aliados y partidarios. El Gobierno sufrió una derrota histórica en la Cámara, por medio de la cual se evidenció la trama de los políticos y la corrupción endémica del país.
A partir de ahí, el Partido de los Trabajadores, que tampoco se libró de los vicios más horribles de los partidos tradicionales y de la corrupción sistémica, empezó tardíamente a ver que su salida de la Presidencia del país era real y que tenían los días contados. En el sentido más utilitario de la política, posteriormente a la aprobación de la admisibilidad del juicio en la Cámara de Diputados, finalmente, Eduardo Cunha fue alejado de sus funciones y sustituido por el diputado Waldir Maranhao en la Cámara, aquél que en ejercicio de sus funciones pretendió anular la admisibilidad del impedimento de la presidenta por considerar que en el proceso existieron fallas de procedimiento, lo que provocaría por algunas horas más caos en el país.
De esa forma se llegó a los capítulos finales del más grave momento político de Brasil después de 1964. Jurídicamente, la presidenta Dilma fue suspendida por 180 días, pero se sabe que jamás volverá a la Presidencia de Brasil. El presidente interino, Michel Temer, y su equipo trabajarán juiciosos y determinados para demostrar resultados y disminuir el impacto de su baja popularidad, aproximadamente 8 %, comparado a los niveles más bajos del gobierno de Rousseff. Una de sus primeras actitudes fue la fusión de ministerios, lo que le permitió reducir de inmediato la máquina administrativa; redujo diez ministerios y probablemente suspenda 4.000 funcionarios públicos, estrategia puesta en marcha por el expresidente Collor de Mello cuando asumió el Gobierno y propuso la lucha en contra de los privilegios y la corrupción en un nuevo Brasil. Dos años después fue delatado por su hermano, Pedro Collor, por ser el jefe de un esquema de corrupción. Su lucha no prosperó, pero su campaña financiada por los grandes empresarios del país y apoyada por los grandes conglomerados impidió la llegada de Lula al poder en los años 90.
En 2016, el Partido de los Trabajadores, por errores históricos, aprovechados por los dueños del país, les devuelve el Gobierno a quienes siempre lo tuvieron e hicieron con él lo que siempre quisieron. Pasarán décadas para que el pueblo brasileño entienda y sienta en la piel el resultado de la consigna que clamó en las calles: “Devuelvan nuestro país”.