Centro de Rehabilitación Palmasola, la ciudadela de los presos

Más de 5.000 reclusos, algunos con sus familias, viven en esta prisión, la tercera más violenta de América Latina, fundada en 1989 y que refleja el hacinamiento carcelario de Bolivia. El 80% no han sido condenados.

Esta es entrada principal de la cárcel de Palmasola, que visitará el papa Francisco durante su paso por Bolivia. / AFP

Las reglas para la entrada al Centro de Rehabilitación Palmasola (Santa Cruz, Bolivia), desglosadas letra a letra con pintura precaria en un costado del portal principal, establecen con la firmeza de un decálogo sagrado que no se permite a los visitantes el ingreso de teléfonos celulares, bebidas alcohólicas, artefactos, armas (sean cuchillos, sean activos de pólvora) o cualquier objeto que afecte la salud de los internos y sus familias.

Del otro lado, en letras mayúsculas y negras, las autoridades advierten que todo visitante debe presentar su documento de identidad y que nadie –nadie– debe pagar nada por ningún concepto.

La realidad, sin embargo, suele ser una opositora obstinada de las reglas. Palmasola, la cárcel, la ciudadela energúmena, la favela ruin construida en 1989 en las afueras de Santa Cruz para distanciar a los presos de la pulpa urbana, es un centro de tolerancia abundante: se sabe bien que los presos tienen armas y que en una ocasión una monja entró con un televisor en cuyo interior había una pistola y estuvo a punto de ser encarcelada en el acto. Se sabe que para tener un colchón hay que pagar –por concepto de comodidad– US$100. Se sabe, con detalle, que en agosto de 2013 los presos del bloque B abrieron un boquete en el muro que los separaba de sus iguales del bloque A y que en la rebatiña de ánimo lóbrego explotaron tanques de propano y unos a otros se atacaron con cuchillos de hoja breve, machetes y palos. Murieron 36. Murió un niño de 18 meses, hijo de un preso. Los cuerpos quedaron calcinados; otros 37 presos tenían la piel a medio florecer.

A esa cárcel irá mañana el papa Francisco.

El papa ha visitado cárceles en Argentina y en Italia. En abril lavó los pies de 12 presos en Roma; cada tanto llama a una cárcel de Buenos Aires para hablar con algunos. El acto –que se ha convertido en costumbre– tiene origen en el lavatorio que Jesús ejecutaba con sus discípulos y que suponía una muestra de humildad y servidumbre. En medio, el papa Francisco ha encontrado el modo de predicar, como suele, de manera política: ha dicho que los presos tienen los mismos derechos que el resto de la humanidad y que sus condiciones, por lo general indigentes, deben mejorar.

Palmasola es un laboratorio de violencia exponencial que resulta adecuado para su discurso; la cárcel alberga cerca de 5.300 reclusos y a algunas de sus familias –los presos tienen derecho a, al menos, convivir con un familiar en la cárcel–. Palmasola no es propiamente una cárcel: parece más bien una ciudad independiente. Un municipio más. Tiene reglas dictadas por los más antiguos, figuras de autoridad –un regente, un subregente, elegidos por los presos–, una red de distribución de alimentos –y armas–, un singular sistema de justicia –el castigo es la permanencia en una celda de un metro cuadrado– y una reducida relación con la Policía, que sólo cuida los bordes de la cárcel y rara vez se zambulle entre los pasillos estrechos de sus cuatros bloques.

En 2004 eran 2.300 presos: once años después el total se dobló. Dicen que los presos duermen en los pasillos y en los baños, y que el derecho a una celda es proporcional a la robustez de las arcas personales. Palmasola es uno de los 16 grandes centros de reclusión de Bolivia, y separados en bloques están los violadores, asesinos, narcotraficantes, mulas, expolicías y criminales de poca monta. El hacinamiento en Palmasola se debe, en buena parte, al 80% de detenciones preventivas; dicho de otro modo, más de 4.000 presos tienen condenas pendientes –no se ha probado su culpabilidad–, cuyo proceso ha acelerado la visita del papa. El Ministerio Público aumentó hace unas semanas el número de jueces para que, cuando llegue el papa, haya por lo menos lugar para una bendición pública. Para 2013, por ejemplo, 754 jueces tenían que encargarse de 591.000 causas. En un artículo de ese entonces en El País de España, el fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, admitió que la política judicial carecía de efectividad. En Bolivia, de los más de 14.000 presos que existen, sólo un número cercano a los 3.000 tiene condenas.

El español Julio Picazo estuvo preso un año en Palmasola, acusado por robo y extorsión. El sevillano Javier Villanueva estuvo cinco años en la cárcel –por asesinato, sin juicio– y solía permanecer en su celda porque le habían dicho, sin mucho reparo, que no duraría mucho allí dentro. Ambos, con palabras distintas, describieron el modo de vida en Palmasola como una predisposición absoluta al vil trueque: todo, o casi todo, podía comprarse. Villanueva, cuando su pena se modificó a prisión domiciliaria en 2006, tuvo que rentar un piso y pagarle a los guardianes para que lo vigilaran. La paradoja se repite cíclica en el caso de Picazo, que compraba la comida a los jefes de la prisión –los más respetados entre los criminales– porque la alimentación de la prisión era pírrica, infecciosa, fétida, y dormía donde encontraba un espacio disponible. Ambos, con palabras distintas, alegaron que el método esencial era la tortura.