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Los dos gobiernos de Álvaro Uribe dejaron muy deterioradas las relaciones de Colombia con Venezuela y Ecuador; el país quedó aislado en la región y con una política exterior funcional a EE.UU., especialmente en materia de seguridad y economía.
La primera visita oficial al extranjero de Juan Manuel Santos como presidente fue a Brasilia, la capital de la potencia suramericana. Era una señal de que Colombia volvía a mirar a la región. Durante el primer año de su gobierno, el jefe de Estado desideologizó y normalizó las relaciones con Rafael Correa y Hugo Chávez. Se habló entonces de un viraje en la política exterior: una aproximación más pragmática hacia los vecinos y una ampliación de los temas bilaterales más allá de la seguridad.
Con venezolanos y ecuatorianos se crearon mecanismos de cooperación en seguridad y comercio y se realizaron mesas binacionales para temas específicos. Hoy, a pesar de las diferencias políticas con esos gobiernos, se mantiene con ellos la calma. En el caso de Venezuela, el acercamiento fue clave para el inicio del proceso de paz con las Farc en La Habana. El camino de resolución del conflicto ha sido una bandera de la política exterior colombiana.
En el caso de Ecuador, el acercamiento sirvió para que se evitara la demanda interpuesta por ese país contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en 2008, por los efectos que las aspersiones colombianas con glifosato habrían causado en cultivos y poblaciones ecuatorianas, y en su lugar se llegara a un acuerdo por el que el Estado colombiano pagó una indemnización de US$15 millones. También se solucionó mediante un acuerdo extrajudicial el caso de Franklin Aisalla, un ecuatoriano que falleció en una operación del Ejército colombiano contra una base de las Farc en la zona amazónica de Angostura, por lo cual Ecuador había demandado a Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Santos conservó los lazos con EE.UU.: durante su gobierno entró en vigencia el TLC con ese país y se amplió la agenda bilateral, sin perder de vista la seguridad y los DD.HH. Sin embargo, diversificó las relaciones económicas y políticas con otras naciones de América, Europa y Asia. En los últimos años se han puesto en marcha otros TLC y acercamientos comerciales con Canadá, Corea del Sur, Israel, Panamá, Costa Rica, Japón y la Unión Europea, entre otros. Mostrar a Colombia en el exterior como un país que sale del conflicto sirve para atraer socios e inversión extranjera. No obstante, también genera rechazo y protestas en un sector de la sociedad colombiana que alega ser víctima de la injusticia económica y de la violencia en un país que a veces se pinta como si estuviera en una etapa de posconflicto, cuando en realidad el conflicto armado no ha llegado a su fin.
La Alianza del Pacífico, establecida en 2011 y conformada por México, Chile, Perú y Colombia, es uno de los más un ambiciosos proyectos de integración en Latinoamérica. A diferencia de otros organismos regionales, éste se ha enfocado en concretar medidas de integración antes de hacer grandes cumbres políticas con pocos acuerdos efectivos. Ha dado pasos hacia la constitución de un “área de integración profunda” en la que sea posible la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. La Alianza demuestra que existe cooperación regional al margen de la supremacía de la izquierda, y reactiva un asunto pendiente que era la proyección hacia el Pacífico, suspendida durante los ocho años de Uribe.
De la mano con la apertura a nuevos socios extranjeros se mejoraron los lazos políticos. La exención de visas Schengen para colombianos es un proceso en marcha y con altas probabilidades de concretarse. Otros nueve países eximieron de visas a los colombianos durante este gobierno. Entre otros hechos destacados por la Cancillería, en un informe entregado a este diario, se encuentra que el año pasado Colombia fue invitada a iniciar su proceso de acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un club de países ricos en el que los únicos latinoamericanos son Chile y México. Esto le dio al país una inserción internacional que no tenía, aunque sus niveles de pobreza y desigualdad siguen siendo demasiado altos para los estándares de esta organización. También está que Colombia propuso los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Cumbre de Río+20, que se convirtieron en el eje de concertación de la Agenda Pos-2015 que reemplazará a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Estas aperturas evidenciaron, en palabras del presidente, la aspiración de Colombia a asumir “un papel relevante en los espacios globales” y alcanzar liderazgo internacional. No obstante, es imposible decir que todas sus intenciones fueron realistas y exitosas. De hecho, muchas fueron criticadas por la poca probabilidad que tenían de concretarse, como la propuesta de mediar en el conflicto palestino-israelí y su gestión en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Colombia fue miembro no permanente del Consejo de Seguridad entre 2011 y 2012. En esa instancia, según el internacionalista Mauricio Jaramillo Jassir, el Estado desaprovechó la oportunidad para impulsar el debate global sobre otros mecanismos de lucha contra el narcotráfico. “Eso fue un grueso error, teniendo en cuenta la importancia del tema en el posconflicto y a la luz de lo recientemente acordado con la guerrilla de las Farc. Fue un error de cálculo y que puso en evidencia la poca conexión entre la política interna y la exterior”.
Además, contra el consenso suramericano favorable al reconocimiento de Palestina como Estado no miembro de la ONU, Colombia se abstuvo de votar. “Haber contradicho la tradición diplomática de solidaridad con Palestina fue otro error. Demostró que Colombia no estaba preparada para meterse en grandes temas de política global, una aspiración de este gobierno y que se había manifestado, por ejemplo, en la propuesta de mediación entre Israel y Palestina”.
La reacción del Estado ante el fallo emitido el 19 de noviembre de 2012 por la CIJ, que delimitó la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua, generó cuestionamientos sobre la actitud del país frente al derecho internacional, al que tradicionalmente ha estado apegado. “La ambigüedad absurda frente al fallo es otro punto débil. El Gobierno tenía el deber de hacer pedagogía y explicar la sentencia, pero se dedicó a denigrar a la CIJ y a seguir deformando la imagen de algunos vecinos. Se creó además la sensación de que el derecho interno está por encima de las obligaciones internacionales, una impresentable tesis que el Gobierno terminó acogiendo y que seguramente le creará problemas a Colombia. Allí también tuvo responsabilidad el Congreso, que mostró una vez más la limitada capacidad para interpretar sucesos internacionales”, dice Jaramillo Jassir.
La canciller, María Ángela Holguín, dijo que la conmoción generada por esa sentencia “opacó una gran labor de política exterior que había cambiado sustancialmente la imagen de Colombia en los últimos tres años”, pero agregó que la historia reconocerá que el papel del Gobierno ha sido “firme, responsable y con visión a largo plazo”.
La no implementación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH al alcalde Gustavo Petro ha despertado un debate jurídico inédito en el país. Mientras algunos, como Jaramillo Jassir, consideran que el no seguimiento de las cautelares no fue un error ni una decisión de política exterior sino de política interna, otros piensan que deja a Colombia mal parada ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y menoscaba la capacidad de la CIDH para proteger los derechos políticos de las personas, no sólo en Colombia sino en las Américas.
dsalgar@elespectador.com
@DanielSalgar1