Buscando el peso de la ley

La demanda interpuesta por el republicano Rand Paul se suma a otras acciones legales en contra de la recolección masiva de datos de la agencia. La controversia legal podría, eventualmente, ser resuelta por la Corte Suprema de EE.UU.

El senador Rand Paul durante la presentación de la demanda. / AFP

El senador republicano Rand Paul, una de las figuras del Tea Party (facción de ultraderecha de ese partido), presentó esta semana una demanda en contra de Barack Obama, presidente de Estados Unidos, cuyo último fin es lograr que la justicia declare ilegal el programa masivo de recolección de datos telefónicos empleado por la Agencia Nacional de Seguridad de ese país (NSA, por sus siglas en inglés).

Además de Obama, la demanda del senador también va contra las cabezas de la NSA, el FBI y el director nacional de inteligencia: el general Keith Alexander, James Comey y James Clapper, respectivamente.

La demanda instaurada por el legislador del Tea Party se suma a las que ya cursan ante la justicia estadounidense para desafiar la legalidad de un programa adelantado en absoluto secreto, al menos hasta que salieron al público los documentos proveídos por Edward Snowden, extécnico de la CIA, a una variedad de medios de comunicación, principalmente al diario británico The Guardian.

Las acciones de la NSA, en pocas palabras, incluyen la recolección masiva de datos asociados al tráfico de llamadas, información que se conoce usualmente como metadatos (duración y fecha de una conversación, números de teléfono utilizados, por ejemplo), pero no el contenido de la comunicación como tal.

En palabras simples, parte de la defensa de la agencia se fundamenta en la posibilidad que estos metadatos ofrecen de establecer conexiones entre terroristas y otras personas que, secretamente, puedan estar ayudándolos: la información ayuda a descubrir los vínculos de una organización, en últimas.

En diciembre del año pasado, apenas con 11 días de diferencia, dos jueces federales de Estados Unidos emitieron fallos encontrados acerca de la legalidad de las acciones de la NSA. Estos fueron los primeros veredictos públicos sobre el tema, pues todas las decisiones jurídicas anteriores fueron producidas por una corte secreta (FISC, o Foreign Intelligence Surveillance Court), que, de acuerdo con el Departamento de Justicia, se ha pronunciado en 35 oportunidades (con decisiones de 15 jueces) para avalar la recolección de metadatos hecha por la agencia.

La primera decisión salió del despacho del juez Richard J. Leon, del distrito federal de Columbia (diciembre 16), quien aclaró que lo hecho por la NSA probablemente violaba la Constitución en temas como el derecho a la privacidad. El legislador republicano que esta semana demandó a Obama presentó su acción legal ante esta misma corte.

En su momento, Leon aseguró que tenía serias dudas acerca de la eficacia del programa y llegó a calificarlo como “orwelliano”, además de cuestionar al Gobierno por no indicar “en una sola instancia qué análisis de la NSA, adelantado con datos recolectados bajo esta práctica, había detenido un ataque inminente”. El Departamento de Justicia se encuentra apelando esta decisión.

El 27 de diciembre, el juez federal William H. Pauley III, de Nueva York, aseguró que las acciones de la NSA son legales e incluso apoyó la tesis de algunos altos cargos del Gobierno acerca de la posibilidad de haber detenido a los secuestradores del 11 de septiembre si la recolección masiva de metadatos de la agencia hubiera estado en marcha en ese momento.

La demanda ante el juez de Nueva York fue interpuesta por la American Civil Liberties Union (ACLU), que ya tramita un recurso de apelación.

Buena parte del problema legal del programa de la NSA radica en considerar los metadatos como información que no está cobijada por la cuarta enmienda de la Constitución estadounidense. Esta visión legal quedó establecida en una sentencia de la Corte Suprema en 1979, sobre la cual hoy se apoya el Gobierno para defender la legalidad de las acciones de la agencia en este caso.

Sin embargo, en una parte de su fallo, el juez Leon dejó entrever que la tecnología ha cambiado mucho desde 1979 como para seguir sosteniendo la misma visión técnica en un área que se ha transformado drásticamente en 35 años.

La demanda introducida por el senador Rand Paul podría, eventualmente, forzar la intervención de la Corte Suprema de Justicia para sentar un precedente en el caso de la NSA. Dicha decisión, curiosamente, podría reinterpretar la visión de la misma corte al examinar la validez del argumento del juez Leon sobre el caso de 1979.

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